Sánchez para la economía para combatir el virus y deja contra las cuerdas a las empresas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pidió el sábado un "esfuerzo de solidaridad" a las empresas para superar la crisis económica generada por el coronavirus. El objetivo del Ejecutivo es que no se destruya más empleo en las semanas que queden de estado de alarma para que la recuperación económica pueda ser más vigorosa cuando se levanten las medidas de confinamiento. Lo que las empresas no sabían al inicio de esta crisis es que este "esfuerzo de solidaridad" será muy exigente para ellas.

Durante este periodo de parálisis económica y de gran incertidumbre, las empresas tendrán que seguir pagando los impuestos y las cotizaciones a la Seguridad Social, los alquileres y el resto de costes fijos, además abonar permisos retribuidos a sus trabajadores y todo ello sin poder realizar despidos. Eso sí, las empresas podrán solicitar avales al ICO para poder endeudarse y así seguir cumpliendo con sus obligaciones.

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En la última semana, el Ejecutivo ha aprobado diferentes medidas que han generado un gran malestar entre las empresas, pymes y autónomos. Y no solo porque supongan un importante coste para el tejido productivo, también porque son medidas que ni siquiera se han consultado a la patronal. "Aunque aparentemente parezca que estas medidas preservarán el empleo, lo que van a hacer es todo lo contrario, porque muchas pequeñas y medianas empresas se van a ver abocadas a cerrar", lamenta Íñigo Fernández de Mesa, vicepresidente de la CEOE. "Esto va a provocar un aumento del paro y una recesión más profunda y duradera", advierte.

"Aunque parezca que estas medidas preservarán el empleo, van a hacer todo lo contrario, porque muchas pymes se verán abocadas a cerrar"

El último paquete de medidas lo anunció el presidente del Gobierno el sábado hacia las 19:00 horas. Después de reclamar solidaridad a sus socios europeos para que ofrezcan ayuda sanitaria y económica a España, anunció un permiso retribuido obligatorio de dos semanas para todos los asalariados de actividades no esenciales que no puedan hacer teletrabajo. Esto es, todas las empresas que requieren la presencia de los empleados y que habían trabajado con normalidad hasta ahora, no podrán contar con ellos a partir del lunes día 30 de marzo. Todos los trabajadores se tendrán que quedar en sus casas como si fuera un día festivo.

Estas empresas tendrán que dar a sus trabajadores un permiso retribuido, esto es, seguirán pagando el salario aunque no acudan a su puesto. Sirvan como ejemplo otros permisos retribuidos que recoge la legislación laboral, como el de matrimonio (15 días), de mudanza (1 día) o de enfermedad de un familiar (2 días). Las empresas pagarán el salario ahora y, en el futuro, los trabajadores tendrán que recuperar las horas perdidas.

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El Gobierno no concretará cómo será la recuperación del tiempo de trabajo perdido y recomienda que se negocie en el diálogo social. Sin embargo, para las empresas con turnos determinados en los que unos trabajadores suplen a otros, o empresas con un horario de apertura, la recuperación de estas horas generará importantes problemas. Lo que sí está claro es que este permiso retribuido no consumirá vacaciones.

En un comunicado publicado ayer por la noche por CEOE y por Cepyme -respaldado también públicamente por organizaciones de autónomos como ATA-, las organizaciones empresariales advertían de que la medida anunciada por Sánchez generará "un enorme impacto sin precedentes en la economía española", especialmente en sectores como el industrial, que podría llevar una crisis "social". Sin discutir "las últimas medidas sanitarias", la nota advierte de "una destrucción masiva de tejido empresarial y del empleo de manera definitiva" si estas no van acompañadas de medidas de apoyo a las empresas.

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Estas empresas no podrán acogerse a un ERTE de fuerza mayor, porque no están obligadas a cerrar por el decreto del estado de alarma, lo que significa que tendrán que adelantar este pago de las retribuciones y, en el futuro, recuperarán las jornadas perdidas. La alternativa será un ERTE por causas económicas, pero su tramitación es mucho más larga, porque requiere la negociación ordinaria con los representantes de los trabajadores. Cualquier empresa agotará las dos semanas de permiso retribuido antes de poder cerrar dicho expediente.

A pagar los impuestos

Esta semana termina el primer trimestre del año y las empresas tienen una cita con Hacienda y la Seguridad Social. El Gobierno ha rechazado conceder una moratoria de impuestos como reclamaban empresas, autónomos y asociaciones de asesores fiscales. Y no solo por un problema de liquidez, también por la complicación de realizar todos los trámites con las medidas de confinamiento adoptadas.

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Sin embargo, el Gobierno ha rechazado esta opción y se limita a los aplazamientos que aprobó al inicio de la crisis: 30.000 euros a pymes y autónomos por un periodo máximo de 6 meses. Aunque la Agencia Tributaria anunció en un primer momento que Hacienda preparaba un cambio normativo para aplazar la presentación de declaraciones y autoliquidaciones, finalmente decretó que todos los procedimientos tributarios siguen en vigor. En las próximas semanas tendrán que abonar las retenciones del IRPF a sus trabajadores, el IVA cobrado, el impuesto sobre sociedades y las cotizaciones sociales de marzo.

El Gobierno también aprobó el viernes una restricción de los despidos para evitar que las empresas hagan ajustes de plantilla en las próximas semanas. O, al menos, para frenarlo. En concreto, el Ministerio de Trabajo ha suprimido temporalmente como causas de despido objetivo las de fuerza mayor y las económicas, técnicas, organizativas y de producción relacionadas con el coronavirus.

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De esta forma, las empresas que necesiten ajustar su plantilla ante la crisis económica actual, tendrán que optar por la vía del despido improcedente. Esta opción es más cara, de 20 días por año trabajado, asciende a 33 días. Además, introduce una elevada inseguridad jurídica, ya que el afectado puede recurrir el despido ante los tribunales.

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Con esta medida, el Ejecutivo pretende frenar la avalancha de despidos que se han producido en las últimas semanas. Su intención es canalizar todos los ajustes de plantilla hacia los ERTE. El problema para muchas empresas es que este expediente obliga a mantener el empleo durante seis meses, lo que limita mucho la flexibilidad futura a las empresas cuando se termine el estado de alarma. En esas semanas, aunque se recupere la normalidad en la movilidad, nadie garantiza que la economía vaya a volver al nivel inicial como para mantener el mismo número de empleados.

Las empresas podrán solicitar financiación a la banca para costear todos estos gastos. El Gobierno habilitó avales del ICO para que todas las empresas, incluyendo las pymes, puedan solicitar préstamos a las entidades financieras y así no se queden sin liquidez. En el futuro tendrán que devolver esos créditos, pero así podrán seguir pagando todas las facturas que no pueden esquivar ahora.