Es el origen de las desigualdades

La OCDE lamenta que la fragmentación autonómica lastre el crecimiento

El organismo pide a las regiones mayor cooperación para explotar las economías de escala y derribar las barreras que frenan la investigación y generan desigualdades entre ciudadanos

Foto: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presienta de Andalucía, Susana Díaz. (EFE)
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presienta de Andalucía, Susana Díaz. (EFE)

Al margen de las revisiones de la coyuntura española (una décima arriba o abajo en el PIB), el verdadero reto al que se enfrenta España es elevar su tasa de crecimiento potencial. Esto es, el nivel máximo al que puede crecer con los factores (trabajo y capital) disponibles sin generar desequilibrios. El crecimiento potencial del país se sitúa entre el 0,6 % y el 1,75%, según las diferentes estimaciones, tasas muy bajas que condenan al país a vivir décadas cerca del estancamiento económico. Es lógico que este sea el gran reto que tiene España.

La OCDE ha analizado en su último Estudio Económico sobre España los retos a los que se enfrenta el país y hay uno que subyace en casi todos los frentes: la fragmentación autonómica. El problema no es la descentralización de las competencias en las regiones, sino la ausencia de cooperación entre ellas para crear un marco común en todo el país que favorezca el crecimiento. Lejos de cooperar, las autonomías se han dedicado a luchar entre ellas por intereses políticos y partidistas, lo que ha generado un país ineficiente en el que la regulación frena el crecimiento y el desarrollo.

El organismo es claro: la fragmentación autonómica está en la base de la desigualdad de rentas, de productividad, de innovación e incluso de salud. Las normativas autonómicas incluso frenan la movilidad de trabajadores dentro de un país hacia las zonas más prósperas, ya que perderían algunas transferencias sociales que reciben de la región de origen.

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“España es un país muy descentralizado en lo que respecta al gasto público”, explica el organismo, y “el éxito de la política de reformas dependerá de que todas las comunidades autónomas se coordinen y se intercambien las mejores prácticas en los diferentes ámbitos”. En otras palabras, menos confrontación y más cooperación.

España se sitúa a la cabeza de Europa en los principales indicadores de dispersión de la renta y el bienestar como consecuencia de la fragmentación regional. Por ejemplo, la dispersión de los resultados educativos es casi el doble que en el resto de países europeos y lo mismo ocurre con el acceso a la vivienda. España también ocupa el último puesto en sanidad y se sitúa en los puestos de cola en acceso a servicios, empleo y dispersión de los ingresos. En resumen, la OCDE identifica el comportamiento de las comunidades autónomas como uno de los focos de la desigualdad que sufre España y un lastre para el crecimiento.

El éxito de la política de reformas dependerá de que todas las comunidades se coordinen y se intercambien las mejores prácticas

“Las tasas de desigualdad de ingresos y de pobreza son altas y presentan diferencias entre las comunidades autónomas”, explica el organismo. “Habida cuenta de la intensa descentralización, las políticas e instituciones autonómicas son decisivas para la aplicación efectiva de las políticas nacionales en materia de educación y mercado de trabajo, que pueden coadyuvar a mitigar las desigualdades”, señala, de modo que “una coordinación más efectiva y el intercambio de mejores prácticas entre las comunidades autónomos ayudarían a reducir las diferencias entre ellas”.

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Sin embargo, las regiones en rara ocasión se copian entre ellas. Y menos una receta de éxito de otra si ha venido impulsada por otro partido político. Al contrario, prefieren elaborar normativas diferentes para marcar la diferencia, lo que supone un flaco favor para el conjunto del país.

En otras ocasiones ha sido el Estado quien ha repartido competencias a las regiones para evitar afrontar un problema. El mejor ejemplo ocurrió durante el verano, cuando el Ministerio de Fomento decidió trasladar la competencia sobre las VTC (Vehículos de Turismo con Conductor) a las comunidades y las ciudades para evitar decidir entre los intereses del taxi y los de las nuevas plataformas como Uber o Cabify. En ese momento, Competencia (CNMC) alertó de que esta decisión supondría una nueva fragmentación del mercado, ya que cada región impondrá su propia normativa.

La OCDE ha detectado que en España existe una “emigración interregional baja” si se tienen en cuenta los elevados niveles de dispersión de renta que existen. El organismo considera que las normativas autonómicas tienen mucho que ver en esta situación: “La falta de portabilidad plena de las prestaciones sociales y de vivienda entre comunidades autónomas, debida a los requisitos de residencia previa, agrava la escasa movilidad laboral”. Esto es, los ciudadanos de una región perderían algunas prestaciones si abandonan la comunidad, una política que les sirve a los territorios para retener a sus residentes.

Las comunidades autónomas también tienen problemas para “desarrollar, captar y retener trabajadores cualificados”, que son la base del crecimiento de la productividad. Las tasas de abandono escolar son todavía muy altas, pero el mayor problema es que muestran una gran dispersión regional. Esto condena a ciertos territorios del país a mantener un crecimiento muy bajo durante las próximas décadas. También se aprecian diferencias significativas en la formación continua de los trabajadores.

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La inversión y la financiación públicas del I+D también es una competencia compartida entre las autonomías y el Estado, de modo que “la coordinación resulta más importante para alcanzar unos resultados positivos”. Sin embargo, la coordinación entre cada autonomía con el Estado depende, fundamentalmente, de los partidos que estén gobernando y de las alianzas que necesiten. De ahí que las regiones pasen periódicamente de estar enfrentadas con el Estado a ser aliadas, una volatilidad que no ayuda a crear un entorno propicio a la I+D.

El problema no es la descentralización de competencias entre las autonomías, sino la falta de cooperación entre las regiones

Por último, la OCDE lamenta la fragmentación del mercado que supone un lastre para el crecimiento de las empresas. La literatura económica ha demostrado en infinidad de ocasiones que la productividad y el crecimiento de los salarios están íntimamente ligados con el tamaño de las empresas y el aprovechamiento de las economías de escala. De ahí que todos los obstáculos a la Ley de Unidad de Mercado hayan supuesto un lastre para el desarrollo del país.

Este escenario que dibuja la OCDE tiene una conclusión evidente: el problema no es la descentralización de competencias, sino la falta de cooperación entre las regiones. En lugar de buscar el beneficio común para impulsar el crecimiento, las regiones y el Estado optan por una estrategia de confrontación y división que supone un gran obstáculo para el crecimiento potencial del conjunto del territorio.

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