Empresas turísticas se enfrentan a demandas

Las familias cubanas expropiadas ponen el ojo (y las demandas) en empresas españolas

Conscientes de la imposibilidad de recuperar las tierras e inmuebles que seis décadas atrás perdieron en las expropiaciones del Gobierno castrista, se conforman con multimillonarias demandas

Hace tiempo que las familias cubanas que perdieron sus tierras e inmuebles tras la llegada de Fidel Castro al poder se resignaron a no poder volver a su país para recuperar los activos expropiados. Pero no renuncian a ser compensadas. Y algunas empresas españolas —la mayoría, del sector turístico— están en el ojo de los demandantes, quienes esgrimen la controvertida Ley Helms-Burton para justificar una indemnización de aquellas compañías que se lucraron con sus propiedades.

¿Por qué ahora, 60 años después de la Revolución y más de 20 desde la aprobación de la Helms-Burton? Por la decisión del Gobierno de Donald Trump de activar este instrumento legal, incluido su título III, que abre la puerta a demandas contra compañías y personas de terceros países que presuntamente se hayan lucrado de las expropiaciones en Cuba. Aunque su ámbito de ejecución son los tribunales federales estadounidenses, existe la posibilidad de que su influencia alcance las cortes de otras naciones. Empezando por España.

"En esencia, sería que nos paguen por el uso de las propiedades mientras no podamos utilizarlas, y de esa manera eviten el riesgo de las demandas o la revocación de visas. Una cantidad de dinero a cambio de un permiso", explica el abogado Nick Gutiérrez en una entrevista con El Confidencial realizada en la ciudad de Miami.

La primera, ¿de muchas?

Gutiérrez, letrado cubanoamericano residente en Florida, presentó en junio la primera demanda tras la vigencia completa de la Ley Helms-Burton contra contra Meliá Internacional en Palma de Mallorca —como adelantó en junio El Confidencial—. En el procedimiento judicial, los demandantes —descendientes de Rafael Lucas Sánchez Hill, antiguo potentado azucarero y ganadero— acusan a la cadena hotelera de "traficar con propiedad robada, sabiendo que es robada".

Sánchez Hill poseía amplios dominios que se extendían por el norte de las actuales provincias cubanas de Holguín (este) y Artemisa (oeste), que incluían dos valiosas centrales azucareras. Pero 60 años después, las pretensiones de sus hijos y nietos nada tienen que ver con plantaciones de caña de azúcar, sino con el casi medio centenar de kilómetros de playa que alguna vez formó parte del feudo familiar en el este de la isla.

Tras la llegada al poder en 1959 de Fidel Castro, la Santa Lucía Company SA —razón social bajo la cual operaban los negocios de los Sánchez Hill en la zona— poseía una hacienda de alrededor de 486 kilómetros cuadrados en Holguín, según reseña el historiador Guillermo Jiménez Soler en el libro 'Las empresas de Cuba. 1958', la más completa investigación publicada sobre el tema. Estos activos, como todas las grandes empresas indutriales y comerciales, fueron expropiados en virtud de la Ley 890.

Un sinsentido procesal

Por entonces, aquellas parcelas poseían poco o ningún valor. Y así fue hasta mediados de los noventa, cuando comenzó a construirse allí el polo turístico de Guardalavaca —propiedad de la compañía cubana Grupo Gaviota—, un próspero balneario que en la última década se ha convertido en uno de los más pujantes del Caribe.

La presencia en la zona de varias hoteleras españolas no pasó desapercibida a los Sánchez Hill, quienes desde hace años presionan a Meliá en busca de un acuerdo. "Llegaron a ofrecer saldos millonarios [los directivos de la compañía balear] pero se echaron atrás porque se dieron cuenta de que Estados Unidos no iba a ejecutar el título IV, y el título III ni se soñaba", explica Gutiérrez. Ahora, la situación ha cambiado.

Los Sánchez Hill piden una indemnización de al menos 10 millones de euros a Meliá

Los Sánchez Hill piden una indemnización de al menos 10 millones de euros por dos hoteles "confiscados" —no expropiados, porque no hubo compensación—. Los abogados de la cadena hotelera Meliá han calificado la demanda como un "ejercicio esquizofrénico", "un gigantesco fraude" y un sinsentido procesal. Además, consideran que hay falta de jurisdicción y de competencia judicial internacional.

Trump cambia el juego

El presidente Trump, en una nueva ofensiva geopolítica contra La Habana, sacudió radicalmente el 'statu quo' que habían mantenido sus predecesores desde que Bill Clinton rubricara el Acta para la Libertad y la Solidaridad Democrática con Cuba (nombre oficial de la Ley Helms-Burton) en marzo de 1996. Durante sus dos primeros años de mandato, el mandatario norteamericano mantuvo la 'norma no escrita' que suspendía cada seis meses la aplicación de los aspectos más controvertidos de la ley.

Pero la estrategia de la Casa Blanca para lidiar con Venezuela pasa por debilitar todos los apoyos del Gobierno de Maduro, comenzando por sus relaciones con La Habana. Esto, combinado con el arranque de su precampaña hacia la reelección en 2020 —en que necesitará del apoyo del 'lobby' anticastrista en el estratégico estado de Florida— impulsó al magnate republicano a ser más agresivo.

El plan se ha enfocado especialmente en atacar al turismo, uno de los sectores clave de la economía isleña, que junto a las remesas y la exportación de servicios profesionales genera casi el 80% de las divisas. Y decir turismo en Cuba es decir empresas españolas.

Dominio ibérico

Compañías ibéricas regentan un 30% de las cerca de 60.000 habitaciones hoteleras con las que cuenta la isla —tasa que llega al 90% en hoteles de cuatro y cinco estrellas—. Por ello, cuando el Departamento de Estado publicó en noviembre su segunda edición de la 'Lista de entidades y subentidades restringidas asociadas con Cuba', 11 instalaciones operadas por Meliá e Iberostar figuraban entre las poco más de 200 que recoge el documento.

En teoría, todas están a resguardo gracias a la Ley de Protección de la Soberanía Nacional, promulgada en diciembre de 1996 por el Parlamento cubano, y en España, por una legislación de 1998 y un reglamento de la UE que intentan impedir condenas de cortes estadounidenses. Pero lo cierto es que resulta virtualmente imposible calcular las consecuencias que se derivarán de la escalada de confrontación promovida por la Casa Blanca.

Además, las firmas españolas con intereses turísticos en Cuba también se exponen a los efectos colaterales del brusco giro que dio Trump a la política de deshielo con La Habana iniciada por su antecesor, Barack Obama. La derogación este año del sistema de licencias que permitían a los estadounidenses viajar a la isla y la anulación de los permisos a una docena de compañías de cruceros han hecho que el Gobierno cubano —siempre reacio a reconocer cualquier dificultad económica— se viera obligado en julio a reducir su estimación de turistas extranjeros hasta 4,3 millones de visitantes en 2019, una caída del 10% respecto al año pasado y de casi el 20% frente a los objetivos de las autoridades.

¿Qué empresas son?

Diversas empresas españolas mantienen relaciones con entidades cubanas que pueden ser demandas —o ya lo han sido— al amparo de la Helms-Burton. Estos son solo algunos de los casos más significativos: [Consulte la galería]

El aeropuerto José Martí, de La Habana, y la aerolínea Cubana de Aviación

Aunque de propiedad estatal (se subordinan a la Corporación de la Aviación Cubana SA), empresas como Iberia pueden encontrarse en una situación comprometida debido a los vínculos que mantienen con ambas instituciones. En 1958, la terminal aérea formaba parte del patrimonio de José López Vilaboy, un empresario periodístico muy vinculado al entonces dictador, Fulgencio Batista. Precisamente era Batista el principal tenedor de acciones de Cubana de Aviación, condición que disimulaba a través de un complejo entramado empresarial en el que López Vilaboy le servía de testaferro.

Iberostar Grand Packard

Uno de los dos hoteles con categoría cinco estrellas plus existente en Cuba. Incluso antes de abrir sus puertas, en noviembre de 2018, ya había sido incluido por el Departamento de Estado en la lista de 'entidades restringidas'. El edificio original, donde funcionó un hotel con el mismo nombre, pertenecía 60 años atrás a Ulloa y Compañía, una empresa familiar dedicada además a la importación y representación de automotores europeos. Propiedad de la corporación Gaviota, integrante del Grupo de Administración Empresarial (GAE), el 'holding' de empresas subordinado a las fuerzas armadas cubanas.

Hoteles Meliá en las ciudades del interior

En su amplia mayoría, ocupan antiguas instituciones hoteleras, nacionalizadas a comienzos de la década de 1960. En mayo, uno de ellos, el Meliá San Carlos, de la central ciudad de Cienfuegos, fue incluido en una demanda presentada ante las cortes federales de Florida por la familia Mata, descendiente de un acaudalado comerciante que lo había fundado en 1924. El actual hotel abrió sus puertas en enero de 2018, después de una reconstrucción capital dirigida por la cadena Gran Caribe (perteneciente al GAE), su titular, Meliá Internacional, lo opera al amparo de un contrato de administración.

Cayos turísticos de la costa norte

En junio, varias familias cubanoamericanas presentaron cuatro demandas colectivas contra hoteleras y agencias de reservas presentes en Cuba. Entre las confrontadas se cuentan Iberostar y Barceló. En islas como los cayos Coco y Guillermo, de la central provincia de Ciego de Ávila, ambas compañías tienen una presencia dominante; algunos de sus resorts (Memories Flamenco, Memories Caribe y Barceló Solymar) son mencionados de manera explícita en el texto llevado ante los tribunales.

El Salado Resort

Esta urbanización, valorada en más de 800 millones de euros, previsiblemente comenzará a levantarse en el primer trimestre del año próximo al oeste de La Habana, en las inmediaciones de la Zona Especial de Desarrollo del Mariel (ZEDM). Contempla tres hoteles, un centro de convenciones, varios terrenos y un campo de golf de categoría internacional. El 51% de la inversión será sufragado por el Estado cubano, y el resto, por la cadena Globalia. Ocuparía parte de los terrenos que antes de 1959 pertenecían al hacendado Demetrio Castillo Pokorny, principal propietario de la Compañía Azucarera Habana. A principios de junio, Radio Televisión Martí, la cadena operada por el Gobierno estadounidense para la emisión de contenidos hacia Cuba, listó este activo entre las 10 demandas más importantes al amparo de la Helms-Burton.

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