Por qué Scott Pruitt, el jefe medioambiental de Trump, es una amenaza para el clima

Activistas y expertos en cambio climático comentan apesadumbrados que durante un breve instante pareció que todo sería diferente. El pasado 5 de diciembre, Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos, se reunía con Al Gore, expresidente y Premio Nobel de la Paz por educar al público en los peligros del calentamiento global, y a la salida este último aseguraba que habían buscado "un terreno común".

TE PUEDE INTERESAR

Siete argumentos que niegan el cambio climático (y sus respuestas científicas)

R. Pérez

Las esperanzas se disolvían un par de días después con el anuncio de que Scott Pruitt será el próximo director de la EPA, la Agencia de Protección Medioambiental. Pruitt, hasta ahora fiscal general de Oklahoma, es conocido por ponerse al lado de la industria de las energías fósiles, por negar el consenso científicos en torno a la responsabilidad humana en el cambio climático y por haber combatido muchas de las regulaciones emitidas por la propia EPA. De hecho, ha demandado a la agencia en varias ocasiones: dos de ellas las ha perdido, otra fue desestimada y varias más están pendientes de llegar a los juzgados.

Aun no ha tomado posesión de su cargo y por tanto las medidas que tomará no se conocen aun, pero todo parece indicar que la administración Trump será tan combativa contra las regulaciones ambientales como cabía esperar por sus declaraciones en la campaña electoral y durante los años anteriores (pocos quedarán ya que no hayan leído el tuit del ahora presidente electo en el que califica el cambio climático como un concepto creado por los chinos). Y hay varias formas (aquí las analiza The New York Times en un gráfico interactivo) en las que esto podría tomar forma.

1. Los acuerdos internacionales

Bajo la presidencia de Barack Obama, Estados Unidos ha sido uno de los grandes defensores de la necesidad de un acuerdo global para luchar contra el cambio climático. La presencia de John Kerry, su secretario de Estado, en la Cumbre del Clima de París el año pasado fue una de las señas del compromiso de un país que en acuerdos anteriores se había mantenido en una posición mucho más discreta. En esta ocasión, Estados Unidos impulsó el acuerdo y desde entonces ha firmado y ratificado el compromiso alcanzado.

Uno de los primeros temores tras conocerse la victoria de Donald Trump era que Estados Unidos desandase el camino hecho y anulase la firma y ratificación del proceso. Isabel Kreisler, experta en políticas globales de cambio climático de Intermon Oxfam, considera esta posibilidad poco probable. "Fue lo primero que nos alarmó, pero una vez que reflexionamos, consideramos que esta medida solo tendría coste político y poca eficacia", explica.

Esto se debe a dos motivos: por un lado, porque el tratado de París establece un periodo mínimo de 3 años antes de que un país revise su participación en él, más un cuarto año para tramitar la salida en caso de tomar esa decisión. "Eso nos situaría en un nuevo ciclo electoral, y quizá eso suponga pagar un precio político demasiado alto", explica, si tenemos en cuenta además que el tratado no contempla medidas sancionadoras para los que incumplan los compromisos adoptados. "Sería más sencillo e igual de efectivo dejar de cumplirlo que romper el acuerdo".

2. Las negociaciones bilaterales

Este aspecto es más preocupante, asegura Kreisler. Durante esta última administración, EEUU ha llegado a importantes acuerdos con dos países en vías de desarrollo cuyo porcentaje de emisiones globales gana peso cada año: China e India. Si el presidente Trump se negase a seguir adelante con ellos, esto tendría consecuencias.

"Se han hecho muchos avances para que estos países 'entrasen en el redil'". China, que en anteriores acuerdos no quiso saber nada de compromisos, ha cambiado radicalmente de actitud y no solo esta vez accedió a firmarlos, sino que parece haber asumido el papel de líder global en la transición energética a fuentes renovables no contaminantes, incluso aunque Estados Unidos decida retirarse. "Han visto la oportunidad de obtener ventaja política y parece que la van a aprovechar".

Pero India es otro asunto: su economía crece a gran velocidad pero con una gran dependencia del carbón. "En su caso, el cambio está condicionado por la financiación que se recoge en esos acuerdos. El gobierno de Obama se comprometió a levantar fondos para invertir en energías renovables en ese país, y si la nueva administración decide no continuar con ese acuerdo, la transición energética india podría verse comprometida. Teniendo en cuenta que India es actualmente el tercer país en emisiones de carbono (solo tras China y Estados Unidos), el retraso o detención en ese cambio tendrá un gran impacto en las emisiones globales.

3. La política interna

Aquí es donde Scott Pruitt como nuevo director de la EPA tendrá más impacto sobre el medio ambiente y las emisiones de Estados Unidos (y con ello, sobre el clima global), y las perspectivas no son positivas, según Kreisler. Lo mismo indica el historial hasta la fecha de Pruitt, que se ha opuesto prácticamente a cualquier legislación medioambiental proveniente de esta agencia.

Entre otras cosas, la EPA es la agencia responsable de implementar el Clean Power Plan, un conjunto de medidas impulsado por el gobierno de Obama que pretende, entre otras cosas, que las inversiones públicas que ahora reciben las industrias de energías fósiles, pasen a la industria de las energías renovables. Pruitt, cercano a las empresas petroleras y carboneras de Oklahoma, lleva más de dos años interponiendo demandas y recursos contra esa ley. Ahora su aplicación estará en sus manos.

La postura de Obama era que Estados Unidos tenía que cumplir con su responsabilidad, y eso recaía en la industria y también en las administraciones públicas

El Clean Power Plan es también la principal herramienta puesta en marcha para cumplir con el compromiso de reducción de emisiones del Acuerdo de París. Con él, el gobierno central impuso los límites mínimos de reducción de emisiones que debían asumir los estados, de forma que el conjunto del país alcanzase la cifra total comprometida. Pruitt nunca ha estado de acuerdo con esto, y ha defendido que los estados no deben aceptar un límite impuesto por el gobierno federal, sino que debe quedar en el criterio de los gobiernos estatales el fijar sus objetivos de reducción de emisiones.

"La postura del gobierno de Obama era que, como principal país emisor, Estados Unidos tenía que cumplir con su responsabilidad, y eso era algo que recaía en la industria y también en las administraciones públicas. De nuevo, es crítico el factor de la financiación y la inversión pública", explica Kreisler, que confía precisamente en el factor económico como motor de la resistencia: en los empresarios e inversores que ya se estaban preparando para las medidas del Clean Power Plan y que no estarán dispuestos a afrontar las pérdidas que supondría una marcha atrás. "También de la sociedad civil, que está concienciada y que no se va a rendir sin más".