A Bruselas se le pone cara de póquer con España tras el 4-M

Entre las condiciones óptimas que se le suponen a un buen jugador de póquer están la templanza, un elevado nivel de concentración durante la partida, la experiencia y, por supuesto, la astucia y el coraje. No está claro si la Comisión Europea reúne estas virtudes, total o parcialmente, pero lo que está claro es que las necesitará en los próximos dos meses, que es el tiempo que tiene para analizar el plan de recuperación español.

Templanza, para fiscalizar la capacidad de actuación de un Gobierno en minoría que ve cómo sus principales socios parlamentarios (Unidas Podemos y ERC, que no consigue formar Gobierno en Cataluña y puede estar abocado a unas nuevas elecciones) corren como pollos sin cabeza; concentración, para analizar con rigor la documentación que ha entregado ya España para acceder a los fondos europeos, y que ya ha sido revisada por el propio Gobierno antes, incluso, del acuse de recibo; experiencia, porque con solo ver los que ha pasado en anteriores negociaciones y el alto nivel de incumplimiento de las recomendaciones, tendrá que volver a escuchar la misma cantinela de antaño, y astucia y coraje, porque si Bruselas no pone pie en pared cuando vea que no llegan las reformas, algunos parlamentos nacionales, los del norte, pueden ver que peligra su inversión en España (tanto las transferencias como los préstamos no son más que eso).

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Esta es, probablemente, la consecuencia más evidente de las elecciones madrileñas, que introducen un factor de inestabilidad política de indudable importancia. Justo en unos momentos en que Europa va a mirar con lupa si salen adelante las reformas prometidas. En particular, las que considera más relevantes, la laboral (para que no haya una contrarreforma), la fiscal y la de pensiones. En este último caso, porque la Seguridad Social está detrás de buena parte del déficit estructural que genera la economía, que es el que preocupa a Bruselas, no el nominal.

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Es por eso por lo que el terremoto electoral en Madrid, aunque ahora Sánchez quiera meter sordina y vaya a destacar que solo son unos comicios regionales, como ya hizo ayer la vicepresidenta Carmen Calvo, llega en el peor momento.

Darse por aludidos

Hay al menos dos escenarios posibles desde el punto de vista de la gobernabilidad del país. El primero, el que más convendría a Sánchez, es que todo siguiera igual —pese al batacazo electoral— y sus socios parlamentarios no se dieran por aludidos por los resultados en Madrid.

Esta hipótesis es improbable en el caso de ERC, que puede tener la tentación de endurecer su discurso independentista para no verse superado de nuevo por JxCAT ante unas hipotéticas nuevas elecciones, y todavía más improbable en el caso de Unidas Podemos, que ve cómo su proyecto político hace agua. Incluso si no hay nuevas elecciones en Cataluña, las mejores expectativas electorales del PP meten un nuevo factor de tensión en la ecuación política.

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Aunque Yolanda Díaz es más pactista y menos belicosa en el terreno de la propaganda política que Iglesias, y desde luego no tiene ninguna intención de romper el Gobierno, hay razones para pensar que dentro de Podemos, por un lado, y de Izquierda Unida, por otro, se van a producir movimientos internos para que se pueda visualizar mejor su papel en el Gobierno socialista. Algunos dirigentes como Gloria Elizo, de hecho, ya han mantenido en público que hubiera sido igual de eficaz apoyar a Sánchez desde fuera del Ejecutivo sin arrastrar el coste político que conlleva la acción de gobernar.

El segundo escenario sería el peor para España, ya que supondría bloquear las reformas en el Parlamento. A veces se olvida que aunque Bruselas tiene mucho que decir, al fin y al cabo es quien canaliza las ayudas, es el Congreso quien debe aprobarlas, y hoy por hoy el PSOE tiene muchas dificultades para conformar una mayoría suficiente. Un Partido Popular crecido, como está ahora tras el 4-M, no le va a dar ni agua. Y Ciudadanos seguirá siendo irrelevante. Entre otras cosas, porque cualquier acercamiento al PSOE levantaría ronchas en su frágil dirección y sería lo mismo que clavar los clavos en el ataúd del partido, mientras que, en paralelo, UP nunca aceptará sustituir ERC por Cs, en caso de que pudiera sumar una mayoría. Gobernar por decreto ha podido servir en tiempo de pandemia, pero no ahora cuando se trata de los asuntos más trascendentes de la legislatura.

A rebufo de Ayuso

Entre otros motivos, porque el Gobierno debe presentar en los próximos meses los Presupuestos del Estado de 2022, que ya deben incorporar la parte mollar de los fondos europeos, y no está claro que los pueda sacar adelante en un clima preelectoral permanente como el que se ha instalado en la política española, con las elecciones andaluzas en la recámara de Juanma Moreno y de Pablo Casado, que querrá aprovechar el rebufo que le ha ofrecido Ayuso.

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Esto explica que la Comisión Europea vaya a tener que armarse de paciencia y de templanza con España, que es ‘too big to fail’ (demasiado grande para caer), como en otra época sucedía con la Italia de antes de Draghi. Al fin y al cabo, como dijo la presidenta Von der Leyen al comienzo de su mandato, la Comisión es política. Y así se gestionará el plan español. Con criterios más políticos que técnicos.

Entre otras cosas, porque el paquete de los 750.000 millones aprobado en julio del año pasado incorpora la creación de impuestos para financiar el nuevo gasto, y esa es una batalla que España puede dar en forma de bloqueo temporal si ve que Bruselas (que tendrá su primer presupuesto propio y gestionará su propio dinero) se pone muy exigente. Los nuevos tributos, como se sabe, se aplicarán sobre las emisiones de carbono en frontera, un impuesto digital y un nuevo régimen de derechos de emisión de la UE, además de un nuevo tributo sobre residuos de plástico no reciclado. Habrá, por lo tanto, toma y daca, como corresponde a una buena partida de póquer.