Una sentencia que no para la guerra en Gaza, pero pone a Israel en graves aprietos

La mera sospecha de que un tribunal prestigioso vea indicios de genocidio por parte de un Estado cuyo pueblo sufrió, años atrás, el Holocausto a manos de los nazis, es ya de por sí un varapalo. Así se pronunció el viernes la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de Naciones Unidas en su primera reacción a la demanda de Sudáfrica contra Israel por genocidio en la Franja de Gaza.

La CIJ asumió parte de las medidas provisionales que le habían solicitado los letrados de Sudáfrica. No ordenó, sin embargo, a Israel el cese de las operaciones militares en Gaza, pero el estricto cumplimiento de las seis medidas que dictó obligaría, en el fondo, al Estado hebreo a parar la guerra.

Israel debe, según la CIJ, garantizar "con efecto inmediato" que su ejército no cometa ninguno de los actos cubiertos por la Convención de Prevención del Genocidio de 1948 de la que es firmante. Entre esos actos figuran "asesinar a los miembros del grupo" palestino, "causar daño físico o mental grave a los miembros del grupo"; "imponer al grupo condiciones de vida que conllevan su destrucción física" e "imponer medidas que eviten nacimientos en el grupo". ¿Puede Israel seguir invadiendo Gaza respetando estos requisitos?

Las otras obligaciones que la CIJ impone a Israel consisten en "prevenir y castigar cualquier comentario público que pueda considerarse incitación al genocidio", como los que hicieron varios miembros de su Gobierno: "Tomar medidas inmediatas para mejorar la situación en Gaza y garantizar el acceso humanitario", así como "impedir cualquier destrucción de pruebas que puedan utilizarse en una investigación por genocidio".

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Israel deberá, por último, presentar un informe mensual a la Corte sobre la puesta en práctica de estas obligaciones. Si Sudáfrica considera que no las cumple, siempre podrá solicitar una nueva vuelta de tuerca e insistir en que ordene un alto el fuego porque hay más indicios de que el invasor perpetra un genocidio en Gaza.

Las reacciones al anuncio de la CIJ del viernes son reveladoras de quién ha ganado, al menos en parte, este primero asalto judicial. Desde Sudáfrica hasta las ONG de derechos humanos, pasando por los palestinos, la Autoridad Palestina con sede en Ramallah y también Hamás se muestran, con matices, satisfechos. En Israel se siente alivio porque no se le ordenó detener la guerra, pero no hay más motivos de regocijo.

Los matices son, como dijo en La Haya la ministra sudafricana, Naledi Pandor, que la CIJ no haya impuesto un cese de hostilidades. "La condición más eficaz para aplicar las medidas provisionales" sería "un alto el fuego inmediato para todas las partes", insistía Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.

Fueron 15 de los 17 jueces de la CIJ los que secundaron el fallo y solo dos, uno de ellos israelí, discreparon del bloque mayoritario

Del lado israelí, la reacción oficial del primer ministro, Benjamin Netanyahu, subraya que la CIJ rechazó la "exigencia escandalosa" que le negaba el derecho a defenderse tras la brutal agresión de Hamás el 7 de octubre en el sur del país. Algunos de sus ministros mostraron su enfado sin tapujos, como el de Defensa, Yoav Gallant, que tachó a Sudáfrica de "antisemita" y el de Seguridad, Ben-Gvir, que acusó a toda la Corte de antisemitismo.

"Tenemos la sensación de haber, en buena medida, ganado el caso por ahora, pero lo que se recordará en el extranjero serán, sobre todo, las críticas de la Corte y la acusación de genocidio que sigue recayendo sobre nosotros", advertía Arad Nir, comentarista político del canal 12 de televisión, el de más audiencia. Resumía una opinión bastante generalizada en su país: en ese Occidente amigo la imagen de Israel está dañada.

Para los adversarios de Israel, hay otros motivos de agrado. Fueron 15 de los 17 jueces de la CIJ los que secundaron el fallo y solo dos, uno de ellos israelí, discreparon del bloque mayoritario. Entre los que lo respaldaron está la presidenta, Joan Donoghue, que es estadounidense, y también los magistrados de Alemania, Francia y Australia. Incluso el juez israelí, Aharon Barak, votó a favor de dos de las cinco medidas cautelares acordadas.

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En ningún momento, el tribunal tacha además a Hamás de organización terrorista, a pesar de que figura en la lista negra de la Unión Europea y en la de EEUU. Ni siquiera describe como "terrorista" su ataque del 7 de octubre al sur de Israel, que causó la muerte de 1.139 personas, entre ellas 763 civiles. Otras 248, civiles y militares, fueron secuestradas.

Aunque varios gobiernos europeos, entre ellos el español, han expresado su apoyo a la CIJ y a su fallo, este tendrá, de inmediato, pocas consecuencias prácticas sobre su política con relación a Israel. A los gobiernos más incondicionales del Estado hebreo, como los de Alemania, Reino Unido o Países Bajos, les resultará más difícil mantener su respaldo abnegado.

El fallo de la CIJ supone también un espaldarazo para todos aquellos Estados (México, Chile, Bolivia, Sudáfrica, etcétera) o colectivos de letrados que, desde noviembre, han instado al fiscal de la Corte Penal Internacional, Khaled Al-Shouli, a investigar los presuntos crímenes perpetrados por Israel en la Franja y lanzar órdenes de detención internacionales, como hizo en su día con el presidente ruso, Vladímir Putin. "Supone un estímulo para todos nosotros", afirma a El Confidencial el abogado Gilles Devers, que el 10 de noviembre acudió a La Haya, en representación de otros 280 letrados, para denunciar lo que calificaban ya de "genocidio".

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Israel no reconoce la autoridad de la CPI, que no es un órgano de Naciones Unidas. Pero los crímenes de guerra o contra la humanidad de los que sus políticos y militares podrían ser acusados no se han cometido en su territorio, sino en Palestina. La Autoridad Palestina sí se adhirió en 2015 al Estatuto de Roma, tratado fundacional de esta otra Corte.

En su intervención del viernes, la presidenta Donoghue, de la CIJ, recordó las declaraciones incendiarias sobre Gaza del presidente israelí, Isaac Herzog, y de los ministros de Defensa, Yoav Gallant, y de Exteriores, Israel Katz. "Están en primera fila para ser objeto de una orden de detención internacional" por parte del fiscal, comentó Devers. "Deberían ir buscándose un buen penalista", añadió otro letrado de su bufete.

Si la fiscalía de la Corte Penal Internacional formula, finalmente, esas órdenes de detención que anhelan Devers y los abogados de México y Chile, será la primera vez que responsables políticos de primer nivel, de un país perteneciente a la órbita de Occidente, son enjuiciados por crímenes de guerra o contra la humanidad.