PP y Ciudadanos se oponen al PSOE y prometen rechazar la 'tasa Google' en España

El inicio de la precampaña electoral tiene en la fiscalidad uno de sus principales protagonistas. El primero en lanzar sus promesas fue el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, quien aseguró que llevaría a cabo una gran rebaja de impuestos. Hoy el discurso se centra sobre el impuesto sobre determinados servicios financieros, popularmente conocido como la 'tasa Google'. Partido Popular y Ciudadanos han desvelado hoy que se oponen a que España ponga en marcha este tributo de forma unilateral sin contar con el respaldo de la Unión Europea ni de la OCDE.

De esta forma, PP y Cs despejan una de las grandes dudas sobre su programa electoral en materia fiscal. Y lo era porque en la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado de 2018, los últimos del Gobierno de Mariano Rajoy, incorporaron la previsión de creación de este impuesto digital para evitar que el déficit se disparara tras la aprobación de la subida de las pensiones. El equipo del anterior ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ya tenía preparado el borrador de este tributo, que bebía del proyecto de directiva comunitaria sobre la 'tasa Google', el mismo proyecto en el que se inspiró la nueva ministra, María Jesús Montero, para elaborar su propuesta. En concreto, figuraba en la disposición adicional 152: "El Gobierno remitirá a las Cortes Generales, en los tres meses siguientes a partir de la aprobación de esta ley, un proyecto de ley que regule un nuevo impuesto sobre determinados servicios digitales basado en la propuesta de la Comisión Europea".

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Ahora PP y Ciudadanos prometen que no pondrán en marcha la 'tasa Google' de forma unilateral en España sin contar con el respaldo del resto de socios europeos. Así lo han asegurado dos altos responsables en materia fiscal de ambas formaciones durante la jornada 'Marco tributario del sector digital' organizada por la asociación DigitalES. Esto no significa que las dos formaciones estén en contra del tributo, sino de su aplicación aislada en España, porque puede generar graves problemas de competitividad al país.

"Estamos a favor de este impuesto, pero no de la forma en la que lo hizo el Gobierno de Sánchez", ha señalado Jaime de Olano, portavoz adjunto del PP en el Congreso, "consideramos necesario que este tipo de impuestos se pongan en marcha en un marco territorial más amplio". En su opinión, este impuesto debería ponerse en marcha "en la UE como mínimo, aunque lo idóneo es que se haga a nivel de la OCDE".

Este tipo de impuestos se tienen que aplicar en un marco territorial amplio, en la UE como mínimo, aunque lo idóneo es sea en la OCDE

También se ha mostrado contrario al tributo Francisco de la Torre, portavoz de Ciudadanos en la Comisión de Hacienda. La formación considera que España no debería aprobar el tributo de forma unilateral porque "el acuerdo que existía en el núcleo duro de la Unión Europea, a través de una cooperación reforzada, ha desaparecido porque Alemania se ha salido", ha señalado de la Torre. En su opinión, lo razonable sería "buscar una solución global a la fiscalidad de la nueva economía digital a nivel de la OCDE". Este grupo de países desarrollados ha puesto en marcha un debate sobre la tributación digital dentro del proyecto BEPS (erosión de la base imponible y traslado de beneficios, por sus siglas en inglés).

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El problema del proyecto BEPS y de la directiva comunitaria para el impuesto digital es que hay algunos países que boicotean el desarrollo del tributo con su veto porque están interesados en que se mantenga el sistema tributario actual. La consecuencia es que el tributo lleva años debatiéndose pero no hay avances significativos. "Llevamos 20 años debatiendo este tema y ya no podemos quedarnos sentados más tiempo", ha señalado Óscar Galeano, portavoz de Hacienda del PSOE. En su opinión, aunque es cierto que un impuesto "implica unos riesgos ", también "responde a unas demandas sociales".

Llevamos 20 años debatiendo este tema y ya no podemos quedarnos sentados más tiempo

El portavoz socialista considera que la economía digital cada vez tiene más peso en el PIB, de modo que la Hacienda Pública no puede permitir que este sector siga tributando por debajo del resto y generando una competencia desleal sobre el resto de actividades del país. "Esta economía tiene que ser objeto de gravamen", ha remarcado Galeano. En su opinión, los diferentes partidos se han mostrado favorables a este tributo, por lo que cree que podrá aprobarse en la próxima legislatura "si se saca del debate partidista".

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PP y Ciudadanos han dejado clara su promesa: en ningún caso aprobarán este impuesto de forma unilateral. "Hacerlo así perjudicaría gravemente la competitividad de nuestras empresas y la inversión", ha señalado Olano. Por su parte, de la Torre ha puesto el énfasis en la movilidad de las bases imponibles de las empresas digitales, lo que puede provocar que se salgan de España si se establece el tributo. Si esto ocurriese, el tributo apenas tendría capacidad recaudatoria y, además, afectaría a la economía del país.

Las dudas del tributo

El proyecto de ley del impuesto, que remitió el Gobierno de Pedro Sánchez al Congreso en enero, genera algunas dudas sobre su legalidad y su aplicación que han remarcado algunos expertos. La principal debilidad es el riesgo de doble tributación sobre un mismo hecho imponible: a través del impuesto digital y de sociedades.

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Pero no es la única duda. "El Gobierno no ha estimado qué efectos tendrá sobre la competencia y la actividad de las empresas", ha remarcado Eduardo Gardeta, socio del departamento tributario de Garrigues, y "tampoco sabemos qué número de contribuyentes estarán afectados". En efecto, la memoria económica del tributo no recoge ninguno de estos puntos, lo que hace que el impuesto sea un 'camino a ciegas' que arranca España de forma unilateral.

El Gobierno no ha estimado qué efectos tendrá el impuesto digital sobre la competencia y la actividad de las empresas

Gardeta también ha señalado que el control de este tributo podría generar importantes costes para la Agencia Tributaria "para poner en marcha los sistemas que gestionen y controlen este tributo". También generarían un coste para las empresas, que se uniría a la cuantía del gravamen en su cuenta de resultados. "Si queremos fomentar el despliegue de las redes de 5G, tal vez no tenga sentido añadir un nuevo gravamen, nada desdeñable, sobre el sector que tiene que acometer esas inversiones".

Por último, Gardeta ha señalado que existen dudas sobre la capacidad de controlar la IP y la localización de los usuarios y consumidores en cada momento para determinar si el hecho imponible ha ocurrido dentro de España o fuera. "El control de la localización del dispositivo y del usuario puede chocar contra el derecho fundamental sobre la protección de los datos personales", ha remarcado Gardeta. De ahí que "tarde o temprano pueda dar lugar a fricciones".