Los bajos tipos y el déficit desbocado explican el récord de deuda de España

Que la deuda pública haya alcanzado un récord histórico de 1,107 billones de euros ('trillions' anglosajones), el 100,9% del PIB, es obviamente una noticia negativa. Sin embargo, detrás no sólo hay motivos preocupantes -la necesidad de financiar un déficit superior a las previsiones oficiales-, sino también otros más positivos: el aprovechamiento de los tipos de interés de la deuda en mínimos históricos para lanzar emisiones más baratas y reducir los gastos financieros del Estado, o el alargamiento de los plazos de vencimiento de las emisiones, que reducirá la necesidad de emitir en los próximos años.

Hay que alimentar al monstruo del déficit

Como es sabido, la deuda pública se emite para financiar el exceso de gasto público sobre los ingresos por impuestos. Por tanto, si el déficit es mayor del esperado, las administraciones deben lanzar más emisiones (pedir más dinero prestado), lo que incrementa el volumen de deuda pública. Y ese es, al final, el principal motivo del récord que se registró en junio. El objetivo oficial de déficit para este año es del 3,6%, pero la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) ya alertó el mes pasado de que, en el mejor de los casos, nos quedaremos en el 4,1%; y en el peor, llegaremos al 4,7%. En el primer escenario, la deuda pública se situaría en el 99,6%, mientras que en el segundo, superaría el 100%.

Esta desviación obedece a varios motivos, pero entre ellos destacan el deterioro de las cuentas de la Seguridad Social (debido a la caída de las cuotas y a que las prestaciones están en máximos), la financiación del exceso de gasto de las comunidades autónomas con medidas como el FLA (Fondo de Liquidez Autonómica) extraordinario, aprobado justo antes de las últimas elecciones, o la negativa del Gobierno de Mariano Rajoy a reducir el consumo público. Por último, como denunciaba Ignacio de la Torre en El Confidencial, no hay que menospreciar el efecto electoral, que siempre lleva a incrementar el gasto por parte del partido en el poder -tanto en la Administración central como en las autonómicas- en busca de votos.

Hacer despensa con los tipos mínimos

Ahora bien, la financiación del déficit se puede hacer con emisiones más o menos repartidas a lo largo del año. Y aquí el Ejecutivo ha decidido aprovechar el entorno actual de tipos de interés de la deuda pública, en mínimos históricos -el bono a 10 años está por debajo del 1%-, para concentrar ahora las ventas de deuda y aprovechar este entorno por si acaso vienen mal dadas en los próximos meses. Malas noticias de China (una caída de reservas, por ejemplo) o, simplemente, la esperada subida de tipos en EEUU pueden dar al traste con esta situación de ensueño. Y entonces podrá permitirse el lujo de no vender bonos.

Esto explica también que las nuevas emisiones se estén concentrando en los plazos más cortos, donde las rentabilidades ya son negativas; es decir, el Estado cobra por pedir prestado dinero, en vez de pagar. Detrás de este escenario, se encuentran las compras masivas de bonos por parte del BCE, que tienen manipulado el mercado, que ni siquiera refleja en la prima de riesgo el bloqueo político de nuestro país. La concentración de las emisiones ha disparado el volumen de deuda en junio, pero a cambio reducirá el coste financiero de los intereses que el Estado tendrá que pagar por dicha deuda en el futuro. Y ese coste computa como déficit público, luego este se reducirá por esta vía.

Alargar los vencimientos

Otro objetivo positivo que busca esta estrategia del Tesoro es alargar los plazos de vencimiento de la deuda, es decir, ganar tiempo antes de tener que devolverla o -lo más habitual- refinanciarla con nuevas emisiones. Así, la duración media del 'stock' de deuda española ha pasado de cuatro años a seis y medio. Se trata también de una medida de prudencia por si en el futuro España vuelve a tener problemas para financiarse en los mercados; algo que parece impensable ahora mismo, pero que no se puede descartar si se enquista la ingobernabilidad, si hay una crisis financiera grave en Italia o si la propia Unión Europea empieza a ser cuestionada tras el Brexit. El recuerdo de lo ocurrido en 2012 aún está muy fresco en nuestros gobernantes.

El vaciamiento de la hucha de las pensiones

Un factor menos conocido pero también importante es el impacto que tienen las continuas retiradas de dinero del fondo de reserva de la Seguridad Social (la hucha de las pensiones) por la falta de fondos para hacer frente a su pago; el mes pasado, el Gobierno metió la mano dos veces, una para sacar 8.700 millones y otra para retirar otros 1.000. Este fondo está invertido básicamente en títulos de deuda pública española y, mientras los tiene en su poder, no computan como deuda pública, según las normas europeas (el llamado procedimiento de déficit excesivo). Pero cuando vende estos valores para poder facilitar la liquidez que le pide el Ejecutivo, sí computan. Eso también explica el incremento de junio y, previsiblemente, hará lo propio en julio.

¿Hay alguna solución?

La más evidente es reducir el gasto público o subir los impuestos para disminuir el déficit público y, en consecuencia, la necesidad de emitir deuda para financiarlo. Pero no parece que el Gobierno central y los autonómicos -que están incrementando el gasto sanitario- estén por la labor. Al contrario: con la ausencia de Gobierno, la amenaza es un descontrol todavía mayor del gasto.

Pero hay una esperanza, que es la inflación. La subida de los precios es buena para los agentes endeudados, puesto que deflacta la deuda, es decir, esta valdrá menos en el futuro. De hecho, el objetivo de las medidas extraordinarias del BCE es crear inflación para dinamizar las achacosas economías europeas. Y empiezan a dar frutos: la inflación subyacente en España (la que no incluye el petróleo) ya se encuentra en el 0,9%. Y si el crudo se estabiliza o incluso empieza a repuntar, como espera la OPEP, este crecimiento comenzará a trasladarse al IPC.