Los expertos de Montero ya advirtieron de la inseguridad jurídica en el impuesto de sociedades

Ferrovial aduce a la seguridad jurídica como uno de los motivos para abandonar España y mudar su sede a Países Bajos. El Gobierno ha criticado esta decisión y también el argumento de la seguridad jurídica, sin embargo, ya tenía constancia de que los continuos cambios en el impuesto sobre sociedades y las formas legales elegidas para hacerlo habían generado un gran ruido en torno a la fiscalidad que soportan las empresas. El Libro blanco que presentaron los expertos dedica un epígrafe a la "seguridad jurídica e incertidumbre económica".

El comité es contundente en contra de los permanentes 'parches' que se han hecho en el impuesto sobre sociedades, que impide a las compañías tener un horizonte certero de la carga tributaria que van a soportar. Desde la última reforma integral del tributo, aprobada a finales de 2014 hasta el año 2021, se aprobaron más de quince reformas parciales del impuesto, la mayoría de ellas muy relevantes al afectar de forma clave al tipo efectivo que terminan pagando las empresas afectadas o los ingresos a cuenta. Y siempre con el objetivo de elevar la recaudación. Los expertos advierten de que aprobar cambios continuos en el tributo conlleva asumir "posibles efectos negativos" por los "riesgos asociados a la introducción sucesiva de cambios normativos para alcanzar objetivos de corto plazo".

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El abanico de riesgos es muy amplio, desde una recaudación inferior a la esperada, hasta la reclamación de las empresas a los tribunales o el desincentivo a la inversión empresarial. La suma de todas ellas implica inseguridad jurídica para las empresas en su factura fiscal.

Los expertos lamentan que estas medidas han sido apaños adoptados en momentos en los que la recaudación era inferior a la esperada. "Una parte sustancial de los cambios normativos en el IS a nivel interno durante la última década se han producido por la insatisfacción que produce el seguimiento contemporáneo de la ejecución presupuestaria y el volumen agregado de recaudación del tributo", señala el informe. En su opinión, las reformas del impuesto deberían ser pocas y con una visión de largo plazo.

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El comité también critica la vía elegida que eligieron los gobiernos de Mariano Rajoy y de Pedro Sánchez, para introducir la modificación legal. Lo hicieron a través de real decreto ley o en las leyes de presupuestos generales del estado. Esto es, no se produjo un debate específico sobre el cambio del impuesto ni se aceptaron enmiendas de otros partidos. De hecho, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional una de estas reformas, la introducida por el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en el año 2016 y que situaba un pago mínimo fraccionado del 23% del resultado contable por haberlo hecho a través de un RDL. Esta sentencia ha provocado que Hacienda tuviese que devolver más de 800 millones de euros a las empresas en concepto de intereses de demora.

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El último parche del impuesto sobre sociedades que generó mucha polémica por su posible ilegalidad fue la reducción de la exención por dividendos en el extranjero que introdujo la ministra María Jesús Montero en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2021. Hasta entonces se bonificaba el 100% de los beneficios obtenidos en el extranjero, pero desde ese momento se bajó al 95%. Esto es, un 5% tienen que tributar en España, aunque ya hayan pagado impuestos en el país en el que se generó el beneficio. Esto es, con riesgo de que se esté generando una doble imposición.

Por todos estos motivos, los expertos convocados por el Ministerio de Hacienda recomendaban hacer pocas reformas del impuesto y que todas ellas tuviesen vocación de permanencia "con el objetivo de garantizar la seguridad jurídica y reducir la incertidumbre económica de los agentes económicos". España se pasó una década haciendo justo lo contrario.

"Proporcionar una mayor estabilidad normativa al IS contribuiría a reducir las distorsiones empresariales sobre la inversión y el empleo"

Los expertos de Montero culminaban el epígrafe con una advertencia que ahora parece un presagio: "Proporcionar una mayor estabilidad normativa al IS contribuiría a reducir las distorsiones empresariales sobre la inversión y el empleo". En su lugar, el Gobierno ha seguido modificando la tributación empresarial introduciendo aún más inseguridad jurídica.