El Pacto de Toledo logra un gran acuerdo para volver a vincular las pensiones al IPC

Después de más de un año y medio de reuniones, el Pacto de Toledo ha conseguido cerrar un gran acuerdo para actualizar las pensiones con el “IPC real”. Esto es, las prestaciones volverán a indexarse a la inflación para asegurar el poder adquisitivo de todos los beneficiarios. Así figura en la redacción de la recomendación segunda del Pacto. Un acuerdo importante que ha contado con el consenso de los principales partidos políticos: PSOE, PP, Unidos Podemos, Ciudadanos, PDeCAT, PNV y Compromís, de modo que solo se ha quedado fuera Esquerra Republicana.

Así lo han confirmado los diferentes portavoces parlamentarios de los grupos con presencia en la comisión del Pacto. Este acuerdo ya estaba próximo la semana pasada, pero las conversaciones se rompieron por la presión del PSOE para recuperar el mantenimiento del poder adquisitivo en todos los casos. Finalmente, este cambio de opinión del PSOE es el que se ha impuesto en el acuerdo final. De esta forma, queda cerrada la recomendación segunda del Pacto de Toledo; a partir de ahora, los grupos se centrarán en cerrar el resto de recomendaciones para tenerlas listas lo antes posible.

Los diferentes grupos han hecho un llamamiento a “recuperar el consenso de 2011”, que fue la última vez que se actualizaron las recomendaciones. Este consenso comienza por recuperar el IPC como base para calcular la revalorización de las pensiones “para conservar el poder adquisitivo”. Un acuerdo que contrasta con las declaraciones del secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, realizadas por la mañana, en las que aseguraba que indexar las pensiones al IPC genera "efectos perversos" en el largo plazo.

Además, el Pacto ha dejado abierta la puerta a que el Gobierno de turno pueda conceder ganancias de poder adquisitivo a los beneficiarios, pero esa subida “deberá ser diferenciada” de la revalorización ordinaria. De esta forma, el Pacto de Toledo afirma que futuras subidas de las pensiones superiores al IPC deberían financiarse con los Presupuestos Generales del Estado. Además, afirma que esa subida debe limitarse a los momentos en que “lo permita la situación económica”.

La comisión constata que el vigente índice de revalorización de las pensiones (IRP) no goza del suficiente consenso político y social

En este acuerdo, el ‘demonio’ está en los detalles. El “IPC real”, que es el indicador que tiene que guiar la subida de las pensiones, es un indicador que no existe y que los diferentes grupos no han querido definir. El objetivo ha sido dejar una recomendación “abierta” para dar margen al Gobierno de turno y los agentes sociales a que determinen cuál debería ser la subida en cualquier momento.

“Es un acuerdo de mínimos para salvar el Pacto de Toledo”, ha reconocido el portavoz del PDeCAT, Carles Campuzano, "y básicamente se limita a salvar la viabilidad del Pacto para construir consensos sobre las pensiones". Sin esta redacción tan amplia, hubiese sido complicado incluir al PP en el acuerdo. "La recomendación recoge que se subirán las pensiones en base al IPC, no conforme al IPC", ha señalado Gerardo Camps, portavoz del PP. Esto es, los populares consideran que un Gobierno futuro podría subir las pensiones por debajo del IPC.

Es un acuerdo de mínimos para salvar el Pacto de Toledo

“Ha sido un acuerdo difícil, muy trabajado, en el que todos hemos tenido que ceder diferentes cosas”, ha explicado en rueda de prensa el portavoz del PNV en la comisión, Íñigo Barandiaran.

Al mismo tiempo, todos los grupos han acordado rechazar la reforma del Partido Popular del año 2013, que introdujo el índice de revalorización de las pensiones (IRP). “La comisión constata que no goza del suficiente consenso político y social”, reza el acuerdo. “Ese IRP contradecía la recomendación segunda del Pacto de Toledo de 2011 porque suponía una pérdida de poder adquisitivo”, ha explicado Sergio del Campo, portavoz de Ciudadanos.

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Las recomendaciones del Pacto de Toledo no tienen carácter legislativo y simplemente marcan las líneas básicas sobre las que el Gobierno de turno tiene que elaborar su política de pensiones. La pelota cae ahora sobre el tejado del Gobierno, que es quien tiene que impulsar la reforma del sistema en conversaciones con los agentes sociales. Eso sí, cualquier normativa que desarrolle esta recomendación “deberá ser consultada y debatida en el seno de esta comisión”. En otras palabras, el Pacto de Toledo se guarda el derecho último de pronunciarse sobre las futuras reformas de la revalorización de las pensiones para evitar medidas unilaterales como la del Gobierno de Mariano Rajoy en 2013 cuando introdujo el IRP.