El PP entierra la era 'socialdemócrata' y el ala neoliberal toma el poder

Lo dice con sorna —y no sin cierto pesar— uno de los economistas cercanos a Pablo Casado: “Esto es el caos”. Se refiere a los tres grupos de trabajo que pululan estos días por la sede del Partido Popular (PP) con un mismo objetivo: elaborar el programa económico. Todos y cada uno se autoproclaman liberales, pero unos más que otros, lo que ha supuesto, en la práctica, una batalla interna sobre qué es hoy el liberalismo.

El primero gira en torno al economista Daniel Lacalle, que irá en la lista electoral como número cuatro por Madrid; el segundo se agrupa en torno a Javier Fernández-Lasquetty, jefe de gabinete del propio Casado y también candidato a diputado, y el tercero gira alrededor de Pablo Hispan, también candidato (por Granada) y miembro de la junta directiva del partido, a quien se considera muy cercano a Andrea Levy, vicesecretaria general y, como tal, responsable de estudios y programas.

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Hay un cuarto en discordia. Se trata de Alberto Nadal, todavía, formalmente, secretario de Economía y Empleo del Partido Popular (al menos así aparece en el organigrama), y, por lo tanto, al menos en teoría, responsable del área económica.

Nadal, sin embargo, como dice la fuente, está desaparecido en busca de un nuevo destino profesional (optó en principio por regresar a Washington como alto funcionario) y su participación es residual.

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Entre otras cosas, porque su sintonía con Pablo Casado, en términos ideológicos, es manifiestamente mejorable. Y por si no faltaran nombres, también aparecen por Génova el exministro Román Escolano, hoy integrado en la consultora Llorente & Cuenca, y el economista Lorenzo Bernaldo de Quirós. Además de los economistas José María Rotellar y Percival Manglano, exconsejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, a quienes se considera muy próximo a Esperanza Aguirre (el segundo es concejal en el ayuntamiento de la capital).

Ajuste de cuentas

Es decir, una completa plantilla de economistas que, al menos en teoría, debería cubrir todo el espectro ideológico del PP. Salvo uno. Precisamente, y aquí está la paradoja, el que ocupaba el equipo económico de los tiempos de Rajoy y Montoro, y que, al menos en público, Casado defiende, pero que ha sido borrado del mapa.

Lo que les une, por el contrario, no es una reivindicación de la gestión realizada entre finales de 2011 y la primera mitad de 2018, sino el hecho de que todos y cada uno se sienten liberales del sector auténtico. Es decir, en línea, como sostiene uno de los ponentes, con el resultado que salió del último congreso, en que el 'sorayismo' terminó escaldado. Hoy son las distintas familias liberales del PP las que ajustan cuentas en términos ideológicos. Ni un 'socialdemócrata' participa de forma activa en el programa.

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Algunos, incluso, como dice otra fuente que prefiere mantenerse en el anonimato, se sienten atraídos por una especie de anarco-liberalismo extraño en Europa. Es decir, un papel marginal del Estado en la actividad económica. El propio Fernández-Lasquetty, en sus tiempos de consejero de Sanidad de Madrid, llegó a plantear la privatización de la gestión de una parte del sistema de salud madrileño, lo que le llevó a enfrentarse al anterior equipo económico de Génova, habitualmente tildado de 'socialdemócrata' por el ala más liberal del partido.

Autogobierno

Tanto batiburrillo ideológico en torno al liberalismo no ha hecho otra cosa que complicar la elaboración de un programa económico coherente. ¿La consecuencia? Mientras que Lacalle sostiene que el concierto [vasco] es la “solución” para el Estado de las autonomías, su jefe político, el propio Casado, habla de que el PP, en el Gobierno, impulsaría un plan de choque para garantizar la unidad de mercado. Justamente lo contrario de lo que supondría un concierto generalizado, que necesariamente aumentaría el autogobierno autonómico y se asemejaría a un modelo confederal.

En realidad, lo que Lacalle propone es aumentar la corresponsabilidad fiscal para que haya más coherencia entre lo que los gobiernos autonómicos recaudan y lo que gastan, pero esto, igualmente, supondría mayor autogobierno y, por ende, una especie de federalismo competitivo entre regiones. Es decir, parecido al modelo alemán introduciendo determinados instrumentos de nivelación para evitar el ensanchamiento de las diferencias interregionales.

Opinión

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Más consenso hay sobre qué hacer con los impuestos: bajarlos. Y, de hecho, este asunto es el tema central de las discusiones, mientras que cuestiones como las reformas estructurales no forman parte del núcleo de las mismas, dicen las fuentes. Son los impuestos, por el contrario, el eje de la discusión.

Gasto público

Hay consenso en que hay que bajarlos, pero a partir de ahí comienzan los problemas. Entre otras cosas, porque algunos de los economistas inmersos en las discusiones sostienen que con un déficit público estructural (ajeno al ciclo económico) próximo al 3%, es algo más que difícil reducir de forma significativa el desequilibrio fiscal. Claro está, a menos que se plantee un recorte del gasto público en la misma proporción. Y hoy por hoy Casado no ha dado pistas sobre qué pretende hacer con el gasto público más allá de lugares comunes.

Entre otras cosas, porque la célebre curva de Laffer que se esgrime opera a partir de un cierto nivel de presión fiscal que hoy la economía no ha alcanzado, lo que significa que una rebaja generalizada de los tipos impositivos (salvo que los tipos reducidos del IVA pasaran al tipo general del 21%) solo podría significar —al no poder financiarse por sí misma la rebaja— una caída de la recaudación que solo podría compensarse con un recorte significativo del gasto.

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Aunque la propuesta fiscal del PP aún está lejos de cerrarse, lo que hoy se sabe es que se pretende reducir no solo el IRPF (incluyendo las rentas del ahorro), sino también sociedades, sucesiones y patrimonio, en estos dos últimos casos hasta su desaparición.

Algunos cálculos internos sitúan el coste de la reforma fiscal (incluyendo los multiplicadores que supondrían un mayor consumo de los agentes económicos) por el recorte de impuestos en unos 11.000 millones de euros. Es decir, alrededor de un 1% del PIB para un país que este año, según el Banco de España, cerrará con un déficit equivalente al 2,5% del producto interior bruto. Y en un contexto de clara desaceleración de la actividad económica, lo que obviamente afecta a la recaudación.