Calviño retrasa las ayudas al alquiler hasta abril y la renta mínima estará lista el martes

El debate en el seno del Gobierno de coalición sobre las medidas para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales de la crisis del coronavirus está atascado en lo referente a la propuesta sobre los alquileres, mientras avanza con mayor consenso respecto a la creación de una renta mínima vital. Desde el Ejecutivo, confían en tener lista esta última propuesta en los próximos días, por lo que no llegaría a tiempo para aprobarse en el Consejo de Ministros extraordinario de este viernes pero sí en el ordinario del martes.

Las posiciones del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, en línea con las del vicepresidente, Pablo Iglesias, están siendo clave para ello. Sin embargo, las medidas orientadas a los alquileres no estarían listas antes de que los arrendatarios tengan que hacer frente al pago del mes de abril, como reconocen fuentes de las negociaciones. Las distintas posturas todavía siguen muy alejadas, como quedó patente la tarde de este jueves en la reunión de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, con la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, defendiendo la contención del déficit y los ministros de Seguridad Social (Escrivá), Consumo (Alberto Garzón) y Trabajo (Yolanda Díaz) apostando por políticas expansionistas para seguir desarrollando el denominado 'escudo social'.

Nadia Calviño ha solicitado junto al ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana más tiempo para presentar una propuesta alternativa a la desarrollada por la Vicepresidencia de Derechos Sociales, que está liderando la Secretaría de Estado para la Agenda 2030 que dirige Ione Belarra. Los morados, según el articulado que presentaron en la última reunión, apuestan por una suspensión en el pago de los alquileres para las personas que no puedan hacerle frente por una caída sustancial de sus ingresos, durante un periodo de dos meses, tanto para viviendas como para locales y oficinas de autónomos y pymes, prorrogable al mes siguiente de la finalización del estado de alarma.

Desde la Vicepresidencia de Asuntos Económicos, por su parte, plantean junto al ministerio dirigido por José Luis Ábalos que, en lugar de cancelación, sea aplazamiento y se han puesto objeciones tanto de fondo como de forma al texto de Unidas Podemos. La propuesta de estos últimos también contempla una compensación económica de carácter progresivo para los arrendatarios, en función de la cantidad de inmuebles en propiedad que tuviesen en el marcado de alquiler. De este modo, se proponían compensaciones de hasta un 100% de la cuantía de los alquileres para los arrendadores con hasta dos inmuebles en el mercado, que se reduciría hasta un 5% para aquellos que posean más de ocho inmuebles destinados al alquiler.

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El incremento en el déficit público que generaría también levanta reticencias, siendo uno de los principales argumentos esgrimidos para poner en duda esta medida en los términos propuestos. Se quiere descartar también que se aplique a las viviendas, limitándola a locales y oficinas. Otro de los artículos polémicos establecía que en los seis meses siguientes a la aprobación de esta propuesta no podrían producirse "subidas abusivas" de los contratos de alquiler, así como que los contratos de arrendamiento de viviendas y de inmuebles cuya finalización se produzca durante el periodo de vigencia del estado de alarma serían prorrogados automáticamente tres meses.

La propuesta sobre renta mínima está enfocada a aquellas personas que no pueden acogerse al paquete de ayudas aprobadas hasta ahora. Se trataría de una ayuda para personas con bajos ingresos, una forma de ingreso mínimo para "proteger" a quienes tienen rentas bajas o hayan visto sus rentas reducidas por la crisis del coronavirus. El principal objetivo, según fuentes de Unidas Podemos, "es garantizar un ingreso suficiente a todas las personas que lo necesiten durante y tras la crisis del Covid-19".

El Ministerio de Trabajo que dirige Yolanda Díaz también tiene avanzadas medidas de ayuda para las trabajadoras del hogar que hayan tenido que dejar de prestar sus servicios por la crisis del coronavirus. Se trataría de un subsidio extraordinario para que puedan cobrar el 70% de la base reguladora en el periodo de un mes, que podría ser prorrogable. Propuesta que también cuenta con el respaldo del Ministerio de Seguridad Social y que pretende aprobarse en las próximas sesiones del Consejo de Ministros.

Las principales diferencias dentro del Gobierno se centran, por tanto, en la cuestión de los alquileres. Sus impulsores reconocen las reticencias internas para que, como pretendían, pueda aprobarse antes de final de mes, para anticiparse al pago del próximo mes de abril, que la mayoría de arrendatarios tienen que realizar durante los primeros días del mes.

En su última intervención pública, Calviño avanzó respecto a esta medida que "estamos trabajando con el resto de ministerios por ver si hay que adoptar medidas para colectivos vulnerables", abriéndose a "adoptar otras medidas que sean necesarias". Asimismo, desde su departamento aclaraban a este diario que la intención es "asegurarnos de que cualquier medida que se ponga en marcha está bien diseñada para responder a las necesidades de forma efectiva sin generar otros efectos secundarios". Por su parte, José Luis Ábalos explicaba el pasado lunes en rueda de prensa desde la Moncloa que "estamos estudiando cómo poder ayudar a las personas que tienen que hacer frente a un alquiler y estamos debatiendo las alternativas".