Ferrovial es solo el síntoma: España necesita más capitalismo popular

Hace solo unos días, una de las principales gestoras nacionales de fondos de inversión (con solo 2.600 millones de euros bajo gestión) celebró su evento anual con los clientes (inversores). Este formato, popularizado aquí por el mejor Bestinver en los años dorados de Francisco Paramés, sirve para que los ahorradores retail vean, toquen y escuchen a las personas a quienes han confiado una parte de sus ahorros para conseguir algo de rentabilidad invirtiendo en bolsa.

En las palabras de bienvenida al acto, hubo una sucinta mención de apoyo a Ferrovial, noticia estos días por su anuncio de mudanza a Países Bajos, que de manera espontánea provocó una ovación cerrada por parte de los asistentes. Esa minúscula representación del capitalismo popular español aglutinaba, probablemente, a una muestra representativa de lo que ahora se entiende por rico en España: el 2% de la población con ingresos anuales superiores a 46.000 euros.

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Con este marco narrativo, no sorprende la reacción desde el palacio de la Moncloa ante el desplante de Rafael del Pino, uno de los pocos ricos (patrimonio) de verdad con pasaporte español y fortuna fuera del país desde hace muchos años. En lugar de contextualizar y relativizar lo ocurrido, el "Gobierno de la gente" se ha visto en la obligación de estar a la altura (populista) que requiere el calendario electoral ante una afrenta de "la casta extractiva del franquismo".

Aunque con menos visibilidad, lo sorprendente ha sido el apoyo recibido por Rafael del Pino de una gran parte del corpus empresarial, más allá de las disquisiciones financieras sobre su mudanza, algo tan obvio y factual que admite pocos debates técnicos. Por ponerlo en contexto, hablamos de un empresario que en los círculos del Ibex y alrededores tiene fama de pocos amigos, con poca piel en el trato profesional y con la cabeza fuera de España desde hace muchos años.

Para esa horquilla de ricos con ingresos de 3.800 euros al mes, lo ocurrido con Ferrovial y su presidente es el síntoma de problemas estructurales del país, incluida la actual deriva política. Ahora ha sido Del Pino, pero mañana puede ser cualquier otro rico, como si del poema "Primero vinieron..." se tratara. Y por mucho que parezca una exageración, ese clima de opinión va calando entre los deciles más altos de la pirámide poblacional sin que PP ni Vox abran la boca.

Para esa horquilla de 'ricos', lo ocurrido con Ferrovial es síntoma de problemas estructurales

Si hablamos en términos relativos, España es un país pobre en Europa (PIB per cápita inferior a la media) y los multimillonarios (Forbes dixit) son una excepción. Basta con mirar la composición del tejido productivo, plagado de autónomos y pequeñas empresas, con grandes compañías (Inditex es una anomalía) basadas en monopolios privatizados o sectores regulados, para entender la base fiscal del país. Y con estos mimbres y los recursos de la UE vamos tirando desde hace décadas.

España necesita capital exterior para financiarse. No hay recursos propios para sostener el funcionamiento del sistema, ni el público ni el privado. Solo el 6% del dinero que se mueve en la bolsa española (según datos de BME) es de pequeños inversores nacionales. Las grandes gestoras, en manos de los bancos, reducidos ahora a media docena, centran sus inversiones en compañías de gran tamaño, estrangulando la liquidez bursátil de las pequeñas y medianas cotizadas.

Lejos de fomentar el ahorro y su canalización a través de industria local, cada vez se toman más medidas que contribuyen a lo contrario. Sin remontarnos mucho tiempo atrás, el punto de inflexión más relevante ha sido el hachazo a las sicavs, un producto de baja tributación (difiere el pago) creado en época de Felipe González para retener el dinero de las grandes fortunas, que con el tiempo alcanzó popularidad a medida que bancos y gestoras lo industrializaron (y desvirtuaron).

España necesita capital exterior para financiarse. No hay recursos propios para sostener el sistema

País Vasco fue pionero en este campo. La eliminación de la tributación especial desapareció allí en 2009, igual que hizo luego Navarra en 2015 con un cuatripartito de izquierdas en el Gobierno. El efecto fue el previsible. Lejos de conseguir mayor recaudación, todas las sicavs cambiaron de domicilio. La operativa bursátil que se gestionaba desde la Bolsa de Bilbao desapareció. Una parte de los profesionales dedicados a esta industria migró. En lugar de más riqueza, menos.

Igual que Pedro Solbes y Elena Salgado evitaron meter mano a este producto, María Jesús Montero no ha dejado pasar la oportunidad. Lo mismo ha ocurrido con el impuesto de transacciones financieras (ITF), cuya recaudación se ha quedado al 80% del objetivo, o la limitación a la deducción fiscal para las aportaciones a planes de pensiones (1.500 euros), como si se tratara de un instrumento del que se valen los ricos para amasar patrimonio.

Ante esta deriva de decisiones políticas, más allá de las aportaciones del actual Gobierno, cuesta imaginar que España pueda contar con gestoras nacionales de fondos de inversión independientes, sin relación con bancos comerciales, tan relevantes como la francesa Amundi o la alemana Allianz, canalizadoras del capitalismo popular creado durante décadas en sus respectivos países y responsables de movilizar a sus tejidos productivos cotizados parte de ese capital.

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Ese ahorro nacional es el que ancla empresas a los territorios. En su ausencia, como le ocurre a Ferrovial, lo normal es acudir donde están los grandes flujos de capital y donde se reparten los pasaportes para licitar en grandes concursos de obra pública. Por eso, Del Pino mira a EEUU desde hace años, en lugar de crecer a través de obras en economías emergentes, sin grandes contratos, ni seguridad jurídica, ni capacidad para evitar que haya mano de obra infantil empleada.

En nuestro país, ni hay ese dinero con asiento en las grandes compañías (antes lo hacían las cajas de ahorros) ni hay suficientes ricos. El impuesto temporal a las grandes fortunas (patrimonios a partir de 10 millones de euros) afecta solo a 3.700 personas. Es un coste electoral irrelevante para el Gobierno, pero una decisión muy relevante en términos de seguridad jurídica, sobre todo atendiendo a las recomendaciones de los propios inspectores de Hacienda: primero pagar y luego recurrir.

Los multimillonarios están a otras cosas. Del Pino pudo haber llamado el domingo por la noche a Pedro Sánchez para informarle de la decisión y explicarle los motivos. También Ferrovial habría evitado interpretaciones negativas para con España con otro formalismo financiero sobre la seguridad jurídica y el rating. Un buen feeling recíproco habría ayudado, justo lo que falta entre Gobierno e Ibex. Para los mandos de la Moncloa, el capitalismo popular no hace patria.