Los españoles empatizan más con Ferrovial que con el Gobierno en la pugna por el cambio de sede

Hay más españoles que entienden la decisión de Ferrovial de llevarse su sede social a Holanda que críticos con la decisión; un sentir popular que inclina la balanza en favor de la multinacional en la guerra de titulares que le ha abierto el Ejecutivo de Pedro Sánchez tras conocer sus planes de mudanza a Países Bajos, según una encuesta realizada por Metroscopia en exclusiva para El Confidencial.

En concreto, el 49% de los ciudadanos respalda la decisión tomada por la familia Del Pino, principal accionista de este gigante del Ibex 35, frente a un 44% que la condena, según el estudio realizado a partir de 700 entrevistas telefónicas ejecutadas el 2 y 3 de marzo, con un margen de error de +/-4,2 puntos.

Desde que el miércoles por la tarde el grupo multinacional de infraestructuras anunciase a la Comisión Nacional del Mercado de Valores sus planes para trasladar su sede social de Madrid a Ámsterdam para, en última instancia, cotizar en Estados Unidos, el Gobierno ha pasado por dos fases. En un primer momento, el jueves por la mañana, el portavoz parlamentario, Patxi López, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, relativizaron la importancia de esa decisión.

López llegó a decir que Ferrovial hacía ese movimiento porque "el Ibex se le ha quedado pequeño" y defendió que mantendría su contribución fiscal en el país: "El Ibex fluctúa fundamentalmente con base en lo que son las entidades financieras, cuatro grandes bancos en este país. Y [lo que dice la compañía es:] yo quiero también estar en la bolsa de Holanda y en la bolsa americana, porque así me considerarán a mí mismo y lo que son las perspectivas de mi empresa, no las de otras, y seguirá pagando impuestos en España".

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Montero, por su parte, recordó que la compañía ya paga buena parte de sus impuestos en el exterior, donde tiene la mayoría correspondiente de impuestos y minimizó el golpe tributario que el movimiento supondría para la Hacienda española. "El porcentaje restante es el que permanece en España y, según ha declarado la propia empresa, seguirá estando en nuestro país. Es decir, no hay ningún riesgo de que la parte de inversión que ya estaba en España se vaya a desplazar y, por tanto, tributará en el país", dijo Montero.

Pero a las 11 de la mañana de ese mismo día, las tornas cambiaron. El equipo de la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, comunicó que había mantenido una conversación telefónica con Rafael del Pino, presidente ejecutivo y principal accionista de Ferrovial, y calificaba la decisión de sacar la sede social de España de "errónea", afirmaba que no era "aceptable" y aseguraba que mostraba "falta de compromiso" con el país. A partir de ahí se abrió la veda.

Veda abierta

Fuentes de Moncloa convocaron a los periodistas que habitualmente cubren la información del Ejecutivo y que acompañaban a Pedro Sánchez en su viaje oficial a Irlanda y llevaron la cuestión al plano personal. En ese encuentro transmitieron la idea de que Del Pino había planificado todo el traslado de Ferrovial a Países Bajos para ahorrarse impuestos él, y no tanto la empresa. Concretamente, el impuesto a la riqueza aprobado por el Ejecutivo.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, también cargó contra Del Pino y su compañía. "¡Qué mala consejera es la codicia a veces!", dijo el ministro, quien añadió que "este tipo de comportamientos desgraciadamente ocurren y suelen ser contraproducentes desde una perspectiva de medio plazo".

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Esto fue la parte socialista del Gobierno. En la de Unidas Podemos, llevaron el enfrentamiento retórico a la acción legislativa. Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, calificó de "nefasta" la decisión, recordó que la compañía se había acogido a las ayudas públicas de los ERTE durante la pandemia, y que había crecido "al albur de los contratos con la Administración Pública". Además, su grupo parlamentario, Unidas Podemos, llevó ayer al Congreso una propuesta legislativa para que Ferrovial devuelva las ayudas públicas y subvenciones si decide trasladar su sede de España.

Por su parte, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo (PP), ha entrado también en el debate criticando con dureza a Sánchez y calificándolo de hooligan. "¿Usted cree que se puede insultar a un presidente de una compañía por parte del presidente del Gobierno, que debería ser el que solucione el problema, y no el que lo incendie?", dijo ayer Feijóo, dejando claro también que la percepción de la salida de Ferrovial tiene un claro componente ideológico.

El estudio pone de manifiesto como las diferencias ideológicas inclinan la balanza claramente hacia uno u otro lado, siendo los votantes de partidos de derecha y centroderecha más comprensivos con la decisión del grupo de infraestructuras, mientras que los electores de izquierdas y nacionalistas se posicionan en contra.

En los extremos, el 84% de los encuestados que se declaran votantes de Vox justifica la decisión, frente al 80% de los electores de Unidas Podemos que se opone. También es generalizado el rechazo entre los seguidores del PSOE, al oponerse en el 71% de los casos, diez puntos más que los votantes de partidos nacionalistas (ERC, JXC, CUP, PNV, EH Bildu y BNG).

En Ciudadanos y PP hay prácticamente un empate en el porcentaje de electores que justifica la decisión: un 65% y un 66%, respectivamente. Sin embargo, a la hora de analizar los votantes de estas formaciones que se declaran contrarios al cambio de sede, se ve un tono más crítico entre los naranjas, con un 34% que lo rechaza, frente al 29% de los populares.

Donde hay práctica unanimidad entre los electores, tengan la ideología que tengan, es a la hora de considerar esta noticia mala, tanto para la imagen de España (82% de los encuestados) como para su economía (81%). En cambio, para Ferrovial, el 54% de los entrevistados sostiene que el traslado a Holanda será bueno o muy bueno, destacando los electores del Partido Popular, que defienden esta tesis en el 67% de los casos.

Por el lado negativo, los votantes de Unidas Podemos son los que se muestran más apesadumbrados en conjunto a la hora de considerar que el traslado de la sede de Ferrovial va a dañar la imagen del país (91%) y de su economía (87%).

Cuando se pregunta si España ofrece hoy las condiciones económicas, fiscales y laborales adecuadas para atraer inversiones de empresas extranjeras, una clara mayoría de los encuestados, el 55%, responde negativamente, frente al 32% que considera correcto nuestro marco.

En este punto, resulta destacable que una mayoría de votantes socialistas defienda que la situación no es propicia para atraer capitales y, en cambio, un elevado porcentaje de electores de partidos nacionalistas, 81%, sostenga justo lo contrario, que nuestro país sí cuenta con las condiciones necesarias para llamar al capital exterior, doce puntos más que los morados.

No obstante, estos datos deben entenderse en el contexto de una compleja cultura ciudadana sobre el mundo empresarial, en la que resulta posible que, por un lado, la mayoría (51%) se muestre partidaria de facilitar la entrada de multinacionales, y al mismo tiempo haya un claro rechazo (73%) a la idea de que para tener una economía más fuerte, lo deseable es que existan más empresas grandes y menos pequeñas.