Un chiste de 95.000€: la broma del joven británico que acabó con dos cazas escoltando su avión

"¿Quién tiene autoridad para intervenir en una broma? Si como individuos se nos impide disfrutar de la libertad de expresión y del derecho a la privacidad, ¿qué nos queda?". Este es el argumento expuesto por la defensa de Aditya Verma, el joven británico de 20 años de origen indio que se enfrentaba a cargos por un delito de desórdenes públicos y una indemnización de responsabilidad civil de 94.782 euros. La factura corresponde a los gastos de los dos cazas F-18 que tuvieron que escoltar el vuelo de Easyjet en el que viajaba por una amenaza de bomba que resultó luego ser falsa.

Todo surgió con un comentario entre amigos, pero está comprobado que en este siglo no es lo mismo mantener una conversación en un coche que hacerlo a través de Snapchat. Sobre todo si uno está en el aeropuerto y lo que se dice (entre amigos) puede quedar registrado en una red de internet gratuita (que todos hemos utilizado alguna vez) a la que, supuestamente, tienen acceso los Servicios de Inteligencia británicos.

El caso de Verma, que ha declarado esta semana en la Audiencia Nacional de Madrid y ha sido finalmente absuelto, ha abierto un debate sobre seguridad y privacidad en internet en Reino Unido, un país donde no existe documento nacional de identidad, por considerarse demasiado intrusivo, pero donde, sin embargo, ha entrado en vigor una Ley de Seguridad Online cargada de polémica. La histórica normativa quiere ser una de las grandes banderas de la era pos-Brexit, pero plantea grandes cuestiones sobre el respeto a la privacidad y la libertad de expresión.

Todo empezó en julio de 2022. Verma, quien de niño representó a Inglaterra en varios torneos internacionales de ajedrez, acaba de terminar los exámenes y para celebrar las buenas notas viaja con un grupo de amigos a Menorca. En aquel momento, tenía 18 años. Antes de que el avión de Easyjet despegara del aeropuerto londinense de Gatwick, el joven escribe en su grupo de Snapchat: "En camino a hacer estallar el avión (soy miembro de los talibanes)".

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"En la escuela me llamaban talibán por mis rasgos y solía bromear al respecto. Sé que los talibanes son considerados un grupo terrorista. Pero la intención nunca fue la de causar angustia o daño público. Solo fue enviado a un grupo privado de amigos", justificaba este lunes en la Audiencia Nacional. El joven no se enfrenta a cargos de terrorismo ni a una posible pena de cárcel. Pero según el fallo podría haber recibido una una multa de hasta 22.500 euros, y el Ministerio de Defensa español exige 95.000 euros en gastos. Sin embargo, ha sido absuelto. "El Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional ha absuelto a un joven británico juzgado por enviar el 3 de julio de 2022, antes de embarcar en un vuelo de Londres a Menorca, un mensaje a un grupo privado de amigos en el que amenazaba con volar el avión y que al ser interceptado por los servicios de seguridad obligó a movilizar un Eurofighter del Ejército para escoltarlo", reza el comunicado de la Audiencia Nacional.

El mensaje enviado por Verma fue recogido por los servicios de seguridad de Reino Unido. Estos avisaron a las autoridades españolas, que mandaron dos F-18 para flanquear el avión. Al aterrizar en Menorca, Verma fue detenido. Lo mantuvieron en una celda de la policía durante dos días y luego fue puesto en libertad bajo fianza. De regreso a su país, fue interrogado por las agencias de inteligencia británicas MI5 y MI6, antes de regresar a su casa en Orpington, Kent.

Los expertos de la policía dijeron al tribunal que revisaron el teléfono de Verma y, aunque descubrieron que había conversaciones sobre los enfrentamientos entre Pakistán e India y las posibilidades de un ataque del Estado Islámico en esa zona, no encontraron nada de interés que vinculara al joven con grupos yihadistas.
La pregunta es ¿cómo llegaron los servicios secretos británicos a captar el mensaje? La defensa del joven, que ahora estudia Económicas en la Universidad de Bath, ha dejado claro que cree que, como algunos miembros del grupo estaban usando el wifi del aeropuerto de Gatwick cuando se envió la broma, es posible que se haya captado a través de una filtración.

Unas vacaciones en medio de una 'pesadilla'

El abogado defensor asegura que los comentarios realizados en un "grupo privado" se habían hecho públicos sin ninguna autorización judicial y que si alguien debería ser considerado responsable del coste de la respuesta española deberían ser las autoridades británicas por "violar" su derecho a la privacidad. "Aditya no puso su mensaje en Facebook ni lo publicitó. Lo que hizo fue el equivalente a hacer una broma dentro de un coche con amigos”, señaló. “Este no es un acto punible. No hubo mala intención. Este chico tenía 18 años y empezaba unas vacaciones que suponían un premio a su excelencia escolar y cuando él y sus amigos aterrizaron en Menorca se dieron cuenta de que estaban en una pesadilla".

El profesor Anthony Glees, experto en ciberseguridad, de la Universidad de Buckingham, advirtió que era "completamente plausible" que el wifi pudiera haber sido comprometido de alguna manera y, por lo tanto, monitoreado en el momento del incidente. "Si hubiera una filtración y estuviera siendo monitoreada, probablemente sería el GCHQ o el Centro Nacional de Seguridad Cibernética el que habría alertado al MI5", recalcaba a The Mail.

Sin embargo, otro especialista, James Bore, no comparte esta idea. Considera que si el wifi hubiera sido el culpable, estos incidentes serían mucho más comunes. "Si lo fuera, habría muchos más casos, porque la gente hace cosas estúpidas todo el tiempo, y eso es todo lo que se necesita para desencadenarlo. Constantemente tendrías escoltas de vuelo. El caso más probable, diría yo, es que uno de sus amigos, o alguien en ese Snapchat lo reenvió o lo denunció. Si se publicara con la ubicación adjunta, cualquier otra persona con Snapchat podría verlo en su mapa, presionar el botón, leerlo y si pensara: 'Oh, esto es una amenaza, podría informarlo", añade. Por su parte, el portavoz del aeropuerto de Gatwick negó cualquier sugerencia de que su red pudiera verse comprometida.

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Uno de los amigos del joven que estaba en el mismo vuelo a Menorca y se identificó ante el tribunal como Akash Raf insistió. "Si alguien hubiera tomado una captura de pantalla o compartido la foto con alguien fuera del grupo, todos habríamos recibido un mensaje en nuestros teléfonos y no recibimos nada". Y añadió: "Conozco a Aditya desde hace años. Fue solo una broma en un grupo de amigos. Sé que no es un talibán".

En la legislación estadounidense, se diría que Verma compartió su broma con una "expectativa razonable de privacidad". En los países de la UE esa expectativa no haría falta, porque existe el Reglamento General de Protección de Datos y derechos civiles. Pero en la Global Britain pos-Brexit no existen ahora los mismos estándares.

Una ley difícil de aplicar

Poco después de que la UE aprobara la Ley de Servicios Digitales (DSA), Reino Unido aprobó en octubre de 2023 su polémica Ley de Seguridad En Línea (Online Safety Bill). La cláusula más controvertida de las más de 300 páginas de la normativa es el artículo 122, que se interpreta en un sentido general como la obligación de las compañías de examinar los mensajes de los usuarios para asegurarse de que no comparten material ilegal. Eso sería increíblemente complicado, quizá incluso imposible, de llevar a cabo sin romper la encriptación de extremo a extremo de plataformas como WhatsApp y Signal.

Tal y como explica la publicación especializada Wired, el cifrado de extremo a extremo significa que el remitente y el destinatario de un mensaje pueden ver su contenido, pero no el propietario de la plataforma en la que se envía. La única forma de cumplir con la legislación, según los expertos, sería colocar en los dispositivos de los usuarios el llamado software de escaneo del lado del cliente para revisar los mensajes antes de que se envíen, lo que haría que la encriptación fuera en gran medida inútil. El Gobierno aseguró durante el desarrollo del proyecto de ley que las empresas podrían encontrar una solución técnica para analizar el contenido sin afectar el cifrado, pero las compañías y los expertos replicaron que esa tecnología no existe y que tal vez nunca surja.

Las empresas cuyos productos dependen del cifrado de extremo a extremo llegaron a amenazar incluso con abandonar el país, incluida Signal. Sin embargo, la cláusula se mantiene en la ley, lo que preocupa a activistas de la privacidad y la libertad de expresión, que la consideran parte de un espectro de amenazas contra la encriptación. La Ley de Seguridad En Línea tiene solapamientos preocupantes con otro instrumento legislativo, la Ley de Poderes de Investigación (IPA), que faculta al Gobierno para obligar a las plataformas digitales a eliminar la encriptación.

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La coincidencia entre ambos documentos jurídicos, según Nik Williams, responsable de políticas y campañas del grupo Index on Censorship, crea "una puerta de acceso a la vigilancia entre la OSB y la IPA, en el sentido de que esto facilita a los servicios de seguridad, como el MI5 [Servicio de Seguridad], el MI6 [Servicio de Inteligencia Secreto] y el GCHQ [Cuartel General de Comunicaciones del Gobierno], consultar datos que antes no podían revisar... probablemente se trata de una extensión sin precedentes de las facultades de vigilancia". Mientras que la normativa británica impone requisitos generales de monitoreo a las propias empresas de tecnología, eso está explícitamente prohibido por la UE.

Tras el Brexit, Reino Unido quiso convertirse en la cuna de la industria tecnológica europea dando a las plataformas amplia libertad. Pero dos episodios forzaron a realizar un cambio radical de sentido, colocando a las redes sociales en primera línea de la política de una manera que no había sucedido antes.

En 2017, Molly Russell, de 14 años, se suicidó después de ver publicaciones de Instagram relacionadas con autolesiones y suicidios que le habían sido mandadas a través de los complejos algoritmos de la compañía, según el informe posterior del forense. Un año después, el escándalo de Cambridge Analytica, en el que un académico había recopilado ilegalmente una gran cantidad de información personal de personas en Facebook y la había utilizado como arma para obtener beneficios políticos, reafirmó el deseo de Westminster de actuar con dureza contra las grandes empresas tecnológicas. Reino Unido quiere ahora ser el mayor vigilante de internet. Pero ¿a qué coste?