El déficit público alcanzó el 1,8% del PIB en junio y amenaza el objetivo para todo el año

Una de las primeras decisiones que adoptó el Gobierno de Pedro Sánchez fue renegociar con Bruselas la senda de reducción del déficit. Los números que dejó aprobados el exministro, Cristóbal Montoro, no cuadraban de ninguna forma y la Comisión Europea concedió casi 6.000 millones más de márgen déficit, hasta el 2,7% del PIB, para asegurar que España cumpliría este año sus compromisos. El nuevo equipo del Ministerio de Hacienda ya conoce los números hasta el cierre del primer semestre y sabe que el margen para cumplir es mínimo. El Banco de España alertó el miércoles del riesgo de incumplimiento del déficit y las cifras publicadas este jueves por la Ingervención General de la Administración del Estado (IGAE) alertan de que podría tener razón.

El déficit de las Administraciones Públicas alcanzó los 21.997 millones de euros al cierre del primer semestre, una reducción de 3.800 millones respecto al mismo periodo del año anterior. Los números rojos equivalen al 1,81% del PIB (descontando ya un avance del PIB nominal del 4% que está por ver si se alcanza), lo que significa que se ha agotado ya el 67% del margen para todo el año. Pero este año hay un agravante: los Presupuestos entraron en vigor en julio, con todas las partidas de incremento del gasto y reducción de impuestos que van incluidas en los mismos. El déficit hasta junio no incluye estos datos, pero sí se apreciarán en los de los meses posteriores y afectarán principalmente a la Administración Central.

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La IGAE también ha publicado el adelanto de la ejecución presupuestaria de la Administración Central, la Seguridad Social y las autonomías hasta julio. Estos datos muestran ya el impacto de la aprobación de los Presupuestos y el resultado es contundente. El déficit de la Administración Central se disparó desde el 0,82% del PIB de junio hasta el 1,6% en apenas un mes. Estos PGE incluían la revisión de las entregas a cuenta de la financiación autonómica, así como una transferencia a la Seguridad Social para la actualización de las pensiones. Esto significa que la mayor presión del déficit recaerá sobre el Estado y es donde reside el principal riesgo del cumplimiento de los objetivos pactados con Bruselas.

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Estas transferencias de la Administración Central han conseguido limitar el déficit de la Seguridad Social y de las comunidades autónomas. Al cierre de agosto, las comunidades registraron un superávit del 0,06% del PIB, mientras que en el mismo periodo del año anterior registraron un déficit del 0,08%. Sin embargo, la experiencia de los últimos años muestra que las CCAA acaban agotando todo el margen de déficit en la segunda mitad del año, por lo que es de esperar que el gasto siga acelerando en los próximos meses.

Por su parte, los Fondos de la Seguridad Social registraron un déficit del 0,31% del PIB gracias, en buena medida, al buen ritmo de las cotizaciones y a las mayores transferencias del Estado. En concreto, se contabilizan 889 millones con los que el Estado financia la subida de las pensiones del 1,6% además de otros 674 millones para financiar los compementos a mínimos. Sin embargo, el incremento en las pensiones aprobado en los PGE también acelerará los gastos en los próximos meses, aumentando la presión sobre el objetivo de déficit.

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El segundo problema para el cumplimiento del déficit reside en la caída del superávit de los ayuntamientos, que en los últimos años servía para compensar el desfase del Estado. El superávit de las administraciones locales se redujo un 57%, hasta los 615 millones de euros. Un descenso que se compensará, en parte, en los próximos meses, dado que este año se adelantó el pago de la liquidación del cupo vasco, superior a los 300 millones de euros.

El recorte del déficit en los seis primeros meses del año se produjo gracias al fuerte crecimiento de los ingresos derivados de la expansión económica. La recaudación tributaria del conjunto de las Administraciones se disparó un 6,6%, un incremento de más de 12.000 millones de euros. Por su parte, los empleos no financieros contuvieron su avance hasta el 3,7%, lo que supone un avance de 8.600 millones de euros respecto al mismo periodo del año anterior.