¿Quién es Sebutinde, la jueza del CIJ que ha votado 'no' a las medidas preventivas en Gaza?

Este viernes, la Corte Internacional de Justicia ofrecía su primera decisión sobre la demanda sudafricana contra Israel por un presunto genocidio en Gaza. Aunque no llegó a ordenar al país hebreo el cese de operaciones militares en Gaza, como pedía Sudáfrica, sí reconoció, al menos mínimamente y de manera tácita, que existen ciertos indicios de que ese delito se esté produciendo en Gaza, por lo que habría que tomar "medidas urgentes provisionales" para su prevención. De los 17 jueces, un único voto destaca frente a los demás.

El tribunal concluía así el caso:

• El Estado de Israel debe tomar todas las medidas necesarias a su alcance para prevenir que se cometa cualquiera de los actos comprendidos en el artículo II del Convenio [contra el Genocidio].

Quince contra dos

• El Estado de Israel garantizará con efecto inmediato que sus fuerzas armadas no cometan ninguno de esos actos.

Quince contra dos

• El Estado de Israel tomará todas las medidas a su alcance para prevenir y castigar la agresión directa e incitación pública a cometer genocidio del grupo palestino en Gaza.

Dieciséis contra uno

• El Estado de Israel tomará medidas inmediatas y efectivas para permitir la provisión de servicios básicos y asistencia humanitaria urgentes para los palestinos en la Franja de Gaza.

Dieciséis contra uno

• El Estado de Israel adoptará medidas eficaces para impedir la destrucción y garantizar la preservación de pruebas [de posible genocidio].

Quince contra dos

• El Estado de Israel presentará un informe a la Corte sobre todas las medidas adoptadas.

Quince contra dos

En una corte a la que, pese a sus intentos de establecer mecanismos de independencia, se la ha acusado de ser muy política y dirigida por los intereses de cada país que presenta a sus jueces (un análisis de 1968, aunque antiguo, recogía que los jueces mostraban "una tendencia definitiva a apoyar a sus países" raramente fallando con contra de la política estatal o su cultura política), que además nombra jueces ad hoc específicos para cada caso (en esta ocasión, el juez Dikgang Moseneke para Sudáfrica, país acusador y el juez Aharon Barak, israelí, por el país acusado), no es de extrañar que al menos hubiera un voto en contra en todos los puntos. Curiosamente, en los casos de 'Dieciséis contra uno', la nota discordante no ha sido Barak. Ha sido la jueza Julia Sebutinde.

La jueza ugandesa ha votado en contra de cualquier provisión contra Israel o los indicios plausibles de que se podría estar produciendo algunos de los elementos recogidos en la Convención contra el Genocidio en Gaza. En dos ocasiones, ha sido incluso más radical que el propio juez israelí, quedándose sola en medidas como solicitar a Israel que "tome todas las medidas a su alcance" para "prevenir y castigar" la "incitación pública a cometer genocidio" contra los palestinos en Gaza o, para más inri, "permitir la asistencia humanitaria urgente" en la Franja, donde varios organismos de Naciones Unidas han advertido de una situación catastrófica de hambre, insalubridad, enfermedad y miedo. En estas dos medidas, el juez israelí ha votado a favor. Sebutinde, en contra.

TE PUEDE INTERESAR

Occidente, frente a su juicio final: por qué el "genocidio" en Gaza lo pone contra las cuerdas

Javier Brandoli

Tras la publicación del fallo, la jueza ha sido blanco de las críticas de los estamentos más propalestinos del activismo, pero también del estupor por parte de voces tanto de esferas africanas y africanistas como del feminismo. Especialmente —defienden estas personas— cuando han sido países africanos —en este caso, Sudáfrica— los que están presentando demandas universales por crímenes contra la humanidad cometidos en otras partes del mundo. Por ejemplo, Gambia, que en 2022 presentó un caso también por genocidio contra Myanmar por su trato a los rohingya.

La Corte Internacional de Justicia, dependiente de Naciones Unidas, está formada por 15 magistrados por periodos de nueve años, elegidos tras votaciones en la Asamblea de la ONU y el Consejo de Seguridad. Las candidaturas son nominadas por los países miembros, pese a que, una vez elegidos, se les presupone independencia política. Además de los cinco puestos reservados para los países fijos en el Consejo de Seguridad (EEUU, China, Rusia, Francia y Reino Unido), la Corte debe "representar a las principales civilizaciones, culturas y sistemas jurídicos" del mundo. Esto se traduce en que, normalmente, unos tres miembros proceden de África (uno de ellos, África del norte, con Marruecos como ejemplo actual).

En 2011, Sebutinde fue elegida para cubrir el puesto tradicionalmente reservado para los países africanos, convirtiéndose entonces además en la primera mujer africana en ser miembro de la Corte. En 2020 fue reelegida para otros nueve años.

TE PUEDE INTERESAR

La CIJ ordena a Israel tomar medidas para impedir un genocidio en Gaza, pero esquiva exigir alto al fuego

M. Redondo

Como la mayoría de jueces que llegan hasta La Haya, Sebutinde tenía un currículum generoso. Nacida en Uganda (1954), en 1990 viajó a Reino Unido, donde comenzó su carrera como consultora para el Gobierno de Namibia, que acababa de ganar su independencia, para elaborar toda una nueva legislación que echara por tierra las leyes de apartheid de su anterior poder colonial (primero Alemania, luego Sudáfrica).

Entre otros, además de su carrera anticorrupción en su Uganda natal, en 2005 Sebutinde formó parte de la Corte Especial establecida por Naciones Unidas para Sierra Leona tras sus guerras civiles. Fue en este caso donde estalló su primer (y por el momento, único que haya trascendido) escándalo, cuando en un cable filtrado por WikiLeaks se recogió las declaraciones de un diplomático estadounidense que se quejaba de las presuntas demoras intencionadas de Sebutinde a la hora de juzgar al expresidente liberiano y señor de la guerra Charles Taylor.

En 2012, Taylor fue finalmente condenado por "complicidad" en crímenes de guerra y contra la humanidad, desde asesinatos o violaciones a uso de niños soldado en Sierra Leona. Interrogada por medios africanos especializados, Sebutinde defendió que el comentario del diplomático, que cuestionaba los presuntos motivos de la jueza para retrasar la acusación, se basaba en "ignorancia y racismo" por parte del diplomático.

El argumento de Sebutinde

En este caso, donde la Corte tenía que decidir si la demanda de Sudáfrica contra Israel por no prevenir o incluso instigar el genocidio en Gaza tenía visos de posibilidad, y por tanto, ordenar medidas cautelares, Sebutinde ha justificado su posición en 11 páginas de opinión disconforme. En ellas, desgrana sus motivos, que se sostienen, en primer lugar, en que "la disputa entre el Estado de Israel y el pueblo de Palestina es, esencial e históricamente, política", y por tanto, requeriría una solución diplomática, no judicial.

Teniendo eso en cuenta —y la jueza incide en varias ocasiones en este punto—, Sebutinde pasa a sostener que "Sudáfrica [acusador] no ha demostrado que los actos supuestamente cometidos por Israel fueran cometidos con la intención genocida necesaria". Para Sebutinde, puede (o no, también insiste) que Israel y su Ejército hayan cometido crímenes contra la humanidad o de guerra en Gaza, pero no genocidio, por lo que quedarían fuera de los términos de aplicación de la Corte Internacional de Justicia, que defiende específicamente la Convención contra el Genocidio.

En su anuncio del viernes, la Corte incidió específicamente que no se estaba juzgando por el momento si Israel está o no cometiendo genocidio en Gaza, sino si hay algo de plausibilidad en la acusación de Sudáfrica y, por tanto, fueran necesarias medidas cautelares (como las aprobadas recogidas al inicio del artículo). Sebutinde piensa distinto: "Incluso en esta etapa preliminar de medidas provisionales, la Corte debería haber examinado las pruebas presentadas ante ella para determinar si hay indicios de una intención genocida para que el Tribunal concluya que los actos denunciados por el demandante son, prima facie, susceptibles de estar dentro del ámbito de aplicación de la Convención sobre el Genocidio". Sebutinde, sostiene en sus páginas, no cree que exista tal intención. "El objetivo declarado por Israel es acabar con Hamás y su red" y "esta guerra no fue iniciada por Israel, sino, más bien, por Hamás". "Por desgracia, la escala del sufrimiento y muerte experimentado en Gaza se exacerba no por el intento genocida, sino por otros factores como las tácticas de Hamás".

TE PUEDE INTERESAR

El mayor hospital de Gaza es ya una gran morgue: "Los cuerpos se acumulan en todos sitios"

Mónica Redondo Ó. Hernández

Además de hacer un repaso histórico de la cuestión palestina, desde la fundación del estado de Israel a los acuerdos de Oslo, la jueza defiende su negativa a cada punto aprobado por mayoría absoluta por el resto de la corte esa falta de intención genocida israelí en su "operación militar" en Gaza. En el que se podría considerar más peliagudo, la negativa de ordenar a Israel que permita la entrada de ayuda humanitaria en Gaza, Sebutinde sostiene que "la privación de los suministros humanitarios necesarios sólo constituiría genocidio si se toma con la intención especial requerida. Como se ha comentado anteriormente, no considero que exista esa intención especial. Por lo tanto, tal medida no está justificada".

Sebutinde incide especialmente en la cuestión de si la Corte, específicamente bajo la Convención contra el genocidio, tiene el deber de pedir a Israel medidas cautelares porque es una línea muy fina. El último caso, precisamente, el de Ucrania v. Rusia. Aquí, la corte votó por medidas cautelares que ordenaban a Rusia detener su invasión de Ucrania (con el voto a favor de Sebutinde, en contra de los jueces el ruso Gevorian y el chino Xue).

Pero el diablo está en los detalles: en este caso, Rusia había defendido su invasión en un presunto genocidio que Ucrania estaría perpetrando en el Donbás. Al considerar la Corte que dicho genocidio no existía, las medidas cautelares obligaban a Rusia a cesar sus operaciones militares. Obviamente, Rusia continuó con su invasión a gran escala, que ya va camino de cumplir dos años. El problema de la Corte es que no tiene manera de hacer cumplir sus decisiones. Ni aunque hubiera finalmente dado el paso de pedir también un alto el fuego en Gaza. Ni de las que sí se han aprobado este viernes por el resto de magistrados más allá de Sebutinde.