España vuelve a dar miedo al mercado por la incertidumbre política

Albert Rivera pide a Pedro Sánchez una moción instrumental, para lo que propone retirar la moción de censura que ha presentado. Sin embargo, Sánchez confía en que Rivera dé su apoyo para sacar a Rajoy de la Moncloa y convocar elecciones. Y Rajoy prefiere que no se entiendan para que todo siga como está. Es evidente que España se adentra en un periodo de elevada incertidumbre política que vuelve a amenazar a la economía española. El país ya estuvo un año sin gobierno y la economía apenas se resintió, pero esta vez es diferente. O, al menos, podría serlo.

El ciclo económico que vive España es muy diferente al que había en 2016 por dos motivos. El primero es que han desaparecido los vientos de cola exógenos que antes tiraban de la economía, principalmente el petróleo y los tipos de interés. El segundo es que la economía del país se aproxima ya a su nivel de equilibrio (está cerrando el ‘output gap’), por lo que necesita motores sólidos de crecimiento para seguir avanzando.

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Además, hay otra diferencia significativa: el desafío independentista catalán. ¿Quién es el interlocutor válido a partir de ahora para la Generalitat? ¿Cómo se aplicará el artículo 155 de la Constitución? Este nuevo escenario supone una presión adicional sobre la economía española en un momento de desaceleración. "Cuando la economía va bien, las malas noticias se diluyen, pero si hay debilidad económica, cualquier problema se puede maximizar", explica Valentín Pich, presidente del Consejo de Economistas.

La reacción de los mercados es un buen indicador adelantado de la incertidumbre. El bono español escaló el viernes hasta superar el 1,5% de rentabilidad después de una subida vertical de algo más de 10 puntos básicos. Esta subida en el retorno exigido ha sido incluso superior a la que se vivió en los momentos de mayor tensión tras el referéndum del 1-O, lo que muestra que la tensión es elevada. También sufre el euro, que cae por debajo de los 1,17 dólares, porque a la incertidumbre italiana se une ahora la española. "La divisa ha estado bajo presión en un entorno que parece bajista a corto plazo. La inestabilidad política en la zona sur del bloque es desagradable para la moneda", resume Bart Hordijk, analista de Monex Europe.

La debilidad política llega justo cuando España trata de tomar la delantera en una reforma del euro. El Ministerio de Economía, Industria y Competitividad ha trasladado a Bruselas sus propuestas, que incluyen un fondo europeo de garantía de depósitos respaldado por el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), aunque fuentes del ministerio que dirige Román Escolano admiten que por ahora España no ha encontrado los apoyos suficientes ante las dificultades de la banca italiana, el elevado tamaño de los bancos franceses, que les hace depender de las regulaciones internacionales por sistémicos, y las reticencias alemanas.

Vientos de cola

En esta ocasión, jugar con fuego puede ser más peligroso, ya que el Banco Central Europeo (BCE) está cerca de finalizar sus inyecciones de liquidez al mercado. Según se espera, terminará las compras de activos en septiembre. De esta forma, desaparecerá el principal factor de estabilidad de los últimos años en los mercados de deuda. Por ejemplo, durante las primeras semanas de octubre, el BCE fue el principal comprador de deuda española para calmar la 'ira' de los mercados.

"No hay que perder de vista el posible efecto contagio de Italia, es uno de los principales motivos de preocupación que hay en el Ministerio de Economía", explican fuentes próximas al Gobierno. Es el país de la eurozona con más problemas de deuda pública y, además, tiene uno de los sectores bancarios más dañados, lo que hace que sea una 'bomba de relojería'. Cualquier susto podría desencadenar un desenlace fatal.

El propio equipo económico del Ejecutivo considera que la crisis política italiana junto con la amenaza de guerra comercial siembran el mismo contexto de incertidumbre internacional que en 2016 el Brexit y las elecciones en Estados Unidos, según fuentes próximas a Moncloa. Entonces el Banco de España llegó a estimar que el impacto en el PIB fue de 0,4 puntos porcentuales. Con esta estimación de fondo y la sensibilidad de los tipos de interés, desde el Gobierno creen que una parálisis legislativa costará al menos 0,1 puntos porcentuales en generación de riqueza (cerca de 1.200 millones de euros) y en torno a 6.500 empleos, aunque las tormentas políticas recientes demuestran lo difícil que es cuantificar el coste económico a corto plazo.

Por otro lado, la subida del precio del petróleo impedirá al Banco Central Europeo mantener sus estímulos monetarios mucho más tiempo, ya que podría generar presiones inflacionistas indeseadas. Si sucede, esto dejará a los países sin ayuda en los mercados y tendrían que enfrentarse en solitario a la prima de riesgo. Además, la subida del crudo afecta especialmente a España e Italia, dos países muy dependientes de la energía exterior. En definitiva, un contexto complicado en el que la inestabilidad política puede resultar nefasta.

No hay que perder de vista el efecto contagio de Italia que es uno de los principales motivos de preocupación que hay en el Gobierno

Dado el punto del ciclo económico en el que se encuentra España, es complicado que el consumo de los hogares siga siendo el principal motor de crecimiento. El propio Gobierno es consciente de ello y en su cuadro macroeconómico anticipa una desaceleración del consumo privado desde el 2,4% de 2017 hasta el 1,7% en 2020. Llegados a este punto, la economía se tiene que apoyar en la inversión empresarial, esto es, la Formación Bruta de Capital Fijo (FBCF), que es la única forma de elevar el PIB potencial. Sin embargo, la inversión solo se produce cuando hay escenarios de calma política, justo lo contrario de lo que ocurre hoy en España.

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El año en el que el país estuvo sin gobierno, la inversión empresarial se ralentizó y no volvió a repuntar hasta la investidura de Mariano Rajoy. Si en los próximos meses vuelve a ocurrir lo mismo, el impacto sobre el PIB sería importante. El 'cuadro macro' del Gobierno contempla un crecimiento real de la inversión empresarial superior al 4% durante los próximos cuatro años. Si estas estimaciones no se cumplen, será muy complicado que España pueda alcanzar las previsiones de PIB incluidas en esa estimación.

España tiene otros vientos de cola, como son el crecimiento de los salarios, la creación de empleo o la recuperación de la construcción

Sin embargo, no hay que caer en discursos alarmistas. La incertidumbre política que vivió España, o la que experimentó Cataluña, no provocaron ninguna debacle económica. "La gente sobreestima la influencia de la política en la economía", explica Ignacio de la Torre, economista jefe de Arcano. "España tiene otros vientos de cola, como son el crecimiento de los salarios, la creación de empleo o la recuperación de la construcción, que deberían tirar de la economía", remarca.

Privatización de Bankia

Pero el dinero sí huye de la inestabilidad política en los mercados financieros. En pleno crecimiento de los beneficios empresariales a ritmos de dos dígitos, los grandes gestores internacionales se pasaron el periodo de parálisis política entre 2015 y 2016 infraponderando la renta variable española, según la encuesta mensual de Bank of America Merrill Lynch. Tras la formación de Gobierno y salvo en los meses con más ruido por la crisis catalana, se revertió este sesgo para sobreponderar la bolsa local.

El sentimiento de los inversores institucionales hacia España es especialmente sensible en la privatización de Bankia, cuyo calendario apremia. España tiene el compromiso de la salir del accionariado de Bankia antes de que termine 2019, con el hándicap de que el dinero suele huir de la inestabilidad política en los mercados financieros.

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Ya en 2016 el entonces ministro Luis de Guindos extendió dos años el plazo, coincidente con el límite impuesto por Bruselas. Su sucesor, Román Escolano, ha tratado de que cale en el mercado el mensaje de que no hay presión por vender. "Un retraso adicional debería aliviar la presión de los 'cortos', que están presentes para aprovechar cualquier colocación que afecte a la cotización", señala José Ramón Iturriaga, gestor de Abante Asesores.

Por esta razón, el Estado busca sorprender al mercado con la privatización, como explican fuentes conocedoras del proceso. Es la única forma de no sufrir un aumento de los bajistas, que tienen una apuesta del 4% del capital y lastran la cotización cuando aumentan. El fondo público para el rescate bancario (FROB) aún tiene el 60% de Bankia, valorado actualmente en bolsa a 6.400 millones de euros.

La parálisis

Lo que parece evidente es que la Legislatura ya está agotada. A partir de ahora es muy complicado que pueda aprobarse ninguna otra ley en el Congreso. España suma ya más de tres años sin aprobar ninguna reforma de calado, lo que supone un lastre importante para el país. La parálisis política no se percibe en el corto plazo, ya que no afecta a la inercia de la economía. Sus efectos solo se perciben en el medio y largo plazo y siempre en términos relativos a otros países. Italia es un buen ejemplo: el país lleva posponiendo todas las reformas importantes desde los años 80 y su economía acumula ya más de dos décadas de prolongado estancamiento.

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España lleva años boicoteando los debates importantes y nada parece indicar que esta situación vaya a desbloquearse. Los dos mejores ejemplos están en la financiación autonómica y las pensiones. Los modelos actuales tendrían que haberse revisado hace tiempo. El Pacto de Toledo publicó sus últimas recomendaciones en 2011 y tendría que haberse revisado en 2016. Por su parte, el modelo de financiación autonómica se actualizó por última vez en 2009, por lo que lleva ya cuatro años pendiente de revisión. El Gobierno tenía previsto retomar estos dos grandes acuerdos tras la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, pero ahora cualquier ley pendiente ha quedado en vía muerta para el resto de Legislatura.

No pasa nada por estar un año sin gobierno, pero en un país tiene que haber un debate sobre las políticas necesarias y ejecutarlas

"No pasa nada por estar un año sin gobierno, pero en un país tiene que haber un debate sobre las políticas necesarias y ejecutarlas", advierte Pich.

Al Ministerio de Economía se le ha acumulado el trabajo normativo, después precisamente del parón legislativo entre 2015 y 2016. Entre otras cosas, tiene pendientes varias transposiciones, como la de MiFID II, la directiva europea encargada de regular el funcionamiento de los mercados financieros. "Si se convocan elecciones anticipadas sí se verán afectados los plazos, porque se disolverán las Cortes, con lo que no se podrá avanzar en la tramitación de la normativa", recuerdan en FinReg, despacho especializado en regulación financiera. "Aunque no hubiera elecciones, se tendría que correr mucho para llegar a aprobar las normas este año, lo que en muchos casos ya representa un retraso significativo", añade.

La filosofía de MiFID II es elevar la transparencia y la protección del consumidor financiero. Pero la dureza depende de cada país, especialmente en materia de comisiones bancarias por la venta de fondos (el límite a las retrocesiones). En España los bancos, las gestoras, los distribuidores y los asesores trabajan únicamente con las guías técnicas que publicó la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el año pasado y una nota de prensa de Economía en diciembre. La cuestión es que no conocen el reglamento definitivo, pero es de obligado cumplimiento desde el 3 de enero de 2018. Escolano se comprometió esta semana a que MiFID II estará en el Congreso en julio como proyecto de ley, pero habrá que ver en qué estado está la actividad parlamentaria en ese momento.

Hay más directivas europeas pendientes. Por ejemplo, PSD2, la directiva de pagos por la que los bancos están obligados a facilitar los datos de los clientes si estos lo aprueban a las 'fintech', para dinamizar la actividad financiera y la competencia. Asimismo, Economía presentó este mes el anteproyecto de ley sobre seguros y reaseguros, que limita a la banca la venta cruzada de productos. También está pendiente el proyecto de ‘sandbox’, un banco de pruebas para las 'fintech' bajo la vigilancia de los supervisores, o el reglamento para permitir a los fondos españoles prestar sus acciones a terceros, iniciativas que están en consulta pública. Pero que quedan en segundo plano. Como toda la política económica.