Pedro Sánchez carga contra Del Pino: "En España hay empresarios comprometidos, pero no es su caso"

El malestar en el Gobierno sigue creciendo por la decisión de Ferrovial de trasladar su sede a Países Bajos. El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha cargado directamente contra su persona asegurando que “en España hay ejemplos extraordinariamente positivos de grandes empresarios comprometidos con su país, pero desde luego, tras este anuncio, creo que no es el caso del señor Del Pino”. Así lo ha manifestado durante una comparecencia ante los medios desde Dinamarca, tras reunirse con la primera ministra, Mette Frederiksen. El jefe del Ejecutivo ha afeado así una decisión que desde Moncloa vinculan a un interés por pagar menos impuestos, entrando a la confrontación y recordando la "responsabilidad social (de los empresarios) en la sociedad en la que nacen y desarrollan toda su acción". Asimismo, ha apuntado que el Gobierno va a seguir la situación y "ver que el anuncio corresponde con la legalidad".

Tras cuestionarse desde los ministerios económicos los argumentos de la compañía, que alega una búsqueda de mayor seguridad jurídica, fuentes de la Moncloa han pasado a apuntar directamente a la familia Del Pino. El verdadero motivo del traslado de Ferrovial lo asocian con un "interés personal" para pegar menos impuestos. Este es el análisis del equipo económico de Moncloa trasladado a los medios durante el viaje a Irlanda del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que ha recogido la agencia EFE, deslizando que se buscaría sortear el recién creado impuesto a las grandes fortunas. Es por ello por lo que califican las explicaciones de la compañía de "ridículas". El denominado impuesto de solidaridad a las grandes fortunas, sin embargo, es un tributo en principio temporal para los ejercicios 2023 y 2024.

La decisión de la constructora está siendo analizada por el Ejecutivo, que reconoce que es evidente que no se puede parar de forma inmediata y de la que responsabiliza de forma directa a la familia Del Pino por una cuestión fiscal. En la Moncloa existe el convencimiento de que no va a provocar ningún efecto llamada y que otras grandes compañías españolas no van a seguir el mismo camino porque usan el símil de que las empresas no son como las gacelas, que a la carrera de una se suman todas las demás.

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En este caso concreto, las mismas fuentes recogidas por EFE, tienen el convencimiento de que eso no va a ocurrir porque no son ciertos los motivos que esgrimen en Ferrovial apelando a una menor seguridad jurídica en España que en Países Bajos. Frente a ello, subrayan que todos los indicadores sitúan a España entre los países del mundo que más seguridad jurídica proporcionan para la inversión.

Lejos de ese argumento, que insisten en que se trata de meras excusas que son "ridículas", la Moncloa ve intereses personales en la decisión de la cúpula de la empresa presidida por Rafael del Pino. Apunta que detrás de la misma estaría la búsqueda de pagar menos impuestos, pero no solo como empresa, sino también personalmente, porque esa menor presión fiscal es en lo único que admiten que Países Bajos se sitúa por delante de España. Una reflexión que lleva al Gobierno a defender una mayor armonización fiscal comunitaria justo en la jornada en que Sánchez visita Irlanda, uno de los socios de la UE con la presión fiscal más baja.

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No se entiende tampoco desde el Gobierno que Ferrovial traslade su sede cuando están llegando a España numerosas inversiones directas, entre ellas la gigafactoría de baterías en Sagunto (Valencia), que conllevan análisis profundos sobre la seguridad jurídica del país y certifican su idoneidad. De la misma forma, le sorprende que esta constructora quiera adoptar esa decisión después de haber ganado y seguir ganando mucho dinero en España. El Gobierno está también molesto con la forma en que ha actuado, ya que no hubo una comunicación previa antes de hacer pública su decisión y recalca que las empresas serias no proceden como lo ha hecho Ferrovial.

El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha sido el primero en cargar las tintas contra Ferrovial asociando su traslado a la "codicia". Durante una entrevista en TVE, avisó que "la codicia a veces es mala consejera" y calificó la decisión de "cortoplacista". En esta línea, apuntó que, antes de la crisis financiera, muchas entidades "tomaron mucho riesgo por codicia, por tener bonus más grandes, beneficios más grandes, y eso era cortoplacismo, porque las llevó a resultados negativos", explicando que existe una escasa diferencia de cómo tributan en España los dividendos obtenidos en terceros países con respecto a cómo lo hacen en otras regiones.

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La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, también sugirió este jueves argumentos fiscales, en lugar de seguridad jurídica, para explicar la decisión de Ferrovial. Sobre Países Bajos alegó que "es un país que tradicionalmente ha tenido un marco fiscal destinado a atraer multinacionales, si bien es verdad que ha ido moderando su posición por la presión europea". Por su parte, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha pedido a la compañía que "reconsidere" su decisión, que en la Moncloa ven irreversible. Ante ello, ha lanzado un mensaje para que "mantenga el volumen de inversión y puestos de trabajo que tiene" en España actualmente. En la misma línea, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha instado a mantener los más de 5.000 empleados que Ferrovial tiene en España: "Si son españoles, lo tienen que demostrar", instó tras reprochar que "los salvamos con dinero público con los ERTE".

Desde su formación parlamentaria, Unidas Podemos, ya han anunciado acciones legislativas a modo de cortafuegos para evitar que otras empresas sigan los pasos de Ferrovial. A través de una proposición de ley que registrarán en los próximos días, los morados pretenden obligar a las empresas que se lleven su producción o sus sedes —fiscal o social— fuera de España a que devuelvan todas "las ayudas y subvenciones públicas obtenidas durante los 10 años anteriores" a que tomasen esta decisión.