Westminster alerta del “limbo” legal que amenaza a millones de comunitarios en UK

Ahora que Reino Unido ultima el mayor cambio en política migratoria en 40 años, la nueva legislación del Ministerio del Interior para regular la inmigración tras el Brexit podría despojar a los ciudadanos comunitarios que viven en territorio británico de derechos como la libertad de movimiento, las ayudas a la vivienda o el acceso a la seguridad social.

La advertencia no viene de plataformas como Three Million -la organización de defensa de los derechos de comunitarios más influyente-, procede del propio Parlamento británico. A pesar de que el Gobierno de Theresa May lleva tiempo asegurando que protegerá sus derechos, un estudio del comité conjunto de derechos humanos (JCHR, por sus siglas en inglés) concluye que los más de tres millones de europeos que viven en Reino Unido -entre ellos 200.000 españoles- se quedarán en un “limbo legal”.

El comité, integrado por políticos de diversos partidos y miembros de la Cámara de los Comunes y de los Lores, argumenta que los ciudadanos comunitarios deberían estar protegidos por una normativa primaria en vez de depender de instrumentos legislativos que los ministros aprueben en el futuro.

El JCHR también advierte que los derechos de los ciudadanos irlandeses, garantizados por diversos acuerdos de la “Common Travel Area” -la zona libre de pasaportes que comprende las islas de irlanda, Gran Bretaña, la Isla de Man y las Islas del Canal- serán “menoscabados”. La posibilidad, por ejemplo, de traer a un cónyuge de un Estado que no pertenezca a la UE se verá limitada, señala el informe.

TE PUEDE INTERESAR

Un millón de comunitarios quiere dejar el Reino Unido: estos son sus motivos

Eugenio Blanco. Londres

Para evitar que los comunitarios sufran semejante incertidumbre, el comité ha preparado varios proyectos de enmiendas a la nueva política migratoria para asegurar que se protegen sus derechos. “Eliminar sus derechos sin que haya una alternativa legislativa genera problemas de derechos humanos significativos que no resuelven los poderes de creación de instrumentos legislativos”, señala el informe. Sin la protección necesaria, indica el JCHR, la nueva normativa migratoria puede dejar a individuos en una situación precaria en cuestiones referentes a “derechos de propiedad, seguridad social o ayudas a la vivienda”.

Según el “libro blanco” de la inmigración post-Brexit, presentado por el Gobierno de May a finales de 2018 para “reducir la migración neta a unos niveles sostenibles” desde las 273.000 personas que entraron en UK el pasado año, los más de tres millones de ciudadanos de la UE que residen en el Reino Unido -entre ellos alrededor de 200.000 españoles- y quieren permanecer en el país deberán registrarse antes del 31 de diciembre de 2020 para obtener un nuevo “estatus de asentado”.

El informe del comité conjunto de derechos humanos también critica que el esquema de registro post-Brexit propuesto por el Gobierno no aporte un justificante físico del estatus. "Conseguir este derecho es extremadamente importante, considerando las similitudes de algunos de sus temores con los problemas que provocó el trato a la 'generación Windrush' (los caribeños que llegaron al país para reconstruirlo tras la Segunda Guerra Mundial", indica el informe.

En enero, el ministro del Interior Sajid Javid aseguró al JCHR que “aunque todavía no hemos decidido la futura política para la coordinación de la seguridad social, el Gobierno ha dejado claro que los ciudadanos comunitarios y sus familias que residen en Reino Unido en el momento de la salida (de la UE) seguirán teniendo, en general, el mismo acceso a las ayudas y servicios sociales que tienen ahora”.