Alianza por el Clima alerta sobre el desarrollo incontrolado de las renovables

Alianza por el Clima es una plataforma que une a diversas organizaciones sociales que llevan a cabo iniciativas y actividades enfocadas a la mitigación y adaptación al cambio climático. Entre otras organizaciones esta integrada por las grandes oenegés ecologistas (WWF, SEO/BirdLife, Ecologistas en Acción, Greenpeace y Amigos de la Tierra), los sindicatos más representativos (CCOO, UGT, USO), organizaciones agrarias como UPA y COAG, o la coordinadora de entidades para el desarrollo justo (Oxfam Intermon, Caritas, ONGAWA, Manos Unidas y otras).

Deben habilitarse medidas urgentes para lograr que la transición hacia estas fuentes de energía sea justa, sostenible y equilibrada

También forman parte de ella la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), la Fundación Renovables, ECODES, la Red Española de Desarrollo Rural o la organización juvenil Fridays For Future (FFF)/Juventud por el Clima, entre otras.

Y en nombre de todas estas organizaciones acaba de dirigir un escrito al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el que manifiesta su preocupación por la manera en que se está produciendo en España el desarrollo de las energías renovables, planteándole un conjunto de medidas para reducir su impacto ambiental y territorial.

Opinión

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Para Alianza por el Clima no cabe duda de que el despliegue de las energías renovables en España está siendo determinante para la mitigación del cambio climático. Sin embargo es necesario que ese despliegue no se produzca en detrimento de la conservación de la naturaleza y el mundo rural.

De hecho, la comunidad científica ya ha alertado del grave riesgo que corre la biodiversidad si el despliegue de renovables previsto en el Plan de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC) se lleva a cabo como hasta ahora: sin una adecuada planificación y evaluación de su impacto ambiental y social.

Además, y durante años, el marco normativo de desarrollo de estas tecnologías, a diferencia de lo que ocurre en otros países europeos, ha beneficiado que el despliegue sea capitalizado por grandes empresas energéticas y fondos de inversión, penalizando a proyectos de menor envergadura y, sobre todo, a iniciativas promovidas por la ciudadanía o las propias instituciones.

El resultado está siendo el desarrollo de un modelo muy centralizado y de mayor impacto que limita las posibilidades de avanzar hacia un sistema eléctrico más distribuido, más cuidadoso con el territorio, el mundo rural y la biodiversidad que alberga, y por supuesto con mayor implicación ciudadana.

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Para evitar que eso siga siendo así, el MITECO dispone de las competencias necesarias para desarrollar diferentes regulaciones normativas y para la adopción de las medidas administrativas que eviten o minimicen estos problemas.

En ese sentido desde Alianza por el Clima proponen, por ejemplo, modificar la orden ministerial que regula el mecanismo de subastas de nueva potencia de energías renovables, reservando al menos un 50% en las nuevas subastas para proyectos de menos de 10 MW. Fijar un objetivo ambicioso en la Estrategia Nacional de Autoconsumo que se está elaborando.

Evitar que los promotores puedan fragmentar los proyectos con el objetivo de sortear las trabas durante su tramitación. Que se excluyan de cualquier iniciativa de implantación las zonas de especial importancia para la biodiversidad, la conectividad y provisión de servicios ecosistémicos, así como las que atesoren otros valores ambientales y territoriales, incluyendo también a las renovables marinas.