CREAN UN GRUPO DE SEGUIMIENTO

El Gobierno y el sector turístico crean un 'gabinete de crisis' por la Helms-Burton

El Ministerio de Industria organizó este miércoles un encuentro con empresas como Meliá, Iberostar o Iberia para abordar la espinosa activación de la Ley Helms-Burton en Cuba

Foto: Hotel Iberostar Bella Vista en Cuba.
Hotel Iberostar Bella Vista en Cuba.

El Gobierno mueve ficha ante la activación de la Ley Helms-Burton. Este miércoles, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo organizó una discreta reunión con varias empresas —entre las que se encontraban la aerolínea Iberia, las hoteleras Meliá e Iberostar y la tecnológica Amadeus— para analizar el impacto de la polémica ley, según explican fuentes empresariales. También acudieron representantes de la patronal CEOE y de las cámaras de comercio. La espinosa normativa, activada hace unos meses, abre la puerta a reclamaciones millonarias a las empresas extranjeras que operan en Cuba.

Durante el encuentro, que duró cerca de dos horas, representantes de los ministerios de Turismo, Exteriores y Justicia expusieron a los asistentes los diferentes escenarios en los que estaba trabajando el Gobierno y que incluyen la solicitud a un despacho de abogados norteamericano de un análisis de la situación, así como la petición a la Organización Mundial del Comercio (OMC) de la creación de un grupo de expertos. Aunque los asistentes celebraron la iniciativa del Ejecutivo, lo cierto es que no se sacaron muchas cosas en claro y todas las partes se emplazaron a una nueva reunión en las próximas semanas.

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo confirma a este diario la creación de un grupo de seguimiento "integrado por altos cargos de cada uno de los departamentos", en referencia a Turismo, Exteriores y Justicia. A falta de conocer los nombres, los perfiles elegidos serán tanto técnicos como políticos y servirán para concretar una línea general de trabajo que ya se inició hace dos meses, cuando la ministra Reyes Maroto viajó a Cuba para mandar un mensaje de tranquilidad a los empresarios españoles presentes en la isla.

"España trabaja activamente junto a la Comisión Europea, el resto de Estados miembros de la UE y otros socios internacionales en la adopción de todas las medidas oportunas en foros multilaterales que permitan defender nuestros intereses y el futuro de las empresas españolas en Cuba", señaló la ministra durante un desayuno con un centenar de representantes de la industria hotelera española en Cuba. Ese viaje sirvió para escenificar el apoyo del Gobierno a los empresarios afectados y expresar su predisposición a mediar con la Administración estadounidense.

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, en su visita a Cuba. (EFE)
La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, en su visita a Cuba. (EFE)

De momento, la decisión de la Administración Trump ha servido para abrir un frente de litigios, reales y potenciales, para las empresas españolas con intereses en Cuba. Aunque todas las demandas bajo el amparo de la Helms-Burton deben ser presentadas en Estados Unidos, los tribunales españoles ya tienen en sus manos la primera demanda presentada al calor de esta polémica ley.

Tal y como reveló El Confidencial, la familia cubana Sánchez Hill ha presentado una demanda contra Meliá por enriquecimiento con causa ilícita en un juzgado de Palma de Mallorca para reclamar los beneficios obtenidos por la explotación de dos hoteles en unos terrenos que les fueron confiscados tras la Revolución cubana. Meliá ha respondido con una declinatoria en la que no escatima en críticas y tilda la demanda de "esquizofrénica". Se espera que en septiembre el juzgado decida si archiva la causa o continúa con el proceso en España. Por ahora, esta es la única demanda presentada ante un tribunal español.

"Solo podemos manifestar nuestro agradecimiento por el gran apoyo, implicación y preocupación sincera que pudimos sentir las empresas afectadas" por parte del Gobierno de España, sostienen fuentes de Meliá en referencia a la reunión celebrada esta semana. El Confidencial también se ha puesto en contacto con otros asistentes como Iberostar, Iberia o Amadeus, pero no ha recibido respuesta al cierre de este artículo.

Meliá tiene 36 hoteles en Cuba en régimen de alquiler o gestión, de los cuales 11 se concentran en Varadero, siete en Cayo Santa María, cuatro en Cayo Coco y tres en La Habana. Su competidor Iberostar cuenta con 20 establecimientos con mayor presencia en Varadero, Santiago de Cuba y La Habana. Por su parte, Barceló tiene tres hoteles en Varadero frente a los dos alojamientos de NH en La Habana, si bien ninguna de estas dos últimas empresas tiene constancia de la reunión con el Gobierno.

Tampoco asistió Globalia, pese a que su aerolínea Air Europa opera en el aeropuerto de La Habana. Iberia, que sí acudió a la reunión, ofrece al menos dos frecuencias semanales de Madrid a la capital cubana. Ambas podrían tener problemas en caso de que los antiguos dueños de los terrenos donde se sitúa el aeropuerto presenten una demanda, ya que podrían considerar que las aerolíneas se han beneficiado de la explotación de las instalaciones.

Claves de la Ley Helms-Burton

La Ley para la Libertad y la Solidaridad Democrática Cubana, más conocida como Ley Helms-Burton, fue aprobada en 1996 por el Gobierno de Bill Clinton. Desde entonces, todos los presidentes estadounidenses han mantenido suspendidos los espinosos títulos III y IV. Hasta que ha llegado Donald Trump.

El pasado abril, la Administración Trump anunció la activación de ambos títulos, una decisión que fue duramente criticada por la Unión Europea y el Gobierno de España.

Todos los presidentes estadounidenses han mantenido suspendidos los espinosos títulos III y IV. Hasta que ha llegado Donald Trump

La aplicación del título III permite que los americanos y los cubanos nacionalizados reclamen en los tribunales norteamericanos una indemnización a las compañías que presuntamente se han beneficiado de las propiedades que les fueron expropiadas o confiscadas. El objetivo no pasa por recuperar los bienes, sino por negar el lucro a quienes explotan dichas propiedades expropiadas. Respecto al título IV, la ley permite restringir la entrada a Estados Unidos a quienes hayan confiscado bienes de norteamericanos en territorio cubano y/o hayan comerciado con ellos, lo que abre la puerta a que directivos de las compañías demandadas no puedan pisar territorio norteamericano.

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