España tiene un problema: nuestros túneles y carreteras no resisten inundaciones

La DANA que hace días atravesó la península Ibérica nos ha puesto frente a una terrible realidad. Las lluvias intensas, que pueden afectar a cualquier punto del país y que esta vez se han cebado especialmente con Madrid y Toledo, dejan muertes, desapariciones e incalculables daños materiales. Fenómenos que antes eran impensables cada vez son más frecuentes. Trenes y metros parados, carreteras y autovías cortadas, túneles anegados y calles inundadas evidencian que, desde el punto de vista de las infraestructuras, no estamos preparados para estas nuevas trombas de agua. ¿Podemos adaptarnos a estos nuevos escenarios y salvar vidas?

Muchos investigadores trabajan con esa perspectiva. De hecho, existen herramientas como el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables que están pensadas, precisamente, para minimizar los riesgos. Los planes de Gestión del Riesgo de Inundación prevén diversas actuaciones hasta 2027. El problema es que los cambios que estamos viviendo superan incluso esas previsiones. “Lo que ha ocurrido se debe a la intensidad de la lluvia, pero el problema que tenemos en España es que hemos ocupado zonas inundables y que las infraestructuras de evacuación del agua pluvial están dimensionadas con los parámetros de hace décadas”, afirma a El Confidencial Jorge Olcina, catedrático de Análisis Geográfico Regional en la Universidad de Alicante y director del Laboratorio de Climatología de esta institución académica.

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Las infraestructuras viarias, como los ferrocarriles y las carreteras, y el alcantarillado de las ciudades, están diseñados para asumir los volúmenes de agua habituales, “anteriores al cambio climático”. Sin embargo, dada la nueva situación, están claramente “infraestimados”, asegura el experto. “En el litoral mediterráneo estamos más acostumbrados”, comenta, pero eso no evita que, en todas partes y de manera generalizada, sea más que recomendable “recalcular puentes y viaductos ante este nuevo contexto”. El mejor ejemplo, tras esta DANA, está en Aldea del Fresno (Madrid), una localidad que ha visto cómo las aguas arrasaron tres de sus puentes, quedando comunicada únicamente por uno de sus accesos.

Resulta evidente que el coste económico de adaptar todas las infraestructuras sería desorbitado, así que no queda más remedio que priorizar las más urgentes. Las primeras actuaciones deberían corresponder a las vías que quedan cortadas de manera más habitual o, en las ciudades, a los lugares que sufren más daños, donde se inundan bajos y locales. En teoría, esos puntos negros deberían ser bien conocidos, pero la realidad es cambiante. Tanto el contexto territorial como el atmosférico sufren muchas variaciones.

Del 112 al satélite: cómo redibujar los mapas de riesgo

Olcina pone como ejemplo el Patricova (Plan de Acción Territorial de Carácter Sectorial sobre Prevención del Riesgo de Inundación en la Comunidad Valenciana): “Es un antecedente interesante, porque se realizó una primera versión en 2002, pero al actualizar la cartografía en 2014 se descubrieron nuevas zonas de riesgo e incluso, al contrario, había lugares catalogados en un principio como de riesgo muy elevado y no era para tanto”. Por eso, tal y como exigen las directivas europeas y prevé el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, es necesario revisar los documentos al menos cada 10 años.

La manera de incorporar esos cambios puede ser muy diversa. Una investigación publicada recientemente por la Universidad de Alicante muestra la utilidad de identificar zonas inundables a través de las llamadas de emergencias al 112. Estos avisos “siempre indican una causa y, al estudiar dónde se producen, podemos ajustar las zonas afectadas por una riada”, explica Olcina, que es uno de los autores. En ese caso, el trabajo se centró en las inundaciones de la Vega Baja del Segura en septiembre de 2019 y es un análisis concreto impulsado dentro del Plan Vega Renhace, que se puso en marcha para recuperar los municipios afectados por la catástrofe. Por el momento, no hay un programa oficial para ajustar la cartografía de zonas inundables a través de esta metodología, pero otros equipos de investigación están realizando la misma labor en otras zonas.

Otra manera de agregar este tipo de información es recurrir a las imágenes de satélite del programa Copernicus, ya que después de un fuerte episodio de lluvias puede ofrecer una visión precisa de la lámina de agua, el espacio afectado por la inundación. No obstante, para que esa información sea realmente útil, hay que transformarla en un mapa de riesgo, que no solo tiene en cuenta cuáles son las zonas afectadas, sino también la presencia humana en el territorio, en forma de viviendas o actividades económicas. Cuanto más precisas sean las dos informaciones, más valor tendrá el mapa de peligrosidad resultante.

Además, hay que tener en cuenta que la delimitación de zonas inundables funciona con un parámetro estadístico conocido como periodos de retorno, es decir, la frecuencia con la que tiene lugar un evento. En España, para considerar que una zona es inundable, se tienen en cuenta hasta 500 años. En teoría, cuando más alejada está una inundación en el tiempo, se puede pensar que es menos probable que vuelva a suceder. Sin embargo, “en el contexto de cambio climático que vivimos, ese parámetro no es del todo correcto, habría que revisarlo continuamente, analizar los eventos históricos y escoger siempre la zona más amplia que haya sido inundada para delimitar la zona de riesgo, eso nos garantiza una mayor seguridad para la vida humana”, propone Olcina.

Hoy en día, cualquier plan urbanístico debe acompañarse de un mapa de riesgo. De hecho, desde el año 2008 está prohibido calificar como zonas urbanizables aquellas en las que el riesgo sea elevado. Los ayuntamientos y comunidades autónomas están obligados a cumplir y vigilar que se cumplan estas normas, pero no siempre se cumple en los municipios pequeños con poco desarrollo urbanístico. Además, donde ya existe una ocupación, prima el derecho a la propiedad. “En Francia no es así”, apunta el geógrafo, “porque cuenta con una la ley de riesgos naturales que prevé supuestos de expropiación en áreas de alto riesgo”. En cambio, en nuestro país, “si una vivienda está situada en un barranco, la ley no permite eliminarla”.

Un cambio de paradigma: no valen los diques

Lo cierto es que la investigación sobre gestión del riesgo de inundación ha cambiado mucho en los últimos tiempos. Controlar las aguas mediante grandes obras de infraestructura era el viejo paradigma hidráulico. En España no solo se construyeron muchas presas, algunas con la finalidad concreta de contener grandes avenidas de agua, sino que también se desviaron cauces de ríos importantes, incluyendo el Turia en Valencia y el Guadalquivir en Sevilla. “Seguramente, todo eso era necesario entre la década de los cuarenta y de los noventa, pero en algún caso se ha visto que esas obras de desviación de cauces, como las de la zona del Segura a finales de los 80, han sido contraproducentes”, comenta Olcina. Aunque las canalizaciones crean “una falsa sensación de seguridad” en la población, hay que tener en cuenta que fueron calculadas “para un periodo sin cambio climático”. Eventos posteriores han demostrado que, en realidad, han resultado perjudiciales.

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Una vez más, el catedrático pone como ejemplo la inundación de septiembre de 2019 en la Vega Baja del Segura. “El agua rompió los diques de contención de la canalización que se había construido y, una vez que inundó, la zona tardó mucho más tiempo en volver al cauce original, precisamente, por culpa de los muros de hormigón, así que esas obras se convierten en un problema”, explica. Este tipo de actuaciones, generalmente urbanas, también suelen contribuir a aumentar la velocidad a la que circulan las aguas en caso de una gran avenida, multiplicando el peligro.

Por eso, hoy en día, en los núcleos urbanos los expertos prefieren los sistemas de drenaje sostenible con colectores de gran capacidad, depósitos pluviales o parques inundables. Estos sistemas permiten asumir los grandes chaparrones (por ejemplo, 100 litros por metro cuadrado en pocas horas). En el caso de grandes inundaciones provocadas por ríos caudalosos, se tiende a la delimitación de zonas de inundación natural. “Hay espacios que sabemos que se van a inundar, así que hay que llegar a acuerdos con quienes los ocupan, generalmente agricultores, para compensarles económicamente si el río se desborda”, señala el experto de la Universidad de Alicante, “así evita la construcción de grandes obras de hormigón que no resuelven el problema”.