Agua pública o privada, la batalla social que recorre el Viejo Continente

Grecia ha sido el último escenario. Las ciudades de Atenas y Salónica, las más grandes del país, acaban de sumar una victoria a favor de la gestión pública del agua. En tiempos de austeridad económica, de recortes en gasto y privatizaciones, la batalla por el agua del grifo ha convertido Europa en uno de sus tableros más importantes. Mientras las recomendaciones de la troika muestran el camino de la privatización, en países como Portugal, España, Italia y Grecia, los movimientos ciudadanos logran avances en sentido inverso.

La Iniciativa 136 proponía comprar el 40% de las acciones de EYATH, la compañía pública que gestiona el agua y el saneamiento de Salónica. Se denomina ‘Iniciativa 136’ porque esos serían precisamente los euros que pagaría cada persona con contador, logrando así una gestión pública y cooperativa de una empresa eficiente y saneada económicamente (en 2011 obtuvo 20 millones de euros en beneficios). “Si el Gobierno quiere el dinero, aquí estamos nosotros ofreciéndolo”, resume a El Confidencial el presidente del sindicato de agua de la segunda localidad griega, Yiorgos Archotopoulos.

En tiempos de austeridad, de recortes y privatizaciones, la batalla por el agua del grifo ha convertido Europa en uno de sus tableros más importantes. Mientras las recomendaciones de la troika muestran el camino de la privatización, en países como Portugal, España, Italia y Grecia, los movimientos ciudadanos logran avances en sentido inverso

Hubo que recurrir a una consulta popular. Y el pasado 18 de mayo, la ciudadanía helena dio la espalda a la propuesta de privatización defendida por su Ejecutivo, en lo que Archotopoulos califica como “un mensaje político claro”. Finalmente, el Consejo de Estado anunció que el cambio de gestión era ilegal. El resultado se suma al logrado en Atenas también en mayo, cuando la Corte Suprema dictaminó que la conversión de una empresa de agua pública en privada iba en contra de dos artículos de la Constitución, concretamente, de los que hablan de la protección de la salud de la ciudadanía.

¿Agua pública o privada? Los movimientos en uno y otro sentido se están acentuando en los últimos años dentro de la Unión Europea. La ola privatizadora que recorrió América Latina en los años 90 está teniendo su reposición en los países más débiles financieramente del viejo continente. “El agua aún es mayoritariamente pública en Europa, las excepciones son Reino Unido y, cada vez más, España y Portugal”, recuerda a este diario el responsable de comunicación y enlace con el Parlamento Europeo de la Federación Sindical Europea de Servicios Públicos (EPSU, en sus siglas en inglés), Pablo Sánchez.

Una oportunidad de inversión

El oro azul, calificado por primera vez como un bien económico en la Conferencia de las Naciones Unidas para el Agua y el Medio Ambiente, celebrada en Dublín en 1992, ha generado a su alrededor un gran mercado que se basa en su escasez. “La desalación y el reciclaje son áreas en las que se prevén importantes progresos. Los derechos de propiedad, la infraestructura y la tecnología ofrecen un atractivo potencial desde el punto de vista de la inversión. El agua generará un creciente número de oportunidades de inversión en el futuro. De hecho, podría convertirse en uno de los grandes argumentos de inversión en el siglo XXI”, recoge un informe de una empresa de fondos de inversión publicado en 2010.

Desde 2010 el debate tiene también un enfoque de derechos humanos. Ese año la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó que el acceso al agua y al saneamiento es un derecho humano. Aunque sólo algunos países lo han incluido de manera clara en su legislación nacional, ninguno de ellos europeo.

Dos gigantes controlan España

En España la tendencia es clara: si en 1996 el 63% de la población española era abastecida por servicios públicos de agua, ahora el porcentaje es inferior al 50%

Referéndums como el de Salónica se han realizado en otros puntos del continente, como sucedió en Madrid y en Berlín. La consulta más importante, por su dimensión nacional, fue la organizada por el Gobierno italiano en 2011: la población dijo ‘no’ a una norma que pretendía acabar con la gestión pública del servicio de suministro de agua, pues exigía su adjudicación a empresas privadas o compañías mixtas con al menos un 40 por ciento de capital privado.

En Alcázar de San Juan (Ciudad Real), el proceso sigue adelante a pesar de la oposición popular y Aqualia controlará el 52%de las acciones durante 25 años. Privatizaciones similares se han llegado a cabo recientemente en Candeleda (Ávila) o en el Puerto de Santa María (Cádiz). Y es que, en España la tendencia es clara: si en 1996 el 63% de la población española era abastecida por servicios públicos de agua,ahora lo está menos del 50%. La “Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de los ayuntamientos limita el nivel de deuda y el déficit público para las administraciones, lo que está conduciendo a acelerar aún más las privatizaciones”, explica Babiano. Además, el sector privado español está controlado en un 90% por dos empresas, Agbar y FCC.

Hay que viajar hasta el Reino Unido para buscar los precedentes europeos. Fue Margaret Thatcher quien, en 1989, permitió la entrada de capital privado y autorizó el incremento del precio por encima de la inflación, generando en tan solo una década un aumento medio en las facturas del 95 por ciento. Dos millones de hogares dejaron de pagar sus recibos en un año unos y, en 1994, 12.500 familias de Inglaterra y Gales sufrieron cortes de suministro. Tres años más tarde, el Gobierno prohibió la desconexión por falta de pago. Es el mismo problema que ha resurgido en los últimos años en el Sur de Europa: 42.000 familias portuguesas sufrieron cortes de agua por falta de pago el año pasado.

‘El agua generará un creciente número de oportunidades de inversión en el futuro. De hecho, podría convertirse en uno de los grandes argumentos de inversión en el siglo XXI’

A pesar de los últimos movimientos privatizadores en Europa, Babiano sostiene que la tendencia mundial es la remunicipalización, la vuelta a manos públicas. Y ofrece datos: en todo el mundo sólo el diez por ciento de las 400 ciudades más grandes son privadas; y en los últimos 14 años la gestión ha vuelto a manos públicas en más de un centenar de ellas. Atlanta, Indianápolis, Berlín, Budapest, Buenos Aires, La Paz, Johannesburgo o Dar-es-Salaam son algunos ejemplos. Grenoble será el próximo de la lista.

El más simbólico es el caso de París, donde el nuevo operador público Eau de Paris, que permite a los usuarios evaluar el servicio, logró en su primer año de funcionamiento 35 millones de euros de beneficios con bajada de tarifas. También hay casos en España: Torrelavega (Cantabria), Ermua (Vizcaya), Arteixo (La Coruña), Manacor (Mallorca), Medina Sidonia (Cádiz), Arenys de Munt (Barcelona) o Lucena (Córdoba).

La primera Iniciativa Ciudadana Europea

“El objetivo es declarar el acceso al agua y al saneamiento un derecho humano en la legislación europea y, por consecuencia, en las legislaciones nacionales, para asegurar de ese modo una gestión pública, democrática, transparente y ecológica”. Así explica Pablo Sánchez el objetivo de la primera Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) que ha resultado exitosa. Fue precisamente EPSU quien promovió la propuesta, a la que pronto se sumó el movimiento ciudadano y social por el agua en Europa en la campaña ‘Right2Water’. La recogida de firmas exigía cuotas por países y unos mínimos rigurosos para tener validez.

‘El agua aún es mayoritariamente pública en Europa, las excepciones son Reino Unido y, cada vez más, España y Portugal’, recuerda a este diario Pablo Sánchez, de la Federación Sindical Europea de Servicios Públicos

Ante un apoyo nunca antes visto, la Comisión Europea dio el visto bueno a la ICE, el pasado mes de marzo: “La calidad, la infraestructura, el saneamiento y la transparencia resultarán beneficiados, en favor de los pueblos de Europa y de los países en desarrollo. Felicito a los organizadores por su éxito”, afirmó el por entonces vicepresidente europeo Maroš Šefčovič. Fue una respuesta tibia que no convenció a The European Water Movement, colectivo que reúne a casi una treintena de organizaciones europeas.

Sánchez analiza el resultado como un vaso medio lleno o medio vacío: “La ICE puede suponer todo o nada, dependerá de cómo los actores locales, regionales y nacionales sobre el terreno la utilicen. Por lo pronto, ningún Estado puede decir que es Bruselas quien les obliga a liberalizar y a privatizar, ni por legislación ni a través de tratados de libre comercio. Son los gobiernos los que quieren vender el agua y el saneamiento. Ahora la movilización debe de darse a escala local”.

La última novedad es la consulta pública que ha lanzado la Comisión sobre la política del agua potable de la Unión Europea, para estudiar dónde pueden introducirse mejoras. “Tenemos que mirar a los retos del futuro y dar respuesta a las preocupaciones planteadas en esta ICE. Esto significa seguir con el diálogo promovido por los ciudadanos y escuchar las expectativas de los consumidores y otras partes interesadas a la hora de elaborar la legislación sobre el agua potable en el futuro”, ha concedido el último comisario de Medio Ambiente, Janez Potočnik.