Hacienda caza otra vez a Pepe Jeans: ahora por fingir préstamos hacia Holanda

Hacienda ha mordido presa en la multinacional española Pepe Jeans y no la suelta. La pugna no acabó con la condena en conformidad por delito fiscal contra su CEO y alma máter, Carlos Ortega. La Agencia Tributaria ha conseguido que la Audiencia Nacional le dé la razón en la mayor parte de un contencioso que mantenía con la empresa por simular préstamos desde su matriz en Holanda, una firma sin personal ni apenas capital que luego dependía de otra en las Antillas Holandesas. Además, en la sentencia se recoge cómo la inspección no mandó el caso a delito fiscal solo porque la cuota no llegaba. Después de eso, abrió inspecciones a la compañía por los años siguientes, por lo que la pugna continúa.

Pepe Jeans es una muñeca rusa. Pepe Jeans SL pertenece a Pepe Jeans BV, con sede en Holanda, que a su vez pagaba por 'royalties' de la ropa a Pepe Jeans NV, en el paraíso fiscal de las Antillas Holandesas. El trasiego de dinero entre las firmas no es sencillo de seguir, ya que en los últimos años han incluido un préstamo de unos 15 millones desde la holandesa a la española. Hacienda abrió inspecciones a la empresa por el impuesto de sociedades de los años 2005, 2006 y 2007 en los que le reclamaba 752.404 euros.

La empresa recurrió a la Audiencia, que el pasado 11 de diciembre dio la razón en la mayoría de sus argumentos al fisco. El principal punto en disputa era un préstamo que Pepe Jeans había recibido de Pepe Jeans BV. Los intereses de ese préstamo se los deducía en España, pero Hacienda alegaba que no había documentación que acreditara aquello. "Debemos concluir que la existencia del préstamo no ha resultado acreditada a partir del 9 de mayo de 2005", señala la sentencia. La Audiencia sí da la razón a la empresa en una deducción por innovación tecnológica y estima su recurso en ese punto. La sentencia, del pasado 11 de diciembre, puede ser recurrida en casación ante el Supremo.

La sentencia recoge la dureza con la que los inspectores ven las prácticas de Pepe Jeans: "¿Cómo es posible que se paguen intereses por cientos de miles de euros a una sociedad vinculada con uno al 100%, y no se esté en condiciones de probar de una manera exhaustiva en concepto de qué —o por qué préstamos— se pagan tales intereses? Y, si no se está en condiciones de probarlo, ¿cómo es posible que un obligado tributario se los deduzca? Y todo ello, sin olvidarnos que todo lo expuesto viene trufado con la participación de entidades residentes en las Antillas holandesas (...) Cómo veremos la cosa de grave, que nos vemos obligados a decir que, si la cuantía del ajuste en alguno de los ejercicios concernidos hubiera deparado por sí sola una cuota que hubiera superado el correspondiente umbral penal (artículo 305 del Código Penal), en su día no habríamos dudado en remitir el expediente a la Unidad Especial que examina los expedientes en los que se aprecian 'indicios de delito".

No habría sido la primera vez que el nombre de Pepe Jeans acaba vinculado al delito fiscal. Carlos Ortega, CEO, accionista y alma máter, ha aceptado pagar unos 10 millones de euros por delito fiscal tras aparecer en la lista Falciani. Es la mayor condena en vía penal que ha conseguido la Agencia Tributaria. Además, aparecía en los papeles de Panamá como dueño de una colección de arte que formalmente tenía su sede en las Islas Vírgenes pero que en realidad se repartía entre sus casas de Madrid, Sotogrande y Londres.

La empresa ya temía que podía perder este pleito, según recogen las cuentas de la empresa de 2017. "Los administradores de la sociedad consideran que la reclamación pertinente probablemente sea resuelta suponiendo un efecto adverso, por lo que la compañía tiene registrada una provisión por importe de 495.060 euros". Después de esa inspección, le siguieron llegando visitas del fisco. El 13 de octubre de 2015, le abrió inspección por los impuestos de sociedades entre 2010 y 2014, el IVA de 2011 a 2013 y retenciones entre 2011 y 2013. Entre 2016 y 2017, en la empresa hubo actas en disconformidad por valor de 1,39 millones de euros, lo que augura que la pugna judicial continuará.