Los técnicos de Hacienda dudan de que el Gobierno pueda frenar la marcha de Ferrovial

El malestar del Gobierno contra Ferrovial por llevar a Países Bajos su sede será simplemente eso, un fuerte malestar. El Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) descarta que desde el Ejecutivo puedan frenar o hacer replantear esta decisión a Rafael del Pino, presidente del grupo de infraestructuras, por lo que solo quedaría la opción de que los accionistas que representen más de un 2,6% del capital voten por el no.

Por tanto, la posibilidad de imponer sanciones o ciertos vetos a la actividad de Ferrovial en nuestro país, en caso de que culminara el traslado de su sede a Países Bajos, parece descartada. Desde Gestha, que han mostrado históricamente su oposición o malestar con decisiones similares aunque no idénticas, el mensaje es de conformidad y no arroja ningún resquicio que permita un mínimo de optimismo para el Gobierno.

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"No cabe pensar que puedan existir multas o sanciones, porque una empresa decida cambiar su domicilio fiscal fuera del país, más allá de la tributación de salida que se prevé en el Impuesto de Sociedades en determinados casos", señala José María Mollinedo, secretario general de Gestha, a El Confidencial.

Esta imposición de salida no sería aplicable en el caso de Ferrovial, puesto que se desplaza a un territorio dentro de la Unión Europea como son los Países Bajos, con el que España tiene un acuerdo de intercambio de información. Además, posiblemente Ferrovial integre el valor de los elementos patrimoniales que sean de su propiedad en un establecimiento permanente que se sitúe en territorio español. "Si esto no existiera, sí se le exigiría la tributación de salida, por la diferencia entre el valor del mercado y el valor fiscal de dichos elementos patrimoniales", sostiene José María Mollinedo.

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Descartada la opción de sanciones por parte del Ejecutivo comandado por Pedro Sánchez, la opción de cierto veto en contratos públicos tampoco podría ponerse explícitamente encima de la mesa. En las palabras de la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, se deslizaba mínimamente este escenario al señalar que "es paradójico que se anuncie esta posible decisión en un momento de importante atracción de inversión extranjera y confianza de los inversores y empresas extranjeras en nuestro país, y con un proceso de inversión pública y modernización sin precedentes en marcha en los sectores en que está presente el grupo Ferrovial".

El secretario general de Gestha era rotundo al respecto, puesto que "el Gobierno no puede vetar a ninguna empresa, española o extranjera, la contratación pública. Así lo determina la Ley vigente de Contratos del Sector Público, de 2017. Solo se exige que estas personas jurídicas tengan plena capacidad de obrar y no esté en curso ninguna prohibición que les impida contratar". Es decir, Ferrovial seguirá optando a los contratos públicos, tal y como venía haciéndolo actualmente, opte o no por el traslado de su sede.

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El Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) avalaría, por tanto, el mensaje que ha lanzado Ferrovial de que, pese al cambio de su sede, "no cambia nada". La compañía del Ibex 35 ha defendido distintos argumentos para tomar esta decisión, como que la mayor parte de sus ingresos del grupo provienen de fuera de España (superior al 80%), es un país con la máxima calificación crediticia y goza de un marco jurídico estable.