El Gobierno tumbará la urbanización de lujo frente a Doñana por el uso del agua

El proyecto de macrourbanización de lujo y campo de golf frente a Doñana acabará, casi con total seguridad, en un cajón. Esto es así porque la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), que depende del Ministerio de Transición Ecológica, no tiene previsto dar luz verde al desarrollo urbanísitico. Esta decisión quedará certificada en un informe que todavía debe tardar en emitir, pero el presidente de la entidad, Joaquín Páez, ha explicado este miércoles en RNE y la Cadena SER los motivos que llevarán a rechazar la iniciativa. De un lado, está el uso del agua y de otro el hecho de que se trata de un terreno en riesgo de inundación.

El agua de la localidad de Trebujena, donde se ha proyectado la urbanización, sale de la demarcación del Guadalete-Barbate, que depende de la Junta. Pero Páez ha explicado en las entrevistas que "de forma confusa" también contempla uso de recursos hídricos del Guadalquivir, al menos de forma provisional mientras se construyan "dos depuradoras" que servirán para el riego del campo de golf. "No estamos en disposición de conceder agua al proyecto", ha dicho Paéz en la SER, donde ha garantizado que se va a emitir "un informe negativo" porque el plan hidrológico del Guadalquivir no contempla aumentar la cesión de agua en esta zona.

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Hay que tener en cuenta que este miércoles, en los pasillos del Congreso, Teresa Ribera se ha vuelto a referir al asunto. La ministra de Transición Ecológica ha calificado de “absurdo” el proyecto de urbanización en las marismas de Trebujena y se ha mostrado confiada en que la CHG informe en contra de este desarrollo urbanístico. No obstante, desde el Ministerio de Transición Ecológica recuerdan que la “discusión” no está en que el proyecto esté en suelo con riesgo de inundación, como figura en la Cartografía Nacional de Zonas Inundables. Según el Gobierno central, la “discusión social” está en que la Junta autorice el uso de “un determinado volumen de agua” en la actual situación de sequía.

Mientras tanto, el Gobierno de Juanma Moreno elude su responsabilidad y señala al PSOE porque el proyecto data de 2003, con Manuel Chaves en la Junta. El portavoz del Gobierno autonómico, Ramón Fernández-Pacheco, ha recordado este miércoles que el Ejecutivo de Juanma Moreno “no ha autorizado nada” y se ha limitado a emitir una Declaración Ambiental Estratégica (DAE) favorable a una iniciativa que recibió luz verde de la Junta bajo mandato socialista en varias ocasiones desde que un promotor privado impulsó el desarrollo urbanístico en 2003.

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La tesis de San Telmo, según ha expresado el consejero de Sostenibilidad, es que las actuaciones de la Junta son pasos que dan a petición del Ayuntamiento de Trebujena, que impulsó bajo la anterior alcaldía una modificación de su plan general de ordenación urbana que debe ser visado por la Junta. Según Fernández Pacheco, los “cinco informes” en los que se fundamenta la DAE, emitidos por técnicos de la Administración, son favorables. Pero el quid la cuestión, apuntan en el Gobierno andaluz, está en el documento que debe emitir la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG).

“Alguien debería explicarle a la señora [Teresa] Ribera que este proyecto no es nuevo, que no ha entrado en la Junta de Andalucía hace unos meses”, ha espetado el consejero de Sostenibilidad de la Junta, que recuerda que fue la Administración socialista quien “amparó” el proyecto entre 2003 y 2019, cuando el PSOE salió de San Telmo. “Este proyecto es suyo”, ha abundado, por lo que ha sugerido que la ministra de Transición Ecológica habla “de oídas” o que “se ha quitado la careta de la institucionalidad para convertirse en una hooligan radical”.

En el Gobierno andaluz recuerdan que Trebujena “no está en Doñana” a pesar de la proximidad, y que uno de los atractivos de las viviendas de lujo es que tienen vistas al parque nacional. “Ha detectado que hablar de Doñana le da buenos titulares”, ha criticado el portavoz de la Junta, que acusa a Ribera de preocuparse por el medio ambiente “si puede utilizarlo como arma electoral y contra los andaluces”. En este contexto, el propio Juanma Moreno ha recuperado la estrategia que ya utilizó cuando el Gobierno se lanzó en tromba contra la Junta por la ley de regadíos del entorno de Doñana y ha pedido a Pedro Sánchez que “deje de insultar a Andalucía”.

Los trámites con el PSOE en la Junta

Lo cierto es que el primer visto bueno a este proyecto llegó de la mano de la Junta gobernada por el PSOE, aunque los cambios en la norma y las trabas administrativas y medioambientales han retrasado su tramitación durante décadas. El Ayuntamiento se comprometió a recalificar los suelos de estas marismas desecadas en 2003, firmando un convenio con el promotor belga Bernand Devos.

El proyecto original contemplaba levantar el campo de golf y hasta 750 viviendas de lujo, siendo mucho más ambicioso que el actual. La Junta empezó a valorar el cambio del PGOU en 2006, dando un primer visto bueno al PGOU de Trebujena en 2007. Desde el Ayuntamiento insisten en que, desde entonces, la zona se considera suelo urbanizable, por lo que los promotores cuentan con el “derecho irreversible” a construir, aunque las autorizaciones ambientales en estos terrenos inundables han amenazado su viabilidad desde entonces.

Paralelamente, la Junta gobernada por el PSOE inició en 2007 el expediente de tramitación del Plan de Ordenación del Territorio de la Costa Noroeste (POTCN), una norma superior a los PGOU municipales en esta comarca, entre los que se incluía el de Trebujena. En aquel documento se contemplaba este macroproyecto urbanístico en las marismas, consideradas “área de oportunidad de dinamización turística”. Eso sí, el filtro autonómico redujo el número de viviendas a 300 e instó al Ayuntamiento a incluir esta propuesta como “norma de rango superior y obligado cumplimiento”.

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De esta forma, el Ayuntamiento puso en marcha el uso residencial de estos suelos, aunque durante la última década se ha enfrentado a las trabas medioambientales. La Junta de Andalucía solicitó el trámite de Evaluación Ambiental Estratégica ordinaria —el procedimiento de evaluación medioambiental más riguroso—, que el promotor elaboró y el Ayuntamiento remitió a la Junta de Andalucía justificando la viabilidad.

En 2019, el pleno de Trebujena sometió a información pública este estudio, aunque se topó con una importante oposición de colectivos sociales y ecologistas. La sensibilidad medioambiental de la ciudadanía era mayor que en años anteriores, e IU se enfrentó a importantes manifestaciones en el bastión histórico del partido, Trebujena, considerado por muchos la Marinaleda gaditana. Se presentaron hasta 900 alegaciones, aunque ninguna ha sido respondida hasta el momento.

Desde entonces no había habido novedades, aunque la Junta de Andalucía, en manos del PP desde enero de 2019, ha emitido esa declaración ambiental estratégica como positiva, aunque condicionada al pronunciamiento de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, competente en materia de suelos inundables. Según afirman desde el Ejecutivo andaluz, solicitaron su estudio hasta en tres ocasiones sin respuesta y estaban obligados a emitir la resolución al agotarse los plazos.