La apuesta bursátil de Pedro Sánchez suma un botín de casi 30.000 millones

Mientras la amnistía, los supuestos casos de corrupción y la sucesión de elecciones autonómicas vienen marcando los pasos de la política española en las últimas semanas, Pedro Sánchez parece avanzar de forma inexorable hacia su sexto aniversario como presidente del Gobierno. Un periodo en el que el líder socialista ha dejado ya una huella profunda en muy diversos ámbitos. Incluido, obviamente, el económico y empresarial.

En este sentido, el reciente anuncio por parte del ministro para la Transformación Digital, José Luis Escrivá, sobre la creación de una nueva ‘SEPI digital’ ha representado —pese a tratarse en gran medida de un juego de cubiletes— una nueva muestra de su afán por incrementar la huella pública en el entorno corporativo. Un propósito que tiene su pieza más preciada en el plan para adquirir hasta un 10% de Telefónica.

Este movimiento, que a los precios actuales implicaría un desembolso cercano a los 2.280 millones de euros, puede entenderse desde muy diferentes ángulos —defensa de las industrias estratégicas, impulso del desarrollo digital nacional—, pero resulta indiscutible que se enmarca en una ola internacional de capitalismo de Estado, impulsada por la pandemia del coronavirus y azuzada por la crisis de Ucrania, de la que el Ejecutivo español se ha alzado como uno de sus más entusiastas promotores.

A la espera de que se concrete la reconquista de Telefónica por parte de lo público, ha sido Indra la que mejor ha representado la apuesta del Ejecutivo por un activismo inversor sin cortapisas. Bajo la premisa de convertir al grupo tecnológico en punta de lanza de la nueva estrategia reforzada de España en el área de defensa, el Gobierno dirigido por Sánchez no ha tenido reparos en deshacerse del anterior equipo directivo —y motivar un vuelco en el consejo— para suplirlo por personas más próximas a sus intereses, allanar el aterrizaje en el capital de accionistas que apuntalaran sus planes, reforzar su presencia en el capital de la compañía (desde el 17,75% en que se situaba al inicio del Gobierno de Sánchez al 28% actual, con una inversión de más de 174 millones de euros) y promover una serie de virajes estratégicos que perfilan el rumbo de la nueva Indra, casi sin contar con la gran mayoría del capital, que se mantiene en manos privadas.

Uno de estos movimientos clave que parece estar cocinándose en los despachos ministeriales afecta también a otra de las participadas públicas, Redeia (matriz de Red Eléctrica), en la que la participación pública asciende al 20%. Las intenciones manifiestas de Indra de hacerse con Hispasat, actualmente propiedad de Redeia, pueden leerse como un movimiento lógico, dada su mejor complementariedad con el resto de actividades, pero también son observadas como una amenaza de cambalache gubernativo —no puede obviarse que Redeia está presidida por la exministra socialista Beatriz Corredor— del que pueden salir trasquilados muchos inversores privados.

Lo cierto es, en todo caso, que, pese a la desconfianza con la que se suele mirar en el mercado este tipo de intervencionismo público, Sánchez bien podría aducir que su estrategia cuenta con el visto bueno de los inversores. Al fin y al cabo, Indra se mueve actualmente en zona de máximos históricos, tras protagonizar una escalada cercana al 150% en los últimos 18 meses. Y, aunque Redeia no puede presumir de un desempeño tan positivo desde la llegada de Sánchez, acumula ganancias del 10% en las últimas 17 jornadas, que le han permitido repuntar a máximos desde 2022.

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Tampoco están arrojando malos números las decisiones adoptadas con otras posiciones relevantes del Estado en empresas cotizadas, como es el caso de CaixaBank. Cuando Sánchez asumió la presidencia, los restos del rescate bancario se aglutinaban en torno a Bankia, entidad en la que la presencia pública rondaba el 60% tras la reciente fusión con BMN.

Por entonces, el valor de aquellos títulos se movía en torno a los 6.100 millones de euros. Pero, posteriormente, el difícil entorno de tipos de interés y el impacto de la crisis del coronavirus supuso un mazazo para el valor bursátil de Bankia, de modo que, en septiembre de 2020, antes de que El Confidencial revelara los planes de fusión con CaixaBank, aquella participación apenas se valoraba en unos 2.000 millones.

Hoy resultan evidentes los réditos de la decisión de fusionar la entidad con Caixa y, posteriormente, reforzar la posición pública, renunciando a acudir a los procesos de recompra de acciones. El 17,3% que actualmente controla el Frob en el banco que preside José Ignacio Goirigolzarri alcanza actualmente una valoración próxima a los 6.150 millones de euros, después de que el valor de CaixaBank en este periodo se haya más que triplicado.

Los títulos públicos en Caixa ya valen más que los de Bankia al inicio del mandato de Sánchez

Aena, bajo la dirección de un hombre fuerte del socialismo catalán como es Maurici Lucena, es otra de las firmas que más buenas nuevas viene regalando a la cartera industrial del Estado. Una vez sobrepasado el shock que supuso el covid, el gestor aeroportuario está recogiendo los frutos del boom turístico que experimenta España, lo que se traduce en precios récord para sus acciones, que dejan el 51% del capital que controla el Gobierno (a través de Enaire) con valoraciones de 13.777 millones de euros.

Y una historia similar se puede contar en IAG (el hólding aéreo que comprende el negocio de Iberia, entre otras aerolíneas), donde el mayor mérito público fue no desistir en medio de las turbulencias que la azotaron durante la pandemia y defender su posición en el grupo mediante la inversión de 69 millones de euros en la ampliación de capital de 2020. Actualmente, el 2,52% que gestiona SEPI en el grupo aéreo se valora en unos 237 millones de euros, aún muy por debajo de los 400 millones que capitalizaba antes del coronavirus, pero bastante por encima de los alrededor de 140 millones en que se valoraba en los peores momentos de la crisis de 2020.

La lista de éxitos bursátiles del Ejecutivo se completa con Airbus una compañía en la que el papel de España es mucho menor, con apenas un 4,12% del capital (menos de la mitad que el 10,8% que ostentan tanto Francia como Alemania). El fabricante aéreo vive un momento dulce sobre el parqué, gracias a una pujante demanda de aeroplanos, que, además, ha pillado a su máximo rival, Boeing, envuelto en graves dificultades.

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En ese contexto, Airbus ha disparado su capitalización bursátil a niveles récord, por encima de los 134.000 millones de euros, lo que eleva el valor de los títulos españoles, al entorno de los 5.545 millones, un 76% más de lo que se valoraban al inicio del mandato de Pedro Sánchez.

Todos estos logros compensan con creces el saldo mucho menos alentador que dejan otras participaciones, como son las de Enagás (5% del capital) o Ebro Foods (10,36%), e impulsan el valor de la cartera cotizada del Estado cerca de un valor récord de 30.000 millones de euros, tras revalorizarse más de un 57% en apenas un año y medio.

Resulta indiscutible que el fin de la presencia pública en estas empresas no es apuntarse espectaculares ganancias (de momento, latentes) bursátiles. Y también es fácil —y lógico— explicar estos movimientos como ajenos a toda acción gubernamental. Incluso, en algunos casos (principalmente, en Indra), se sostienen razonamientos que explican que las intervenciones públicas están limitando su capacidad de mejora.

El fin de la presencia pública en estas empresas no es apuntarse grandes ganancias en bolsa

Pero en un entorno en el que el manejo del relato resulta de vital trascendencia, los números del parqué ofrecen una foto de difícil encaje con la imagen de un Gobierno que pone en estampida al capital internacional.

Incluso Telefónica ha sido capaz de enderezar recientemente su rumbo en bolsa y alcanzar máximos desde 2022 (lo que, por otro lado, encarece los planes de la SEPI), a la espera de que se concrete el desembarco público en su capital.

Así, no parece extraño que Sánchez y los suyos se sientan alentados para seguir probando suerte en bolsa.