Golpe al taxi: Europa rechaza las limitaciones a los VTC y abre una nueva batalla judicial

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha ratificado este jueves en una sentencia que la ratio 1-30 que limita las licencias VTC respecto al taxi incumple la normativa europea y, por tanto, es contrario al derecho comunitario. Además, ha confirmado que las restricciones a los VTC impuestas en el área metropolitana de Barcelona son también opuestas al derecho de la Unión, aunque admite que esa segunda licencia "puede ser necesaria". Según el alto tribunal de Luxemburgo, “la limitación de las licencias de servicios de VTC a una por cada treinta licencias de servicios de taxi no parece idónea para garantizar la consecución de los objetivos de buena gestión del transporte, del tráfico y del espacio público, así como de protección del medio ambiente”. La sentencia sigue la recomendación del abogado general de la Unión, que en diciembre se expresó en contra de esta medida, y abre ahora una nueva batalla judicial en España.

“La exigencia de una autorización específica adicional y la limitación del número de licencias constituyen, ambas, restricciones al ejercicio de la libertad de establecimiento, pues la primera limita efectivamente el acceso al mercado a todo recién llegado y la segunda limita el número de prestadores de servicios de VTC establecidos en el AMB”, señala el TJUE en una sentencia muy contundente, en la que se centra en comprobar si esas dos exigencias están justificadas.

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La Justicia europea entiende el interés público que existe en intentar mejorar la gestión del transporte, del tráfico y del espacio público, pero señala que “el objetivo de garantizar la viabilidad económica de los servicios de taxi es un motivo de carácter puramente económico que no puede constituir una de esas razones”, para concluir después que el establecimiento de la ratio de un VTC por cada 30 taxis tampoco ayuda a cumplir dichos objetivos.

Respecto a la exigencia de una segunda licencia urbana en el Área Metropolitana de Barcelona, pese a considerar la medida contraria al derecho comunitario, el TJUE estima que esta exigencia "puede considerarse necesaria para alcanzar los objetivos de buena gestión del transporte, del tráfico y del espacio público, así como de protección del medio ambiente". Pero añade: "Esta autorización específica debe basarse en criterios objetivos, no discriminatorios y conocidos de antemano, que excluyan cualquier arbitrariedad y que no se solapen con los controles ya efectuados en el marco del procedimiento de autorización nacional, sino que respondan a necesidades particulares del AMB". Esto abre la puerta a que las CCAA puedan añadir esta segunda licencia, ajustada a las particularidades que señala el TJUE.

El alto tribunal de Luxemburgo señala que “es posible adoptar medidas menos restrictivas para limitar el posible impacto de la flota de los VTC en el transporte, el tráfico y el espacio público en el área metropolitana de Barcelona”, y cita algunos ejemplos, como “medidas de organización de los servicios de VTC, limitaciones de estos servicios durante determinadas franjas horarias o incluso restricciones de circulación en determinados espacios”.

Eso sí, en la sentencia el TJUE descarta que haya ayuda pública ilegal hacia los taxis. “El Tribunal de Justicia, en primer lugar, considera que las dos medidas establecidas por la normativa nacional no parecen conferir ayudas de Estado a las empresas que prestan servicios de taxi”, señala el texto, argumentando que no parece que haya “fondos estatales” implicados.

La sentencia, por tanto, supone un varapalo al taxi, por un lado, ya que la anulación del ratio 1/30 abre la puerta a que miles de licencias VTC acaben aprobadas por el Tribunal Supremo. Se estima que puede haber más de 20.000 licencias VTC recurridas ante el alto tribunal, que esperaba precisamente la pronunciación del TJUE para darles una salida. Por otro lado, la posibilidad de que las CCAA establezcan un filtro adicional en forma de segunda licencia urbana, como ocurre en Barcelona, es una victoria parcial al taxi que tendrá todavía que dirimirse en los tribunales, ya que las compañías de VTC muy probablemente recurrirán todas las decisiones.

"Estamos contentos con la sentencia. En el fondo, lo que dice es que, mientras justifiques las medidas que tomes en un área metropolitana o en un Ayuntamiento, puedes restringir. No ve proporcionado el 1/30, pero, si justificas las medidas de restricción, por temas medioambientales o similares, son posibles", explica a El Confidencial Alberto Tito Álvarez, portavoz del sindicato mayoritario Élite Taxi. "Vamos a convocar una movilización el miércoles que viene porque aquí en Cataluña, el Área Metropolitana de Barcelona y el Ayuntamiento han hecho su trabajo, pero falta el ministerio. Ahora, si se conceden miles de licencias VTC, podrán dar servicios interurbanos. Y eso puede ser una invasión. El ministerio tiene que entrar para parar esta sangría".

Por su parte, Ignacio Manzano, portavoz de Feneval, una de las patronales del sector de los VTC, asegura que la sentencia "no hace sino demostrar que la regulación de algunas regiones españolas es contraria al derecho español y europeo, y nos coloca a la cola de muchos países de la región en materia de movilidad y sostenibilidad". Jose Manuel Berzal, portavoz de la otra patronal, Unauto, asegura que, "tras esta sentencia, el regulador español deberá adaptar la normativa para que el número de licencias sea determinado en función de las necesidades de movilidad de los ciudadanos y el cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad, y no con base en los intereses de la minoría más radical del taxi".