El Gobierno ultima el Ingreso Mínimo y la garantía de suministros básicos

El Gobierno tiene previsto aprobar el próximo martes nuevas medidas económicas para hacer frente a la crisis del coronavirus, que podrían incluir el llamado Ingreso Mínimo Vital y la imposibilidad de cortar el suministro de servicios básicos, según fuentes de los ministerios afectados. Queda pendiente la moratoria sobre pago de alquileres, porque las posiciones están muy alejadas entre los distintos ministerios afectados y las diferentes sensibilidades políticas del Gobierno.

La vicepresidenta Nadia Calviño y el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, discrepan de los ministros de Unidas Podemos. Fuentes de Economía aseguran que no hay un rechazo conceptual a la medida, pero sí hay notables discrepancias en la forma de aplicación, en si es suspensión o aplazamiento y los plazos.

Aseguran que una vez tramitado el decreto de moratorias de las hipotecas es más difícil afinar en las soluciones para el alquiler, porque los afectados no son bancos, sino que pueden ser individuos cuyos ingresos dependen de un piso que tienen alquilado.

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Explican que la propuesta inicial de Unidas Podemos fijaba un plazo de 15 días para su aplicación y, por tanto, tampoco hubiera afectado a los recibos de final de marzo. No ven posible que arrendador y arrendado tengan que ir a la comunidad autónoma a certificar el impago y defienden otras vías. Proponen en primer lugar suspender los lanzamientos es decir, los desahucios. En este punto, el Ministerio de Justicia confirma que trabaja con Economía para llegar a una solución legal, porque implica la acción de los tribunales. Y la otra vía que proponen es establecer microcréditos a interés cero de bancos, con aportaciones del Estado, a arrendadores particulares que no reciban el dinero del alquiler, mientras dure el aplazamiento de los pagos que no excedería de cuatro meses.

Sin embargo, el sector de Unidas Podemos considera que esos créditos lastran y endeudan en el futuro a quien no puede pagar ahora sus alquileres, porque acabarían los cuatro meses con las mensualidades acumuladas, además de terminar siendo una subvención a bancos. Proponen un sistema de ayuda pública directa a quienes dependan de recibir ese alquiler y condicionado a que no disponga de un número de propiedades que termine por identificarle como especulador. Lo gestionarían arrendador y arrendatario ante la administración y se concretaría en una suspensión de dos meses prorrogable en función de la duración del confinamiento.

Esa distancia entre ministerios hace difícil que pueda aprobarse ya el próximo martes, aunque seguirán negociando durante el fin de semana.

Y queda también en el aire la posibilidad de incluir más restricciones a la actividad como consecuencia del estado de alarma, que dependerá de la evolución de la pandemia en los próximos días. Si la curva de contagios y fallecimientos no desciende antes del martes, volverá el debate al Consejo de Ministros, donde hay voces que durante la semana han defendido la opción de restringir sectores como el de la construcción. También lo piden todos los partidos, alcaldes y presidentes autonómicos. Por el momento, Pedro Sánchez y Calviño se mantienen firmes en rechazar aumentar las restricciones para no dejar a cero la actividad económica.

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Según la previsión del Gobierno, si fuera necesaria esa decisión quedarían en funcionamiento básicamente sectores vinculados a la agricultura, ganadería, alimentación y abastecimiento; los de industrias y labores vinculadas a la sanidad y la seguridad y una parte mínima del transporte.

El llamado Ingreso Mínimo Vital ha sido diseñado entre los ministerios de Seguridad Social (José Luis Escrivá) y Trabajo (Yolanda Díaz), así como la vicepresidencia social (Pablo Iglesias), según fuentes de esos departamentos.

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Ya propusieron fórmulas diferentes PSOE y Podemos desde 2015, estaba en el pacto de Gobierno firmado por Sánchez e Iglesias en diciembre de 2019 y lo anunció el ministro Escrivá en su comparecencia en el Congreso el 26 de febrero.

Ahora, se ha decidido agilizarlo para hacer frente a los efectos devastadores de la pandemia, y Hacienda ya ha dado el visto bueno para avanzar, según fuentes de este ministerio.

Solo hay una discusión sobre los plazos y el tiempo de implantación, y también por la cuantía que se fije. Según uno de los ministerios podía estar entre 500 y 800 euros, para no acercarse al Salario Mínimo Interprofesional.

La idea sería un mecanismo general de garantía de renta para familias sin ingresos o con ingresos bajos y estaría cerca del modelo que ya existe en el País Vasco, unificando ayudas y subvenciones vinculadas también al cuidado de hijos y mayores.

Para el martes está prevista también la aprobación de un decreto cerrado entre la vicepresidencia de Teresa Ribera y la de Pablo Iglesias para prohibir el corte de suministros esenciales como luz, agua y gas. Su objetivo es también proteger a quienes no puedan hacer frente a esos pagos.

En el Consejo de Ministros de este viernes, pese a su extensión, no hubo apenas discusión sobre medidas concretas, salvo la petición de precisión de algunos ministerios como Cultura y Educación sobre la aplicación a trabajadores de esos sectores de algunos de los decretos aprobados. Y, por supuesto, ha habido análisis muy negros sobre la situación, con informe del ministro de Sanidad, Salvador Illa.