Ahora que ha pasado esta DANA, ¿qué hacemos para adaptarnos a las siguientes?

El impacto de la última DANA en algunas comunidades, y de manera muy especial en Castilla-La Mancha, ha resultado catastrófico. Con tres muertos, tres desaparecidos y graves daños en infraestructuras, en el campo y en pueblos y ciudades, cualquier intento de relativizar los daños y tildar de exagerados los avisos y las alertas de la Aemet (una de las mejores agencias meteorológicas del mundo) son, no solo improcedentes, sino del todo inadmisibles.

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En lugar de ello, lo que corresponde en estos momentos es acelerar los mecanismos de ayuda activando los fondos necesarios, tanto estatales como europeos, y evaluar la eficacia de los mecanismos de respuesta que se pusieron en marcha, o no, para hacer frente a la alerta. Incluso plantearse cuál habría sido el escenario al que nos estaríamos enfrentando si la predicción se hubiera cumplido al dedillo y, en lugar de desplazarse en el último momento alrededor de 40 kilómetros hacia el oeste afectando gravemente a poblaciones como Navalcarnero, Villamanta o Aldea del Fresno, hubiera impactado de lleno y con la misma virulencia en Madrid capital.

Las ciudades en el ojo del huracán

Todos los informes sobre vulnerabilidad frente al cambio climático coinciden en señalar las grandes áreas metropolitanas, donde vive la mayor parte de la población mundial, como los territorios que presentan mayores niveles de riesgo y que se van a ver más afectados. La documentación acumulada es apabullante: desde informes de evaluación de impacto que llegan incluso a predecir el número de víctimas hasta trabajos científicos que demuestran que, en un mundo cada vez más urbano, es necesario repensar el concepto de ciudad para evitar que las mayores catástrofes humanitarias asociadas al cambio climático se den en las ciudades.

En nuestro país, las proyecciones de cambio climático destacan que los entornos urbanos se van a ver señaladamente expuestos tanto al aumento de la duración y recurrencia de las olas de calor como a los episodios de lluvias torrenciales e inundaciones. Unas inundaciones que, como denuncian los expertos en urbanismo sostenible, se van a ver favorecidas por el mantenimiento (o incluso incremento en el caso de Madrid) de amplias superficies impermeables, que impiden la infiltración y favorecen la escorrentía, y de sistemas de alcantarillado obsoletos que son incapaces de atender con las suficientes garantías el reto al que nos enfrentamos.

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En su informe sobre vulnerabilidad y adaptación al cambio climático del año pasado, los expertos del IPCC señalaban la alta responsabilidad de la gobernanza a la hora de evitar y reducir la exposición al riesgo de los ciudadanos. “Las ciudades y las infraestructuras —señalan en dicho informe— se vuelven mucho más vulnerables cuando las decisiones de inversión no tienen en cuenta los riesgos del cambio climático”. Añadiendo que “estos fracasos en prevención pueden deberse tanto a una falta de financiación o de acceso a la tecnología adecuada como a una falta de comprensión o a prioridades contrapuestas”. Es decir, a la hora de hacer nuestras ciudades más resilientes al clima, tan peligroso es carecer de fondos como de políticos concienciados y capacitados para administrarlos.

Como establece el plan nacional 2021-2030, la adaptación al cambio climático comprende todas las acciones orientadas a evitar o reducir los impactos potenciales y los riesgos derivados del cambio climático, disminuyendo la vulnerabilidad y aumentando la resiliencia de las sociedades, muy especialmente de las urbanas. Sin embargo, ¿qué están haciendo nuestras ciudades al respecto?

Falta de previsión

Un reciente trabajo de investigación del Basque Centre for Climate Change (BC3) establecía que la planificación para la adaptación al cambio climático en las ciudades españolas se encuentra aún en sus primeras etapas, pues menos del 20% de las analizadas (52 capitales de provincia y dos ciudades autónomas) cuentan con políticas de adaptación incluidas en un plan de acción a corto plazo: con medidas específicas y acciones concretas.

Como se señala en este estudio, algunas ciudades pioneras, como Londres, Milán o Ámsterdam, en Europa, o Singapur, Curitiba en Brasil y Durban en Sudáfrica, comenzaron hace casi 20 años a integrar las medidas de adaptación al cambio climático en el mantenimiento de sus infraestructuras y sus planes urbanísticos para reducir el riesgo de la población. Desde entonces, ciudades grandes y pequeñas de todo el mundo han seguido su ejemplo.

Madrid y París: sol y sombra

Uno de los casos más ejemplares es el de París, cuyo Ayuntamiento anunciaba el mes pasado un plan de inversiones a corto plazo con el que espera dar la vuelta al aspecto de la ciudad para adaptarse a las nuevas condiciones climáticas que está empezando a experimentar, que van desde alcanzar temperaturas máximas de casi 43 grados a sufrir lluvias intensas con graves inundaciones como las de 2018 o 2022. Entre otras medidas, se van a plantar 170.000 árboles en los próximos tres años, se eliminarán plazas duras, se suprimirán zonas de aparcamiento y se levantará el 40% del asfalto que cubre sus calles y avenidas para instalar más zonas ajardinadas y parterres.

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El propio IPCC recuerda en su informe que “los corredores de vegetación, las zonas verdes, los humedales y otras infraestructuras y equipamientos basados en la naturaleza pueden integrarse en el entorno urbano para reducir el calor y minimizar los riesgos de inundación, al tiempo que proporciona otros beneficios para la salud de los habitantes”. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, en Vitoria, que fue capital verde europea en 2012 y figura entre las ciudades europeas más implicadas en medidas de mitigación y adaptación al cambio climático.

Todo lo contrario a lo que está haciendo Madrid, que, lejos de aumentar su superficie arbolada, planea talar más de 1.000 ejemplares en la zona de Madrid Río, y, en lugar de reducir las plazas duras y aumentar los espacios verdes, acaba de convertir la Puerta del Sol en una de las mayores zonas pavimentadas a base de granito y hormigón en un ejemplo de esa “falta de comprensión o prioridades contrapuestas” a las que aludían los expertos de la ONU.