Yo te consigo los votos, tú proteges al taxi: la jugada detrás del nuevo decreto anti-VTC

Nadie pensó que podría volver a ocurrir, pero está a punto de suceder. El Gobierno ultima un nuevo decreto ley de urgencia (el cuarto en ocho años) para regular la actividad de las VTC en nuestro país. El movimiento ha sorprendido a todos, incluso a los propios taxistas, y ha encendido a Uber, Cabify y Bolt, que temen la aprobación de una nueva ley anti-VTC. Los temores no son infundados. La sintonía entre el Ministerio de Transportes y el taxi es "muy buena", tal y como admitían la semana pasada representantes del taxi tras varias reuniones mantenidas en el ministerio. Las patronales de las VTC fueron invitadas a última hora después de quejarse a la Comisión Europea. Muchos en el sector se preguntan ahora no solo por el contenido final del documento, sino, sobre todo, por la última jugada del taxi. ¿Cómo han logrado adelantar por la derecha a las VTC, sentarse a negociar en exclusiva con el ministerio y marginar a su eterno enemigo?

El origen del enésimo conflicto entre el taxi y Uber, Cabify y Bolt es, de hecho, muy reciente. El pasado 8 de junio, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) asestó un duro golpe al taxi al tumbar la limitación del famoso ratio 1-30, que obligaba a una proporción de una licencia VTC por cada 30 de taxis. El alto tribunal considera que la medida supone una restricción a la libertad de establecimiento y, por tanto, es contraria a la normativa europea.

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Sin embargo, lo que el TJUE le quitó al taxi por un lado se lo dio por otro, al establecer que la exigencia de una segunda licencia urbana para las VTC, algo que sucede en comunidades como Cataluña, "puede ser necesaria para la buena gestión del transporte, del tráfico, del espacio público y de la protección del medio ambiente". Dicho de otra forma, abría la puerta a que esa segunda licencia, que otorgan las CCAA, se convierta en una exigencia generalizada en nuestro país. Un golpe, en este caso, a las VTC.

Tras el pronunciamiento de Europa, los lobbies del taxi y de las VTC se lanzaron contra reloj a mover hilos por un motivo clave: ahora mismo hay más de 100.000 licencias VTC nacionales (otorgadas por el Ministerio de Transportes), muchas en manos de Cabify, paradas en los tribunales que, con la sentencia europea en la mano, podrían aprobarse e inundar el sector. De ocurrir, para los taxistas supondría "una catástrofe", como señalan diversas fuentes del sector a este diario. De repente, habría decenas de miles de coches más en las carreteras. Para las compañías de VTC existentes, el aumento desmesurado de la competencia tampoco sería una gran noticia, el mismo pastel a repartir entre más. Pero para Uber, Cabify y Bolt, sin embargo, sería un triunfo. Su negocio va a volumen, depende del número de coches en las calles, así que a más ruedas, más viajes y más ingresos.

Añada otro factor decisivo: estamos en periodo preelectoral y es ahora o nunca. Especialmente para el taxi, que sabe que con un Gobierno del PP, favorable a la liberalización del sector, sería inviable aprobar otro decreto como el que está a punto de firmar el Gobierno. En realidad, fue el propio Gobierno quien soltó la bomba. La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez (PSC), confirmó el pasado lunes (previa filtración a los medios) que trabajaba en un nuevo decreto exprés para "establecer unos requisitos a las autorizaciones de VTC, basados en el interés general, en la correcta gestión del tráfico y en la protección al medioambiente".

Lo que no dijo la ministra es que se iba a reunir con dos de las principales asociaciones del taxi, Antaxi (Asociación Nacional del Taxi) y Élite Taxi. Esta última representa a más de 3.000 profesionales en Barcelona, con Alberto Tito Álvarez al frente, el capo de la guerrilla urbana del taxi. La noticia supuso un terremoto instantáneo tanto en el seno del taxi como en las VTC. Fedetaxi, una de las principales asociaciones en Madrid, con 5.000 socios, afirmó haberse enterado por los medios de las reuniones con el ministerio y emitió un comunicado mostrando su enfado. ¿Cómo es posible que asociaciones como Élite y Tito Álvarez estén en las reuniones y nosotros no?

Las dos principales patronales de VTC del país, Feneval y Unauto, llegaron a escribir a la comisaria europea de Transportes, Adina Valean, quejándose de la situación. "No solo nos parece indignante que el Gobierno pueda aprobar una regulación urgente para eludir al TJUE, también el hecho de que se esté llevando a cabo una negociación para imponer nuevas restricciones a las VTC exclusivamente con las asociaciones de taxis, justo antes de unas elecciones nacionales", señalaron en un comunicado.

Tito Álvarez, activista y héroe para muchos, mafioso para otros, disfrutaba a lo grande ante el revuelo generado. "Nen, ¿sabes de quién he aprendido yo todo esto? De Uber y Cabify. Qué pasa, ¿que solo ellos van a poder hacer lobby y mamonear?", dice antes de estallar a reír al otro lado del teléfono en conversación con este diario.

¿Cómo ha conseguido Tito, otra vez, trato preferente en el Ministerio de Transportes para negociar a placer el futuro del taxi y de las restricciones a las VTC?. "Les hemos lanzado un Tomahawk a todos los partidos. O se movían o la íbamos a liar parda", señala en referencia a las movilizaciones programadas en Madrid y Barcelona para el pasado jueves 22, que ahora se han fijado para este jueves 29, igual que una bomba de relojería. La explicación, sin embargo, va mucho más allá. "Esto es una historia de tráfico de influencias", señalan fuentes del sector. Y apuntan a un nombre y tres fechas.

El nombre es Jaume Collboni, alcalde in extremis de Barcelona, y la primera fecha es justo hace un año, 16 de junio de 2022. Ese día, la ministra de transportes, Raquel Sánchez (PSC), había convocado una reunión decisiva con todos los directores generales de transporte para abordar una posible moratoria del decreto Ábalos, vigente en ese momento. La ley expiraba en octubre y las CCAA debían entrar a regular a las VTC. Varias CCAA, con la Comunidad Valenciana al frente, pidieron una moratoria para dar aire a las VTC. Era uno de los puntos del día. Tito Álvarez se hizo con la agenda, la filtró, amenazó con movilizaciones, y comenzaron las llamadas. Miembros destacados del PSC, entre ellos Jaume Collboni, pidieron a la ministra cancelar la reunión. Horas después, ocurrió, el encuentro se desconvocó.

La segunda fecha se produjo semanas después, en plena negociación del decreto ley del Govern para regular las VTC. Junts per Catalunya elaboró un borrador con una serie de restricciones, pero no era suficiente para el taxi. Collboni cogió el mando, se reivindicó como el auténtico defensor del sector en diversas declaraciones públicas, e impulsó medidas hiperrestrictivas, como la exigencia de que los coches deberían medir 4,9 metros. El Parlament de la Generalitat lo aprobó el 20 de julio, convirtiéndose así en el reglamento más lesivo para las VTC de España, tan restrictivo que empresas como Auro han decidido ya abandonar Barcelona en cuanto caduquen sus licencias.

"Collboni hizo ese movimiento por pura estrategia política. Le quitó el papel de máximo defensor del taxi a Ada Colau a 10 meses de las municipales con el convencimiento de que el taxi es un poder fáctico tan grande en Barcelona que lo necesita para ganar unas elecciones", comentan fuentes consultadas con conocimiento directo de la estrategia del PSC en Barcelona. Collboni no se olvidaba de lo que hizo Élite Taxi y Tito Álvarez en 2019, pedir el voto para Colau. Así que echó el resto para convertirse en el nuevo y mayor aliado de Tito y el taxi barcelonés.

Esto nos lleva a la 3.ª fecha, el pasado 25 de mayo. Élite Taxi hace efectivo su giro: abandona a Colau y a los comunes y pide el voto para Collboni y el PSC. "El acercamiento y la sensibilidad que han mostrado con el sector ha forjado algo que va más allá", aseguraba Élite en un comunicado. Con 3.000 afiliados, se estima que la asociación puede llegar a influenciar entre 5.000 y 6.000 votos en la Ciudad Condal. Collboni finalmente ganó por una diferencia de solo 342 votos sobre Colau y se cumplió la carambola, se convirtió en el nuevo alcalde de Barcelona. "Le debe el favor de su vida a Tito", señala una fuente del sector. Y ahora ha llegado el momento de cobrarse ese tanto.

Solo conociendo este contexto se entiende lo que puede ocurrir esta semana: la aprobación de un decreto ley exprés para evitar que entren más VTC en España y restringir en lo posible la actividad de las que ya circulan. Un decreto ley con el que Collboni ha estado presionando desde hace semanas a la ministra de transportes, Raquel Sánchez.

"Mira, yo voy de frente. Soy un puto enfermo obsesivo de la estrategia. Necesitábamos estar en Madrid y eso pasaba por el PSC"

Preguntado al respecto, Tito no se esconde. "Sí, el PSC ha intercedido. Carlos Prieto, delegado del Gobierno en Cataluña, a instancias de Collboni, hizo una petición expresa para que estuviéramos en las negociaciones. ¿Que nos estamos cobrando el favor? Bueno, es una lectura, eso de qué hay de lo mío, ¿no?. Mira, yo voy de frente. Soy un puto enfermo obsesivo de la estrategia. Necesitábamos estar en Madrid y eso pasaba por el PSC, que siempre nos ha defendido. Hemos apostado, nos podía haber salido bien o mal, pero quien no arriesga no gana".

Fuentes del sector VTC consultadas aseguran que el triángulo Jaume Collboni-Tito Álvarez-Raquel Sánchez puede ser constitutivo de un delito de prevaricación y no descartan iniciar medidas legales en función de lo que ocurra en los próximos días. "Collboni está echando el resto para pagar el favor, le debe la alcaldía a Tito, está intercediendo a lo bestia para que este decreto salga adelante y seguir protegiendo la viabilidad económica del taxi, algo que el TJUE ha dejado claro en su sentencia que es ilegal. Eso es prevaricar".

"No se pueden justificar restricciones a las VTC por cuestiones medioambientales o de tráfico que no afecten a los taxis en igualdad de condiciones", argumentaba recientemente en una columna María Gutiérrez, profesora titular de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid. "Los poderes públicos deben asumir que los excesos de protección a favor de un competidor están prohibidos. Tanto es así que perpetuar restricciones discriminatorias en contra del principio constitucional de interdicción de la arbitrariedad podría conllevar incluso responsabilidades personales en el ámbito penal".

"Las VTC ven prevariación por todos lados. Nos acusaron de eso con Damià Calvet [exconseller de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat], con Ábalos y ahora con Collboni. Pero, vamos a ver, ¿ellos pagan millones a políticos para que les hagan lobby, y no pasa nada, y nosotros no podemos hacer presión e intentar influir? Son unos asustaviejas", señala Tito Álvarez, quien se ha convertido en la pesadilla número uno de los directivos de Uber no ya en España, también en California. "Nen, ¿por qué crees que al anterior decreto le acabaron llamando el DecreTito?", asegura. "Lo vamos a volver a hacer".