El plan del Gobierno para entrar en Telefónica encarece el coste al contribuyente

La forma empleada por el Gobierno de entrar en el capital de Telefónica tendrá un coste adicional para el bolsillo de los contribuyentes españoles, según está dejando patente el mercado. Cuando aún la SEPI —organismo dependiente de Hacienda— no ha iniciado el proceso de compra, las acciones de la operadora registraban este miércoles avances que han llegado a superar el 7% (aunque posteriormente se han reducido al entorno del 4%). Un alza que se da después de que el Estado desvelara este martes sus intenciones de alcanzar hasta un 10% del capital social de la empresa.

De esta manera, si el holding público iniciara la compra hoy, ya el coste de las acciones a comprar sería al menos un 4% más elevado de lo que lo hubiera sido ayer. El mercado está tratando de aprovecharse de las intenciones reveladas por el Gobierno de convertirse en el primer accionista de la operadora. Los inversores compran ahora sabedores de que la SEPI tratará de sumar un 10% de acciones de Telefónica "en el menor tiempo posible", como ya ha asegurado.

El 10% de Telefónica valía en bolsa al cierre de la sesión de ayer unos 2.050 millones de euros (3,57 euros por acción). Tras el comunicado de SEPI con el acuerdo del Consejo de Ministros, las acciones de la empresa repuntaban hasta los 3,82 euros al arranque de la sesión este miércoles. Esto valora el 10% de Telefónica en algo menos de 2.200 millones de euros. Esto significa que la compra, si se diera esa revalorización, sería casi 150 millones de euros más cara para todos los contribuyentes.

Opinión

TE PUEDE INTERESAR

Por qué el Gobierno no ha de entrar en Telefónica

Juan Ramón Rallo

El propio comunicado del brazo inversor del Gobierno admite implícitamente que sus intenciones tendrán un efecto en bolsa y, por ende, un encarecimiento. Reconoce en el comunicado enviado a la CNMV que tratará de hacer esta compra "minimizando el impacto en la cotización". Algo muy complicado cuando ya la SEPI ha revelado cuáles son sus intenciones de compra. Existe una clara desigualdad de información provocada por el propio Gobierno, por lo que se espera que el coste de la adquisición sea mayor de 2.000 millones de euros de dinero público que tendría que desembolsar a los precios de cotización previos al comunicado.

Perplejidad entre expertos

Varias fuentes jurídicas consultadas por este periódico y expertas en el mercado de capitales se muestran perplejas y no se explican que el Gobierno haya anunciado esta operación de esta forma. Consideran que elevará el coste para el contribuyente dada la presión alcista que ejercerá dicho anuncio sobre la acción. Añaden que la única posibilidad de que este modus operandi no encarezca la operación es haber apalabrado previamente la compraventa de un paquete relevante de acciones con algún accionista, pero no hay tantas opciones disponibles para alcanzar el 10% del capital.

No obstante, otro experto jurista asegura que, de ser así, debería haber dado una información mucho más detallada a la CNMV porque, si no, podría estar afectando al mercado. Según señala, el regulador, que por ahora no ha hecho pronunciamiento alguno, ha sido mucho más exigente en otras compras relevantes de cotizadas y considera que el movimiento de SEPI ante el mercado debería haber sido mucho más preciso de lo que ha sido.

Fuentes de la CNMV confirman que la única obligación de la SEPI ante el regulador, al igual que de cualquier otro actor privado, es notificar al superar una participación del 3%, posteriormente del 5% y después del 10%.

Fuentes jurídicas señalan que es obligatorio pasar por el Consejo de Ministros una operación de esta envergadura, superior a los 1.000 millones de euros. Otra de las fuentes consultadas cree que el Gobierno hace público esta intención de compra al ser un acuerdo adoptado en el Consejo de Ministros y de ahí que ayer hiciera la notificación al mercado tras el cierre de este martes, para que también conociera sus intenciones el regulador y el resto de actores afectados.

Sin embargo, fuentes jurídicas preguntadas por este medio niegan categóricamente que sea obligatorio hacer público por parte del Consejo de Ministros este acuerdo. Por razones evidentes de interés público, se podría haber mantenido en secreto hasta, al menos, superar el umbral del 3% de participación en Telefónica. Consideran que, de otra forma, la SEPI jugaría en desventaja en el mercado y eso iría contra el interés público. Además, asegura que, cuando las circunstancias lo requieren, los acuerdos del Consejo de Ministros se mantienen bajo confidencialidad, al igual que las actas y las deliberaciones.

Sea como fuere, lo cierto es que esta no es la primera vez que el Gobierno actúa de esta manera. En febrero de 2022, de nuevo la SEPI envió un comunicado a la CNMV en el que autorizaba al holding público a elevar su participación en el accionariado de Indra hasta el 28% del capital social, algo que ejecutó posteriormente, también ya con las cartas encima de la mesa y del mercado, con lo que, de nuevo, en ese caso pudo tener que asumir un coste extra para las arcas públicas.

Lo contrario de lo que hizo Arabia Saudí

El modus operandi es diametralmente opuesto al que desplegaron los saudíes de STC durante la primera mitad del año. Sin revelar sus intenciones de compra, la empresa árabe contrató los servicios de Morgan Stanley y otros asesores para ir comprando acciones al mercado hasta que, en septiembre, cuando ya tenía obligación legal y después de meses de compras anónimas, desveló que ya tenía un 4,9% del capital social de la operadora con sede en las Tablas y que, además, se guardaba a través de derivados otro 5% que ejecutaría al lograr las autorizaciones administrativas correspondientes (Arabia Saudí debe tener el permiso del Gobierno). Telefónica, el propio Gobierno de Sánchez, CaixaBank y BBVA, accionistas de referencia de la operadora, aseguraron entonces que no tenían ningún conocimiento de este movimiento.

TE PUEDE INTERESAR

El mercado recela de los planes del Gobierno en Telefónica: "No vemos casi nada positivo"

Agustín Monzón

El sigilo y evitar las filtraciones, algo muy diferente a la fórmula aplicada en este caso por el Gobierno, le permitió a STC comprar acciones de Telefónica en el mercado sin que subiera el precio y se les encareciera la operación, algo que es muy difícil que logre el Ejecutivo a tenor de su proceder. Desde la propia SEPI explican que lo único que hay ahora mismo es un mandato del Consejo de Ministros para que SEPI ejecute la compra y se convierta en el primer accionista de la operadora.

Es decir, que SEPI aún tiene que contratar asesores financieros especializados para ejecutar el proceso, asegura el holding público. Esta operativa refuerza la idea de que el Gobierno no ha activado esta operación por razones económicas o financieras, sino políticas, lo que apunta a que el precio a pagar es una razón secundaria. De hecho, el comunicado de SEPI justifica sus intenciones de compra para "dar estabilidad en el accionariado" y "contribuir a la salvaguarda de los intereses estratégicos" en una compañía que considera "de crucial relevancia para la economía, el tejido productivo, la investigación, la seguridad, la defensa y, en definitiva, el bienestar de los ciudadanos".