creciente interés de las familias afectadas

Las familias expropiadas afilan demandas para recuperar lo que se perdió en Cuba

Los abogados Carlos A. Rodríguez y Ana C. Malave, del despacho Rivero Mestre de Miami, confirman el aluvión de consultas de familias que sufrieron expropiaciones tras la revolución cubana

Foto: Vista general del puerto de La Habana, capital de Cuba. (Reuters)
Vista general del puerto de La Habana, capital de Cuba. (Reuters)

La Ley Helms-Burton ya toca las puertas de las empresas. Esta semana, los herederos de Antonio Sánchez Mata, un empresario de origen asturiano, han anunciado su intención de demandar a la cadena hotelera española Meliá por operar un hotel en Cienfuegos, al sur de Cuba, que les fue expropiado tras el triunfo de la revolución cubana de 1959.

En concreto, se trata del hotel San Carlos, una edificación construida por la familia Sánchez Mata en la década de los años veinte que les fue expropiada tras la revolución que llevó al poder a Fidel Castro. La familia ha demandado a los funcionarios cubanos que, a su juicio, se han lucrado con la explotación del citado hotel y ha notificado a Meliá que si en el plazo de 30 días no compensa económicamente a la familia, la incluirá en el pleito. En Cuba, cualquier empresa extranjera que quiera operar en la isla debe hacerlo a través de una sociedad mixta (participada por el Estado).

Esta demanda se suma a otras anunciadas en las últimas semanas contra otras compañías extranjeras que también operan en la isla. Carlos A. Rodríguez y Ana C. Malave, abogados del despacho Rivero Mestre, que representa a la familia Sánchez Mata, confirman en conversación telefónica con El Confidencial que hay un elevado número de familias pidiendo asesoramiento para presentar futuras demandas. "En Miami hay una importante comunidad afectada que se está movilizando", señalan a este diario. La demanda es colectiva y cualquier interesado puede sumarse.

Nicolás Gutiérrez, otro abogado afincado en Miami, coincide en apuntar el creciente interés y asegura que dentro de poco se anunciarán nuevos procedimientos. En su caso, es el asesor legal de la familia Sánchez Hill, que el pasado abril presentó demandas contra Meliá y Blau por la explotación de los hoteles Meliá Sol Río de Luna y Mares y Paradisus Río de Oro, y los de la cadena Blau Costa Verde y Playa Costa Verde, tal y como adelantó 'ABC'.

Además de estos procesos, los herederos de los que fueran propietarios de los puertos de La Habana y Santiago de Cuba también han iniciado acciones legales contra Carnival Cruise, compañía norteamericana que opera cruceros turísticos entre ambos puertos.

Preguntado por este asunto, un portavoz de Meliá ha declinado hacer comentarios y se remite al comunicado que hicieron publico tras la activación de la espinosa ley. "Aunque lamentamos la incertidumbre e inseguridad jurídica creadas por el anuncio del levantamiento de la suspensión, Meliá continúa operando con plena normalidad en Cuba, no representando el anuncio realizado en el día de hoy ninguna alteración sustancial de nuestra actividad", señaló la compañía. "Meliá opera legítimamente en Cuba y en otros 44 países, habiendo realizado una gestión impecable, profesional y responsable desde hace 30 años en el país, un destino excepcional que debe seguir abierto al turismo internacional".

Las claves de la Ley Helms-Burton

La Ley para la Libertad y la Solidaridad Democrática Cubana, más conocida como Ley Helms-Burton, fue aprobada en 1996 por el Gobierno de Bill Clinton. Desde entonces, todos los presidentes estadounidenses han mantenido suspendidos los espinosos títulos III y IV. Hasta que ha llegado Donald Trump.

El pasado abril, la Administración Trump anunció la activación de ambos títulos, una decisión que fue duramente criticada por la Unión Europea y el Gobierno de España, que ya ha señalado que apoyará y defenderá a las empresas e inversores españoles en la isla.

Todos los presidentes estadounidenses han mantenido suspendidos los espinosos títulos III y IV. Hasta que ha llegado Donald Trump

La aplicación del título III permite que los americanos y los cubanos nacionalizados reclamen en los tribunales norteamericanos una indemnización a las compañías que presuntamente se han beneficiado de las propiedades que les fueron expropiadas. A este respecto, es importante señalar que el objetivo no pasa por recuperar los bienes, sino negar el lucro a quienes explotan dichas propiedades expropiadas. Respecto al título IV, la ley permite restringir la entrada a Estados Unidos de quienes hayan confiscado bienes de norteamericanos en territorio cubano y/o hayan comerciado con ellos.

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