La sequía empuja al país rey de la privatización del agua a repensarse la gran pregunta

Chile se queda sin agua en medio de la peor crisis hídrica de la que se tiene registro. La ONU ha descrito la sequía actual como "sin precedentes en el último milenio", mientras que el Gobierno apunta a una reducción del recurso cercana al 40%, caudales de los ríos en mínimos históricos y una disminución de lluvias de entre un 60% y 80% en todo el país. Con esta crisis de fondo, los chilenos votarán el 4 de septiembre por la nueva Constitución que blinda el derecho al agua para la población y prohíbe su privatización.

El derecho a acceder a este recurso ha sido uno de los puntos que más interés ha generado entre los votantes y, según una encuesta de Greenpeace, el 97% de los chilenos señala que el agua para consumo humano debe estar garantizada en la nueva Constitución.

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EFE

El modelo chileno de aguas actual, que algunos expertos califican como único en el mundo, excluyó a la administración de intervenir en el mercado y favoreció la concentración del recurso a manos de quienes ostentan mayor poder económico. La Constitución de Chile de 1981 considera el agua como un bien social, pero también económico y separa su propiedad del dominio del Estado. Es este el que concede los derechos de aprovechamiento de aguas a privados, y lo hace de forma gratuita. Así nació el mercado de las aguas. Con el tiempo, prácticas como el acaparamiento, la especulación y los monopolios son recurrentes y se acentúan en los territorios de mayor escasez hídrica.

No es casualidad, por lo tanto, que el agua se haya convertido en un tema clave para la población, después de años de sequía que han llevado al Gobierno a tomar acciones como el inédito protocolo de racionamiento de agua en Santiago el pasado mayo. El objetivo era curarse en salud por si los caudales de los ríos que abastecen a la capital llegan a un punto crítico.

La Constitución ha puesto ahora el problema hídrico sobre la mesa, aunque el problema viene de largo y debería haber sido uno de los puntos más importantes de las agendas políticas del país desde hace tiempo. Como ocurre en varios puntos críticos del planeta, los efectos del cambio climático son cada vez más evidentes en Chile. Según el World Resources Institute, el país aparece dentro de los 30 con mayor riesgo hídrico en el mundo al año 2025. De hecho, según la Dirección General de Aguas (DGA), el 47,7% de la población chilena vive hoy bajo condiciones de escasez hídrica.

Un 'bien común natural inapropiable'

Los cambios en la Carta Magna serán notables. En la Constitución vigente se reconoce el derecho a la propiedad privada "en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales". Y especifica: "Los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos". La legalidad chilena contraviene, así, la resolución de Naciones Unidas de 2010, ratificada por Santiago, que reconoce el acceso al agua potable y al saneamiento como un derecho humano. El modelo chileno ha despertado el interés de académicos como Carl Bauer, experto jurídico en manejo de aguas de la Universidad de Arizona, quien lo había calificado de "paradigmático" por su "notable enfoque en el libre mercado" hasta el punto que permite a particulares comprar derechos de uso de aguas de una cuenca e inscribirlos en un registro mercantil de propiedad del agua.

El nuevo texto, en cambio, declara al agua como un bien común natural inapropiable en el Estatuto de las Aguas, que "siempre prevalecerá el ejercicio del derecho humano al agua, el saneamiento y el equilibrio de los ecosistemas", y que es un deber del Estado "proteger las aguas en todos sus estados y fases". En conversación con El Confidencial, Bauer considera que, a diferencia de lo que ocurre en la actualidad, la propuesta constitucional "establece como principio central que el agua es un bien común natural, lo que es una categoría nueva en el derecho chileno, una forma de propiedad pública y no un derecho privado". Sin embargo, considera que la clave para cumplir con eso recae en la implementación de la norma. "Instaurar el derecho al agua depende de la capacidad institucional de manejo del recurso, de la capacidad política de gestionar los conflictos duros que hay entre los muchos usuarios".

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La activista por el agua Carolina Vilchez, quien integró la Convención que escribió el proyecto constitucional en representación de una de las zonas más afectadas por la escasez hídrica, discrepa: "El mandato de derecho al agua, de la desprivatización, es claro y la implementación de la ley está en el legislador". Según ella, las normas para instalar el mandato "deben ser participativas, con consulta a los pueblos originarios y con un proceso de participación ciudadana que construya una ley popular del agua".

El mercado del agua hasta hoy

"Aunque el derecho al agua es un gran avance de la nueva Constitución, no es exactamente como lo habíamos pensado, habrá problemas para recuperar el agua porque los derechos de agua siguen siendo para sus dueños", dice la activista Verónica Ahumada, de la Coordinadora Ciudadana No Alto Maipo. Con 68 años, vive desde hace 62 en San José de Maipo, una localidad de la ubicada cerca de la cordillera de Los Andes, a unos 50 km del centro de Santiago, en la Región Metropolitana. Por ahí fluye el río Maipo, uno de los que abastece de agua parte de la capital y de los más afectados por la sequía y por el proyecto hidroeléctrico Alto Maipo. "Cuando llegué aquí los ríos traían mucha agua, los esteros también, pero ahora están todos secos".

Hay estudios que demuestran que la crisis hídrica de algunos sectores de Chile no solo se debe al efecto del cambio climático, sino también a la compra de derechos de agua. Estos se expresan en acciones y en litros por segundo. Por ejemplo, el río Maipo tiene 8.130 acciones, la unidad sale a más de 67 millones de pesos chilenos (casi 72.000 euros) y da derecho a un máximo 34 litros por segundo.

Las industrias extractivas de uso intensivo de agua han aprovechado la fórmula chilena para sobreexplotar acuíferos, desviar ríos y secar tierras de cultivo, como ocurre con las megaplantaciones de aguacates en Petorca, en la Región de Valparaíso, o los latifundios madereros del sur, en La Araucanía y el BioBío. Mientras, habitantes de estos territorios se han visto obligados a abastecerse con camiones aljibe o a racionar el agua.

La economía de Chile, la más grande de América del Sur por PIB per cápita, se basa en industrias como la silvicultura, la agricultura y la minería. De acuerdo al primer informe de la Mesa Nacional del Agua (2020), el sector agrícola es el mayor usuario de agua con un 72%, seguido por el agua potable (12%), el consumo industrial (7%) y el uso minero (4%).

¿Se trata realmente de una desprivatización?

El nuevo texto constitucional propone que los derechos de uso de agua pasarán a ser autorizaciones "de carácter incomerciable, otorgadas por una Agencia Nacional del Agua, concedidas en base a la disponibilidad efectiva de las aguas y que obligarán al titular al uso que justifica su otorgamiento". Aunque para algunos, ese cambio significa la desprivatización del recurso, aún no está claro el alcance: "En la práctica, los derechos privados actuales se convierten en una forma de permiso administrativo que tiene el mismo propósito de un derecho privado, pero menos estatus jurídico", dice Carl Bauer.

Ante la posibilidad de perder la propiedad de las aguas, dueños del recurso han mostrado su preocupación por la pérdida de su patrimonio. "Hay un debilitamiento de la propiedad privada. Al declarar bienes naturales comunes, una gran cantidad de estos, por ejemplo, los bosques nativos, estarán afectados. Sin importar si están dentro de la propiedad privada, será el Estado quien dictamine unilateralmente su destino", declaró Cristián Allendes, presidente de la Sociedad Nacional Agrícola.

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EFE

A pesar de la sequía histórica y de los problemas hídricos, un invierno más lluvioso de lo esperado ha aumentado la esperanza de que Chile no llegue al colapso y que pueda asegurar la provisión de agua durante la primavera-verano. "Se trata de un alivio momentáneo porque el cambio climático implica para la zona central del país una caída de las precipitaciones que ha causado ya un déficit hídrico estructural y años tan secos como 2019 o 2021 volverán más pronto que tarde", indica el climatólogo de la Universidad de Santiago Raúl Cordero. "Hacía muchos años que no nevaba de esta forma acá en la cordillera, y por lo menos tenemos asegurada la agüita para este verano, que se viene muy caluroso", dice Verónica.

Desde los pies del Maipo, la activista se muestra convencida que la propuesta de nueva Constitución "puede contribuir a mejorar la crisis hídrica del país si existe una voluntad política para ello". Raúl Cordero, por su parte, alerta que "si bien se trata de un proyecto positivo, un cambio en el sistema de gestión del agua no eliminará el déficit hídrico estructural que padece Chile". Para la exconvencional Carolina Vilchez, el nuevo texto va un poco más allá. "Los cambios permitirán reducir la conflictividad y la vulneración que viven hoy las comunidades privadas de agua". Y concluye: "Una Constitución ecológica y que garantiza el derecho humano al agua implica sostenibilidad ambiental y social".