Las medidas importantes del presidente Trump de las que no nos hemos enterado
Las salidas de tono del nuevo inquilino de la Casa Blanca acaparan los titulares, pero mientras tanto está firmando más decretos que nadie desde Lyndon Johnson, que tendrán serias consecuencias
A Donald Trump le gusta dominar la actualidad como si fuera un caballo salvaje, agarrándola por las crines, con promesas y amenazas y titulares llenos de color. Pero su Administración también practica una “legislación invisible”: los decretos que, poco a poco y en silencio, sin alfombra roja, moldean igualmente la vida de los ciudadanos. En primer lugar, y pese a la imagen de caos, drama y parálisis que nos suele llegar de su Gobierno, Trump está siendo un presidente relativamente activo: ha firmado 49 decretos en nueve meses, casi el doble que Barack Obama en el mismo periodo y más que ningún otro presidente desde Lyndon Johnson. Una razón es que Trump se ha dedicado a revertir gran parte de las políticas que Obama aplicó, también, sin pasar por el Congreso.
“El presidente Obama emprendió muchas de sus más importantes acciones mediante decretos, especialmente después de que los demócratas perdiesen el control del Congreso”, dice a El Confidencial Steven Balla, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de George Washington. “Por tanto es natural que el presidente Trump, buscando llevar las políticas en una dirección diferente, emprenda él mismo acciones unilaterales. La inmigración es un destacado ejemplo de ello”.
Donald Trump ha dejado en un limbo el programa DACA, que protegía, por decreto de Obama, a los inmigrantes indocumentados que llegaron de niños a EEUU. Ha dado más libertad a la policía migratoria, que puede arrestar a cualquier persona sin papeles que se encuentre en el lugar de una redada (las detenciones aumentaron un 40% entre enero y abril). Trump espera cortar la financiación a las “ciudades santuario” (donde las autoridades no suelen requerir documentos de identidad) y levantar el muro con México.
Paralelamente, la Fiscalía endurece el código penal: la policía puede volver a requisar dinero y bienes de los sospechosos, aunque estos no hayan sido condenados. El Gobierno ha recomendado elevar las penas por delitos menores de tráfico de drogas, como en los años noventa, y ha quitado protecciones específicas a los estudiantes transgénero. También ha eliminado casi todas las restricciones a la venta de armamento impuestas por su antecesor, tal y como quedó de manifiesto durante el reciente tiroteo masivo en Las Vegas.
El presidente, mientras, rellena las numerosas vacantes de los tribunales federales en Estados Unidos. Este nombramiento sistemático de jueces, con ayuda de think tanks y grupos conservadores, puede inclinar la balanza judicial y moral del país hacia la derecha en las próximas décadas, como explicaba el magistrado Kevin Burke a El Confidencial.
Desregulación llevada al extremo
Pero su principal actividad es reducir las regulaciones económicas. Nada más ocupar el despacho oval, Trump decretó cancelar dos regulaciones federales por cada nueva regulación que se aprobase. Su equipo asegura que en los primeros seis meses derogó o aplazó 860 regulaciones impuestas por Obama en las finanzas, la construcción o la energía. Una cifra difícil de confirmar dada la complejidad y carácter variado de estas reglas (el Registro Federal, que recoge las regulaciones de EEUU, suma 97.110 páginas).
La industria energética está siendo una de las principales beneficiadas. El presidente Trump aprobó la construcción del oleoducto Keystone XL, que el Gobierno de Obama había bloqueado después de meses de protestas ecologistas. El Departamento de Energía ha dado luz verde a la exploración de petróleo en el Ártico, revirtiendo, igualmente, una prohibición de la anterior Administración, y ha permitido ampliar otro oleoducto.
La Agencia de Protección Medioambiental, la EPA, dirigida por quien fuera en otra época su principal adversario, Scott Pruitt, un abogado de las corporaciones energéticas, está podando a toda velocidad su propia influencia. En junio, la agencia ya había derogado o aplazado un récord de 30 regulaciones. La EPA ha relajado los límites a las emisiones de metano, ha quitado protección a las vías de agua, ha renunciado a prohibir un pesticida considerado peligroso para la salud de los niños y está buscando el modo jurídico de abandonar el Acuerdo Climático de París, firmado por Obama en 2015.
“Es triste que el cuerpo regulador del Gobierno de Estados Unidos declare la guerra a cualquier parte de nuestra economía”, declaró Scott Pruitt ante unos mineros de Pensilvania, cuyo sector en decadencia espera resucitar bajo el Gobierno de Trump. “El asalto regulador se ha terminado”.
La Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA), que supervisa la calidad de los productos que uno compra a diario, desde una bolsa de cacahuetes a un melón o una caja de pastillas, parece estar aflojando su presión diaria sobre las empresas. Las cartas de advertencia que emite la FDA han bajado a mínimos de la última década.
Desmantelando por partes el Obamacare
El Departamento del Tesoro también está relajando el control. Su hoja de ruta incluye desmontar gran parte de la Ley Dodd-Frank de vigilancia financiera. Con Trump, las corporaciones lo tendrán más fácil para salir a Bolsa; ya no estarán obligadas a revelar tanta información, como la diferencia de sueldo entre los jefes y empleados; y las pymes podrán recibir cinco veces más inversiones a través de crowdfunding. Una manera, según la Casa Blanca, de “liberar el crecimiento económico” de Estados Unidos.
El terreno de acción quizás más sensible es la sanidad. La Ley de Cuidado Asequible, u “Obamacare” en lenguaje coloquial, fue el proyecto estrella del anterior presidente. Barack Obama empeñó su capital político en levantar esta compleja arquitectura sanitaria y Donald Trump está haciendo lo mismo para desmontarla. “La Administración Trump es similar a su predecesora en el sentido de que al principio intentó aprobar la legislación cambiando o quitando cláusulas de la Ley de Cuidado Asequible. Cuando esto fracasó, pasó a la acción ejecutiva unilateral”, declara Steven Balla.
Cansado de presionar, sin éxito, al Congreso, el presidente ha ido anulando partes del Obamacare mediante decretos: ha disminuido las ayudas fiscales y recortado los subsidios a las aseguradores que ofrecen descuentos. Ha permitido planes sanitarios más baratos pero con menos prestaciones y quiere reducir un 40% la financiación de los grupos que ayudan a las personas a inscribirse y un 90% la publicidad del programa.
Las consecuencias ya se empiezan a notar. Según la agencia Gallup, el número de norteamericanos sin seguro médico, que a finales del año pasado tocó el mínimo histórico, ha vuelto a crecer hasta representar el 12,3% de la población. Es decir, 3,5 millones de personas se han quedado sin cobertura médica en lo que va de mandato de Trump.
A Donald Trump le gusta dominar la actualidad como si fuera un caballo salvaje, agarrándola por las crines, con promesas y amenazas y titulares llenos de color. Pero su Administración también practica una “legislación invisible”: los decretos que, poco a poco y en silencio, sin alfombra roja, moldean igualmente la vida de los ciudadanos. En primer lugar, y pese a la imagen de caos, drama y parálisis que nos suele llegar de su Gobierno, Trump está siendo un presidente relativamente activo: ha firmado 49 decretos en nueve meses, casi el doble que Barack Obama en el mismo periodo y más que ningún otro presidente desde Lyndon Johnson. Una razón es que Trump se ha dedicado a revertir gran parte de las políticas que Obama aplicó, también, sin pasar por el Congreso.
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