No hay aplazamientos por el coronavirus

La rigidez de Hacienda aboca a autónomos y pymes a pedir créditos para pagar impuestos

El Gobierno rechaza conceder una moratoria general y no responde a las cartas que envían los afectados. Advierten de que muchos no llegarán a tiempo por problemas económicos o logísticos

Foto:  La ministra de Hacienda, María Jesús Montero. (EFE)
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero. (EFE)
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Empresas y autónomos tienen que empezar a preparar ya sus declaraciones mensuales y trimestrales de marzo. El Gobierno ha cerrado la puerta a aprobar una moratoria de impuestos generalizada que retrase hasta el verano el pago de impuestos como consecuencia de la crisis del coronavirus. El Ministerio de Hacienda considera que las medidas adoptadas son suficientes y no se plantea aprobar una gran prórroga tributaria. Una decisión que ha generado una gran indignación en el tejido productivo, en especial en los sectores más vulnerables: pymes y autónomos.

“Lo que quieren es que vayamos a pedir crédito a los bancos con las líneas de avales activadas y que con ese dinero paguemos los impuestos”, denuncia Lorenzo Amor, presidente de ATA. En su opinión, quien tiene más músculo financiero para endeudarse no son los autónomos ni las pymes, sino el Estado, por lo que pide una moratoria de tres meses en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. “Esto no genera déficit, porque lo vamos a pagar, solo pedimos que se retrasen los trámites”, lamenta. Además de los gastos tributarios, el tejido productivo tiene que soportar otros costes fijos como alquileres, intereses, salarios, etc., y todo ello sin generar ingresos. De ahí que no dispongan de liquidez para asumir todos los frentes y se vean abocados a pedir créditos utilizando la línea de garantías aprobada por el Ministerio de Economía.

Los autónomos y las pymes confiaban en que el Gobierno reconociese la dificultad para realizar la declaración y el abono de los impuestos, no solo por motivos económicos, también logísticos. Realizar la declaración del IVA, el IRPF o el impuesto sobre sociedades del primer trimestre del año requiere recopilar toda la información de facturas, nóminas, gastos, etc., además del pago de la cuota del RETA a la Seguridad Social. Y todo ello, coincidiendo con el estado de alarma. Muchos negocios han cerrado por decreto del Gobierno, y otros realizan teletrabajo, lo que complica la tarea de recoger y procesar todos esos datos.

El Gobierno considera que el aplazamiento que aprobó inicialmente, de hasta 30.000 euros, es suficiente medida de apoyo a los autónomos y pymes. El resto, si tienen problemas de caja para el abono de impuestos, tiene a su disposición una línea de avales de hasta 20.000 millones de euros en el ICO, que se irán ampliando hasta llegar a los 100.000 millones anunciados en el plan de choque económico.

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En términos de caja, esta solución es mucho más sencilla para Hacienda, ya que los avales no suponen la movilización de dinero en efectivo y no generan problemas de tesorería. Esos avales sirven como garantía al pedir financiación a los bancos, por lo que solo tendrán un coste para el Estado si los autónomos entran en mora por cierre o suspensión de pagos. Una situación que, en cualquier caso, sería futura, no inminente. Con esta solución de obligar al pago de impuestos, Hacienda y la Seguridad Social se garantizan un gran flujo de liquidez desde el sector productivo, que en muchas ocasiones será movilizado directamente desde la deuda bancaria.

Los autónomos no podemos acometer la presentación de los impuestos en este momento con las garantías necesarias

“Los autónomos no podemos acometer la presentación de los impuestos en este momento con las garantías necesarias”, lamenta Eduardo Abad, presidente de UPTA. “No queremos hacer los trámites para el pago de impuestos, y tampoco queremos tener que ir a solicitar los aplazamientos, tendría que hacerlo el Gobierno de oficio”, señala Amor. Solo así se podrá evitar que muchos autónomos y trabajadores de pymes tengan que desplazarse para hacer todos los trámites burocráticos.

El Gobierno ha comunicado a los autónomos que la cuota de la Seguridad Social correspondiente al mes de marzo tendrán que pagarla y podrán reclamar su devolución posteriormente si acceden a la prestación por cese de actividad. El Ejecutivo no se plantea congelar esta cuota y ha advertido a quienes no abonen el recibo de que serán sancionados con recargos por demora. “En el caso de la cuota, resulta que tenemos que seguir pagando la del mes de marzo”, lamenta María José Landaburu, secretaria general de Uatae, “lo que necesitamos ahora es una respuesta inmediata, una solución ya”.

Los autónomos han mostrado su enfado también por redes sociales. El 'hastgag' #AutónomosNoSePaga fue uno de los más utilizados a lo largo del martes en España. Fue su reivindicación contra el portazo del Gobierno, que rechaza escuchar sus demandas y que ni siquiera ha dado una respuesta, pública ni privada.

En la misma situación se encuentran las asociaciones de asesores fiscales, que denuncian que llevan más de una semana intentando comunicarse con la Agencia Tributaria o con el Ministerio de Hacienda sin éxito alguno. “Los gestores administrativos, que somos uno de los más importantes intermediarios entre el sector productivo y la Administración, hemos pedido cuatro veces en 11 días que se suspenda el calendario fiscal y laboral durante 30 días y que esta carencia se siga ampliando mientras dure el estado de alarma”, escribe Fernando Santiago, presidente del Consejo General de Gestores Administrativos, en una carta remitida al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

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Durante todos estos días, no han logrado que Hacienda ni la Agencia Tributaria responda a su petición de retrasar los procedimientos de todos los procedimientos tributarios mientras dure el estado de alarma. “No hemos recibido ninguna respuesta”, lamenta Stella Raventós, presidenta de la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF), “ni siquiera esa delicadeza han tenido”.

La confusión en estos momentos es máxima y los asesores fiscales ni siquiera tienen tiempo para atender a todas las llamadas que están recibiendo en los últimos días. En un primer momento hubo un alivio cuando la Agencia Tributaria anunció una moratoria inminente, pero todo eso ha cambiado rápidamente, explican. A medida que pasan los días y el Gobierno se resiste a dar ninguna información, resulta más evidente que los plazos computarán y, si alguien se los salta, habrá sanciones.

Con esta decisión, el Ministerio de Hacienda se garantiza una parte de la liquidez que necesita el Estado en estos momentos tan complicados. El Tesoro también ha acelerado el calendario de emisiones de deuda con una subasta sindicada a seis años que no estaba prevista, y con la que logró levantar 10.000 millones de euros. Esto demuestra que el Ejecutivo quiere crear un colchón de liquidez por si el escenario se complica.

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