El "invierno del descontento" que no acaba: Gobierno y sindicatos van a la guerra en UK

El 10 de enero de 1979, el entonces primer ministro británico Jim Callaghan regresó a Londres tras asistir a una cumbre internacional en la soleada isla caribeña de Guadalupe, mientras Reino Unido estaba paralizado ante las numerosas huelgas del sector público. Al aterrizar en el aeropuerto de Heathrow, se encontró con una multitud de periodistas y uno de ellos le preguntó por el "caos creciente". "Bueno, ese es un juicio que estás haciendo. Te prometo que, si lo miras desde afuera, no creo que otras personas en el mundo compartan la opinión", contestó el inquilino de Downing Street. Al día siguiente, The Sun (el tabloide más vendido) publicó una portada cargada de sarcasmo que pasó a la posteridad: "Crisis, ¿qué crisis?". La incapacidad del laborista para solucionar el "invierno del descontento" contribuyó a la victoria conservadora de Margaret Thatcher.

Pero 44 años después, la estampa vuelve a ser la misma. El sector público vuelve a paralizar el país. Ferrocarriles, profesores, servicios de ambulancias, enfermeros, correos… Todos salen a la calle pidiendo mejoras salariales ante una inflación disparada. Los últimos en sumarse han sido 100.000 funcionaros que han convocado paros para el 1 de febrero. En esta ocasión, el Gobierno del conservador Rishi Sunak no evita el elefante en la habitación. Aunque la manera en la que hace frente a la situación no está exenta de polémica.

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El Ejecutivo presentó el pasado martes un controvertido proyecto de ley en la Cámara de los Comunes para garantizar que el sector público mantenga niveles mínimos de servicio durante la huelga. Los ministros defienden que la nueva legislación es necesaria para "proteger al ciudadano". Pero los sindicatos lo ven como "uno de los ataques más vergonzosos a los derechos democráticos y las libertades de los trabajadores en décadas" y amenazan con tomar medidas legales, argumentando que esto solo "prolongará los conflictos", "envenenará las relaciones laborales" y conducirá a más protestas.

Las leyes que requieren un nivel mínimo de servicio durante la acción industrial ya se prometieron para el transporte público como parte del manifiesto electoral del Partido Conservador para las elecciones generales de 2019, donde arrasaron con una mayoría absoluta no vista desde los tiempos de Margaret Thatcher. Pero lo que busca ahora el Gobierno es extender este requisito a otras áreas, como el Servicio Nacional de Salud Pública (NHS), educación, bomberos y rescate o seguridad fronteriza. Para cumplir con los niveles mínimos de personal, los empleadores podrían emitir un "aviso" que indique la mano de obra que necesitan, por lo que los trabajadores que se tuvieran que quedar en sus puestos perderían su derecho a la protección contra el despido improcedente si luego se declaran en huelga.

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Las consultas sobre cómo podrían ser los niveles mínimos para cada sector comenzarán de manera inminente. Los parlamentarios tendrán la oportunidad de debatir el proyecto de ley a partir de la próxima semana. En la Cámara de los Comunes los tories gozan de mayoría, pero en la Cámara de los Lores los números son menos favorables.

El ministro de Comercio, Grant Shapps, defiende que "tiene que haber un nivel mínimo de seguridad que la gente pueda esperar incluso en los días de huelga, particularmente en áreas como la atención médica, asegurándose de que una ambulancia pueda llegar; algo que, hoy en día, no ocurre". "El proyecto de ley no está diseñado para prohibir las huelgas", recalca. "Otros países, países europeos, estados modernos, como Francia, España e Italia, ya tienen una legislación mínima de seguridad", añade.

La vicelíder laborista, Angela Rayner, ha asegurado que los países europeos que el Gobierno ha tomado como ejemplo "pierden muchos más días por huelgas que el Reino Unido", por lo que le ha instado a que "hable con sus gobiernos y sindicatos para aprender alguna lección real". Durante el debate en los Comunes, Rayner ha subrayado el caso de un ciudadano que "esperó durante más de una hora una ambulancia, murió mientras esperaba, y no era en un día de huelga", en alusión a la profunda crisis que vive el Servicio Nacional de Salud Pública.

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Por su parte, el secretario de la confederación sindical (TUC, por sus siglas en inglés), Paul Nowak, recalca que el proyecto de ley es "antidemocrático, impracticable y, casi seguro, ilegal". "Esta legislación significaría que, cuando los trabajadores voten democráticamente a favor de la huelga, pueden ser obligados a trabajar y ser despedidos si no cumplen", asevera.

Los sindicatos aseguran que ya están operando bajo uno de los regímenes más restrictivos del mundo desarrollado, después de que la legislación de 2016 estableciera umbrales altos para que se aprobaran las votaciones sobre acciones de protesta y reglas estrictas sobre la celebración de votaciones. Cualquier empresa o servicio público necesita una participación del 50% de sus trabajadores y un respaldo de más del 80% entre los que acuden a votar para que salga adelante una huelga. Es decir, si hay 100 trabajadores, deben votar 50 y respaldar el paro al menos 40.

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En su momento, Boris Johnson ya quiso endurecer aún más la normativa. Pero, entre la pandemia y escándalos del Partygate, no tuvo tiempo. Y su sucesora, la fugaz Liz Truss, tampoco tuvo margen de maniobra en los 42 días que estuvo en el número 10. Por lo tanto, Rishi Sunak es ahora quien debe lidiar con un caos que pone más presión sobre el Partido Conservador, al que la oposición laborista saca hasta 20 puntos de ventaja en las encuestas.

El Gobierno mantuvo el pasado lunes reuniones con los sindicatos de varios sectores, entre ellos, el sanitario. No hubo avances, aunque hay discusiones sobre la posibilidad de un pago único y el adelanto de cualquier acuerdo salarial para el próximo año fiscal, que comienza en abril.

Las economías más grandes del mundo están lidiando con las presiones de los precios de energía y alimentos provocadas por la guerra de Ucrania. Pero, en el Reino Unido, la situación se agrava aún más por la última década de recortes en el sector público, que está afectando particularmente al Sistema Nacional de Salud, que desde hace tiempo se ha convertido en un paciente en cuidados intensivos. No hay recursos, falta mano de obra y los trabajadores que quedan tienen cada vez más carga de trabajo, más presión y menos sueldo.

El salario real de los enfermeros cayó 1.800 libras durante el último año, mientras que el de los paramédicos cayó 2.400 libras. En términos reales, los enfermeros ganan 5.000 libras al año menos que en 2010. Y, para las matronas y los paramédicos, la cifra asciende a más de 6.000 libras, según el análisis de las estadísticas oficiales realizado por la principal confederación sindical.

El apoyo a los enfermeros es particularmente alto: un 54% del electorado respalda los paros, reclamando un aumento salarial frente al 23% que se muestra en contra, según las últimas encuestas. El conocido como NHS siempre se ha considerado como uno de los pilares del sistema británico. El premier Sunak quiere demostrar que se toma en serio la crisis. Pero sigue sin tener credibilidad después de que el pasado fin de semana en la entrevista con el programa dominical estrella de la BBC se negara una vez más a explicar si tiene seguro médico privado.

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Celia Maza. Londres

Tras su primera huelga en más de 30 años, el pasado mes de diciembre, los trabajadores de servicios de ambulancias protagonizarán este miércoles de nuevo paros en todo el país. El Gobierno ha reclutado a un total de 750 miembros de las fuerzas armadas para dar servicios de apoyo. Los servicios mínimos establecidos en diversas áreas sanitarias prevén que solo se atiendan llamadas de emergencia clasificadas como "categoría uno", en las que el paciente se encuentra en riesgo inmediato de muerte.

En muchos casos, las ambulancias no responderán a urgencias de "categoría dos", clasificadas por el sistema sanitario como "enfermedades graves, como accidentes cardiovasculares o dolor en el pecho, que pueden requerir atención y transporte urgente", e incluye asimismo quemaduras, ataques de epilepsia y caídas, entre otras emergencias. El nivel de cobertura variará en cada región en función de los acuerdos entre los sindicatos y los gestores locales, dado que el Gobierno británico no tiene de momento competencias para imponer servicios mínimos.