La recuperación hunde las deudas incobrables por Hacienda a niveles de 1999

La economía española continúa saliendo del pozo. Y, como consecuencia de ello, la recaudación incobrable del Estado se hunde. Hasta el extremo de que hay que remontarse al siglo anterior —a 1999— para encontrar un nivel similar. En concreto, el año pasado la llamada 'recaudación incierta' se situó en 3.198 millones de euros, ya muy lejos de los 9.351 millones que se llegaron a registrar en 2009, en plena recesión.

El concepto de recaudación incierta esconde una realidad económica. En muchas ocasiones, Hacienda no está en condiciones de cobrar una deuda tributaria por las razones que sean: quiebra de la empresa, fallecimiento del deudor o, simplemente, porque el contribuyente carece de recursos, lo que obliga a las distintas administraciones a anotarse 'pérdidas', ya que o no están en condiciones de cobrar cantidad alguna o, igualmente, estiman que es muy improbable que lo hagan.

La cifra es un verdadero termómetro de la situación económica. Crece como la espuma en momentos de crisis económica y se reduce, por el contrario, cuando mejora la actividad, ya que los contribuyente se encuentran en una situación más holgada para pagar sus deudas.

La eficacia en la lucha contra el fraude fiscal y el ocultamiento de rentas frente a la Hacienda pública, lógicamente, también influyen en la evolución de las deudas incobrables, que son totales cuando los tribunales califican a un contribuyente como insolvente. Es decir, no hay nada que ejecutar.

Eurostat, que es quien valida el tratamiento contable de estas partidas a partir de un modelo econométrico elaborado por los institutos nacionales de estadística, considera préstamos de dudoso cobro cuando los pagos de intereses o del principal sufren un retraso de al menos 90 días.

Tienen incluso esa consideración cuando sin haber transcurrido ese plazo “hay buenas razones” para pensar que el deudor no podrá pagar, por ejemplo, cuando haya presentado una declaración de quiebra. Hacienda, por lo tanto, está obligada a aminorar esos ingresos cuando publica los datos de déficit público, toda vez que de no hacerlo las cuentas no reflejarían con precisión la verdadera situación financiera de la Administración central y del resto de administraciones territoriales.

Empresas a la fuga

De los 3.198 millones de euros incobrables en 2017, el 75% corresponde al Estado y el resto a las comunidades autónomas y ayuntamientos. Incluso organismos como el Fogasa (Fondo de Garantía Salarial) también sufren cuando un deudor deja de pagar. El año pasado, por ejemplo, el ajuste negativo por recaudación incierta en ese organismo fue equivalente a dos millones de euros. En ese caso, son empresas que se han dado 'a la fuga' sin haber satisfecho con su patrimonio el salario total o parcial de sus trabajadores. En 2009, el año con mayores deudas incobrables, la recaudación incierta llegó a alcanzar el 0,87% del PIB, más del doble de lo que Hacienda ingresó por impuestos del capital (0,40%).

Los ajustes por recaudación incierta no significan, sin embargo, que la Administración renuncie a recaudar las deudas. Si al final lo consigue, esos ingresos se contabilizan en el momento del cobro, pero las probabilidades son bajas, de ahí que Eurostat obligue a aminorar cada año los ingresos en una cuantía que es muy elástica respecto de la coyuntura económica.

El artículo 76 de la Ley General Tributaria (LGT) establece que las deudas de los obligados tributarios que no hayan podido hacerse efectivas en los respectivos procedimientos de recaudación por insolvencia probada, total o parcial, se darán de baja en la cuantía que proceda, mediante la declaración del crédito como incobrable, en tanto no se rehabiliten dentro del plazo de prescripción.

Según un informe del Tribunal de Cuentas, el número de deudores declarados fallidos en 2013 —año en que se realizó el dictamen— ascendió a 548.577 contribuyentes, con unas deudas incobrables por un importe de 6.477 millones. Posteriormente, parte de esos fallidos fueron rehabilitados, lo que rebajó esa cifra a 5.025 millones. Del total de deudores fallidos, 1.422 debían a Hacienda más de 100.000 euros.