El Gobierno enfría la subida de las pensiones con el IPC: "No se ha negociado nada"

El acuerdo del Pacto de Toledo para volver a indexar las pensiones al IPC disparó las expectativas entre los jubilados que llevan ya más de un año de manifestaciones. Pero este acuerdo de los grupos políticos pasa ahora la responsabilidad al Gobierno, que es quien tiene que liderar la reforma del sistema para que fructifique como ley. El secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, reunió el pasado jueves a los representantes de los agentes sociales, sindicatos y patronal, en la Mesa de pensiones, pero esquivó tratar el tema de la revalorización de las pensiones.

Diversos miembros del Gobierno, entre ellos el propio Granado, tienen dudas sobre la idoneidad de volver a indexar las pensiones al IPC porque en el largo plazo genera "efectos perversos" ya que obliga a un gran esfuerzo presupuestario a la Seguridad Social. Es por ese motivo que el Ejecutivo ha decidido tomarse con calma la reforma de las pensiones para no adoptar ninguna decisión que ponga en riesgo la sostenibilidad del sistema. Fuentes del Ejecutivo explican que es tan importante conseguir un sistema que garantice los derechos de los actuales pensionistas como de los futuros.

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Esto obliga a realizar un diseño minucioso de la futura reforma, lo que provocará que se retrase en el tiempo. De hecho, el Ministerio de Trabajo todavía no ha comenzado a dialogar sobre la revalorización de las pensiones en el marco del diálogo social. "No hemos empezado a negociar sobre el tema de la revalorización de las pensiones", explica Cristina Antoñanzas, vicesecretaria general de UGT y responsable del sindicato en la Mesa de pensiones. De hecho, explica que "con este Gobierno no se ha tratado el tema de la subida de las pensiones".

El ministerio se ha comprometido con los agentes sociales a realizar una propuesta sobre la revalorización, pero prefiere esperar a que se cierren todas las recomendaciones del Pacto de Toledo. Los grupos han alcanzado un consenso mayoritario para la redacción de la recomendación segunda, la que trata sobre la revalorización, pero el resto están pendientes de acuerdo, y son 21 recomendaciones. La primera tiene un acuerdo provisional a la redacción de Gerardo Camps, portavoz del PP en la Comisión, pero algunos grupos consideran que tendría que cambiar después del acuerdo de esta semana.

Esto significa que la Comisión del Pacto de Toledo todavía necesita un periodo más o menos largo para cerrar todas las recomendaciones y plasmarlas en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. Entre los temas que todavía quedan por cerrar está la separación de fuentes, las pensiones mínimas, el factor de sostenibilidad o la contributividad, temas que son fundamentales para la futura reforma del sistema. De ahí que el Ejecutivo prefiera no acelerar las negociaciones de la revalorización hasta conocer el resto de acuerdos y, lo que es más importante, si finalmente hay consenso político.

2.000 millones más de gasto

La revalorización de las pensiones con el IPC obliga, durante los primeros años, a elevar el gasto en unos 2.000 millones de euros, principalmente como resultado del incremento en las prestaciones de jubilación y viudedad. A esto hay que añadir unos 4.400 millones más de euros cada año por las nuevas altas de pensionistas y el efecto sustitución. Los números de la Seguridad Social evidencian que el incremento de las cotizaciones por el ciclo económico es insuficiente para cubrir el aumento del gasto estructural obligado por la indexación al IPC, lo que ha hecho saltar las dudas en el Gobierno, y no es solo en el Ministerio de Trabajo.

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"Entendemos las dudas de Granado, pero tenemos que resolver los problemas y ahora nuestra preocupación principal es recuperar la indexación con el IPC real", señala Antoñanzas. El Gobierno ha preferido iniciar las conversaciones con los agentes sociales tratando el aspecto de la financiación. "El Gobierno está estudiando primero cómo estabilizar los números de la Seguridad Social", explica una de las personas que participan en la Mesa de pensiones. La Seguridad Social tiene un agujero que supera los 18.000 millones de euros, por lo que cualquier medida que ignore la sostenibilidad del sistema está condenada al fracaso.

El Gobierno está estudiando primero cómo estabilizar los números de la Seguridad Social antes de abordar la revalorización

"El Gobierno tiene en el horizonte la subida de las pensiones con el IPC, pero primero quiere trasladarla a números que cuadren", explica esta misma fuente. De ahí que en la Mesa de pensiones haya una sensación de que la reforma todavía tardará en llegar. Más si se tiene en cuenta que el Gobierno tiene por delante la negociación de los Presupuestos Generales del Estado antes de que se inicie el calendario electoral de 2019.

A las dudas del Gobierno se une también la disparidad de interpretaciones que han surgido en torno a la redacción de la revalorización de las pensiones y que dificultarán el consenso político para la futura reforma. El acuerdo alcanzado por el Pacto de Toledo se cerró de forma relativamente ambigua para que el PP y Ciudadanos aceptaran el texto. El resultado es que la recomendación recoge que la revalorización tiene que ser "en base al IPC real".

Este es el fragmento clave, ya que contiene dos matices. El primero es que la revalorización tiene que ser "en base a" y no "conforme a", lo que deja abierta la puerta a que el IPC sea el indicador de base, pero que se incorporen otros como quería el Partido Popular. El segundo es el indicador utilizado: "IPC real", un indicador que no existe y que los distintos grupos del Pacto de Toledo se negaron a definir.

Esto significa que, lejos de existir un gran consenso sobre la vuelta al IPC como único indicador para la revalorización, lo que hay en realidad es una gran disparidad de opiniones. Sin un consenso claro, la futura reforma del sistema tendrá más dificultades para salir adelante. Y más con la debilidad parlamentaria del PSOE. Después del optimismo inicial, los agentes sociales empiezan a sospechar que la reforma podría retrasarse a la próxima legislatura, lo que podría obligar a volver a empezar las negociaciones desde cero.

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Lo que nadie espera a estas alturas es que la reforma pueda entrar en vigor al inicio de 2019. Los agentes sociales descuentan que el Gobierno aplicará la subida del 1,6% que dejó firmada el Gobierno de Mariano Rajoy en los Presupuestos y que se ajustará al final de año para cubrir cualquier posible desviación del IPC.