Sánchez rescata su discurso anti-Ibex tras la salida de Ferrovial y pone rumbo electoral

El Gobierno ha sacado toda su munición contra Rafael del Pino, presidente ejecutivo de Ferrovial y tercera fortuna del país. Si en un primer momento se cuestionaron los motivos alegados por la constructora para trasladar su sede social de España a Países Bajos, desde el entorno más cercano a Pedro Sánchez disparaban directamente contra Del Pino. Se le acusa de no querer pagar impuestos. De moverse solo por un "interés personal". Precisamente, cuando el Ejecutivo ha justificado los tributos extraordinarios a la banca y las energéticas, así como el de los ricos, por la necesidad de que "los más pudientes arrimen el hombro para sacar adelante el país". Sánchez no solo se defiende al negar de este modo cualquier responsabilidad en la marcha de la compañía, tildando de "ridículo" el argumento de la falta de seguridad jurídica en España, sino que pasa al contraataque, rescatando su discurso contra ciertos "poderes económicos".

El propio presidente del Gobierno cargó en público contra el presidente ejecutivo de Ferrovial. "En España hay ejemplos extraordinariamente positivos de grandes empresarios comprometidos con su país, pero desde luego, tras este anuncio, creo que no es el caso del señor Del Pino", dijo este jueves. Sánchez aprovechó una comparecencia ante los medios desde Dinamarca, tras reunirse con la primera ministra, Mette Frederiksen, para entrar en la confrontación, poniendo en valor "la responsabilidad social [de los empresarios] en la sociedad en la que nacen y desarrollan toda su acción".

El jefe del Ejecutivo trata de recuperar el rumbo electoral tras varias semanas de dificultades en que, según todas las encuestas, ha ido perdiendo pie. A la gota malaya de las revisiones de sentencias a agresores sexuales por la ley del solo sí es sí, se han sumado la crisis en la coalición por la reforma de esta norma, el encarecimiento de la cesta de la compra y las hipotecas o la sacudida por el caso Mediador. Este martes, Ferrovial anunciaba la decisión de trasladar su sede fuera de España. Un último golpe ante el que ha respondido el Gobierno, poniendo nombres y apellidos de quienes se resistirían a su modelo para una salida social de la crisis, preservando el interés general para "proteger a la clase media y a los trabajadores". De hecho, desde la Moncloa se desliza que detrás de la decisión se encuentra un ánimo de sortear el impuesto de solidaridad a las grandes fortunas.

Cuando Sánchez anunció estos nuevos tributos, ya vaticinó que habría resistencias y "golpes". Lo propio frente a "un Gobierno molesto para los poderes económicos". Con todo, les retó asegurando que "no nos van a quebrar". Ya entonces, el presidente del Gobierno puso otros nombres sobre la mesa para fijar su discurso contra el establishment y en defensa de las "mayorías sociales", asegurando que tras escuchar a "algunos dirigentes de bancos, a la señora Botín, al señor Galán (...) si protestan, es que vamos en la buena dirección".

Discurso anti-Ibex

A menos de tres meses de las elecciones municipales y autonómicas, la Moncloa vuelve a endurecer su discurso con tintes anti-Ibex para situarse como principal baluarte en la defensa de las clases medias y trabajadoras. El choque directo con Del Pino se produce después de que desde el ala socialista del Gobierno se reprochase al socio minoritario de la coalición, Unidas Podemos, sus ataques personales a Juan Roig (Mercadona). En esta ocasión, no hubo reprimendas a la titular de Derechos Sociales, Ione Belarra, por tildar de "antipatriota" a Ferrovial y acusarlos de "irse a un paraíso fiscal para pagar menos impuestos".

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El señalamiento, además, viene directamente desde la Moncloa. Del entorno del presidente socialista, que trasladó su malestar con Del Pino en conversación informal con los periodistas durante su viaje a Irlanda este jueves. En esta línea, incluso se criticó la falta de seriedad por no comunicar previamente la decisión al Gobierno.

Ningún miembro del Consejo de Ministros había personalizado en Del Pino, como presidente ejecutivo de Ferrovial, su malestar por la deslocalización de la compañía fuera de España. Ni siquiera se apuntó con contundencia desde el ala socialista a las motivaciones fiscales, más allá de cuestionar sus argumentos de falta de seguridad jurídica.

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El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, fue un poco más lejos que sus compañeros al asociar las razones del traslado a la "codicia". Durante una entrevista en TVE, avisó de que "la codicia a veces es mala consejera" y calificó la decisión de "cortoplacista". En esta línea, recordó que, antes de la crisis financiera, muchas entidades "tomaron mucho riesgo por codicia, por tener bonus más grandes, beneficios más grandes, y eso era cortoplacismo, porque las llevó a resultados negativos", explicando que existe una escasa diferencia de cómo tributan en España los dividendos obtenidos en terceros países con respecto a cómo lo hacen en otras regiones.

La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, sí llegó a alegar que Países Bajo "es un país que tradicionalmente ha tenido un marco fiscal destinado a atraer multinacionales", aun reconociendo que "es verdad que ha ido moderando su posición por la presión europea". La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, habían centrado sus mensajes en solicitar a la compañía que no reduzca su plantilla de trabajadores en España.

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En Unidas Podemos se ha ido un paso más allá para llevar a la precampaña un debate en el Congreso sobre la salida de Ferrovial. Para ello, han anunciado la presentación de una proposición de ley con la que pretenden obligar a las empresas que se lleven su producción o sus sedes —fiscal o social— fuera de España a que devuelvan todas "las ayudas y subvenciones públicas obtenidas durante los 10 años anteriores" a que tomasen esta decisión.

El Gobierno busca recuperar el rumbo electoral con el leitmotiv de "proteger a la clase media y trabajadora" y "repartir de manera equitativa las cargas de esta guerra". Un reparto por el que ha justificado el impuesto a la riqueza, al que ahora se acusa de intentar esquivar a Rafael del Pino y, por tanto, situándolo fuera de lo que consideran "una obligación para todos los sectores y empresas que se benefician de esta situación". En su caso, además, se reprocha que por beneficiarse de la contratación pública "se trata de una empresa que debe todo a España".