Bombardeo legislativo verde: Bruselas prohibirá la venta de coches de combustión a partir de 2035

La Comisión Europea planea renovar gran parte de su legislación con el objetivo de alcanzar un recorte de las emisiones del 55% en 2030 (respecto a los niveles de 1990) que haga realista la meta de alcanzar la neutralidad climática en 2050. La presentación de esta propuesta da inicio a años de negociaciones y tira y aflojas entre la propia Comisión, el Parlamento Europeo, que pedirá más ambición, y el Consejo, que representa a los Estados miembros, que buscará matizar buena parte de las ideas presentes en el documento, por lo que no se espera que este paquete quede aprobado hasta el tramo final de la actual legislatura, que finaliza en 2024.

El paquete es políticamente muy ambicioso y muy sensible. Porque toca absolutamente todos los palos de la realidad de los ciudadanos: cómo calientan sus casas; cómo se desplazan en coche, proponiendo que se dejen de vender automóviles de combustión en el año 2035; cómo se desplazan en avión, con un nuevo gravamen sobre el combustible utilizado por las aeronaves, pero también en transporte marítimo, o cuánto pagan por su comida y por el resto de productos. Los adjetivos utilizados por las mismas fuentes comunitarias que están impulsando esta propuesta no dejan mucho margen de duda sobre lo ambicioso del plan presentado por la Comisión este miércoles: "masivo", "arriesgado", "profunda renovación". Para Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, no solamente es "realista", sino que además es "optimista".

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Frans Timmermans, que ha sido quien ha liderado el trabajo como vicepresidente a cargo del Pacto Verde Europeo, ha respondido a los que muestran dudas sobre el nivel de ambición del paquete. "Sí, es difícil. Sí, es duro. Pero es una obligación", ha señalado el socialista holandés. "Si lo logramos, la humanidad tiene una oportunidad, porque el resto del planeta nos está observando", ha subrayado Timmermans, mientras que Von der Leyen ha señalado también que este paquete es una "tarea generacional".

En 2019 los Veintisiete habían recortado sus emisiones un 24% respecto a los niveles de 1990, y si se quiere llegar al 55% tocaba apretar el acelerador. Y eso se va a hacer con 13 propuestas legislativas que hasta desde dentro de la institución se consideran un auténtico 'shock' para la economía y la sociedad europea. Es un paquete tan sensible que ni siquiera dentro de la propia Comisión Europea se han podido evitar los roces y las tensiones. Uno de los puntos más sensibles ha sido la decisión de ampliar el Sistema de Comercio de Emisiones (ETS), que ahora también cubrirá la calefacción de hogares con gas o los coches no eléctricos, encareciendo tanto el calentar las viviendas como el desplazarse en automóviles tradicionales. En 2035, la Comisión pretende cambiar lo que se entiende por coches tradicionales: ya solamente se podrán vender coches eléctricos.

Precisamente el ETS, cuyo precio por tonelada emitida ha ido subiendo en los últimos años, está empezando a ser una fuente de preocupación para algunos países, fundamentalmente los del este, con una economía todavía muy dependiente de las energías fósiles. Es el caso de Polonia, que ha liderado la oposición en cada discusión sobre los objetivos climáticos: ella, como otros países del este, tiene que hacer un esfuerzo mucho mayor que los países occidentales de la Unión. En otras palabras, Varsovia quiere que estos esfuerzos se acompañen de una cierta flexibilidad y de miles de millones de euros de apoyo.

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La inclusión de las viviendas y de los coches en el sistema ETS tiene claros perdedores también, repartidos por toda la Unión Europea: las familias más vulnerables. Por eso la Comisión Europea también propone un fondo social que dirija miles de millones de euros a los sectores y regiones más afectados por el proceso de descarbonización, así como las familias con menos recursos. Pero no es suficiente para disipar las dudas que muchos tienen al respecto. Es una de las medidas más polémicas, que encuentra oposición incluso entre las filas más favorables a medidas ambiciosas dentro del Parlamento Europeo. "Esta herramienta funciona para empresas, no para hogares que enfrentan limitaciones a corto plazo: uno no puede despedir a sus hijos o cambiar sus sistemas de calefacción mientras es inquilino", ha señalado Pascal Canfin, eurodiputado liberal francés, presidente de la comisión de medio ambiente de la Eurocámara.

Una fuente comunitaria insiste una y otra vez en la preocupación que le genera esta medida, y cita la revuelta de los chalecos amarillos franceses como ejemplo de los efectos que puede generar. "Este es un tema en el que habrá que vigilar bien la letra pequeña para no incurrir en unos costes sociales que no se compensen", señala la fuente, explicando que se trata de una operación de "cirugía social" que requiere de mucho esfuerzo, citando también como un ejemplo la decisión de que no se vendan coches de gasolina o diésel a partir de 2035. "Esto no es una transición, esto es un proceso de destrucción creativa. Hay capital que va a ser destruido porque no nos podemos permitir que siga funcionando. Es perfectamente capaz de seguir funcionando, pero no queremos que lo haga, estamos destruyéndolo para sustituirlo por otro", explica la fuente.

Uno de los puntos más sensibles a nivel estratégico será la tasa de ajuste de carbono en frontera, un impuesto que se cobra a aquellos países que exportan a la Unión Europea bienes que se producen con grandes emisiones. "Los más afectados son Rusia, China y Turquía. Los más afectados van a ser los países con los que tenemos las relaciones más difíciles. Y el cuarto es el Reino Unido", ha explicado este miércoles una fuente comunitaria, que ha señalado que no va a ser sencillo que Moscú, Pekín o Ankara entiendan que no se trata de una medida específicamente dirigida a ellos.

Una gran apuesta política

Europa está dando varios pasos hacia delante, y los expertos y analistas miran con atención lo que va a ocurrir en los próximos años en Bruselas. Tanto en la negociación con los Estados miembros por ver cómo aterriza este paquete como después por su implementación. Hay una palabra que se escucha bastante estos días en la capital comunitaria: "laboratorio". Va a ser una prueba de lo que después tengan que hacer otros grandes bloques como Estados Unidos o China. Algunos ven en eso una fuente de preocupación. Otros celebran ir varios pasos por delante.

Para Timmermans, vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, esta es su batalla política de la legislatura que comenzó en 2019

Esto también va más allá de lo técnico. Para Timmermans, vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, esta es su batalla política de la legislatura que comenzó en 2019. Entonces el socialista holandés llegó a rozar la presidencia del Ejecutivo comunitario, pero una revuelta de los líderes del Partido Popular Europeo obligó a Angela Merkel, canciller alemana, a retirarle el apoyo.

Esta es la última bala que le queda a Timmermans, que está decidido a exprimirla al máximo y convertir el Pacto Verde Europeo en la pieza central de la agenda legislativa de la Comisión Europea. Cuando la pandemia golpeó a Europa y especialmente cuando la Unión Europea tuvo que dedicar un enorme capital político para acordar el fondo de recuperación de 800.000 millones de euros, muchos creyeron en Bruselas que el Pacto Verde quedaría, al menos por ahora, aparcado. No ha sido así.