El Gobierno toma el control de Telefónica y rompe el equilibrio de poder de La Caixa y BBVA

El Gobierno ha decidido tomar el control de Telefónica. El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha ordenado comprar hasta un máximo del 10% del capital de la operadora de telecomunicaciones por un importe cercano a los 2.000 millones de euros. Esto colocará al Estado como el primer inversor de la multinacional, algo que no pasaba desde hace más de 25 años, lo que ha provocado que la teleco se dispare en bolsa al anotarse una subida de hasta el 7%.

La operación es inédita en España y, en cierto modo, en Europa. Aunque varios gobiernos europeos ya se encuentran presentes en el accionariado de sus antiguos monopolios de telecomunicaciones, se trata de participaciones heredadas que quedaron exentas de los procesos de privatización de finales de siglo pasado. En este caso, se trata del regreso del Estado al capital de una compañía de la que ya había salido por completo.

Según aseguran fuentes próximas a la operación, la decisión de la Moncloa se ha adoptado sin previo aviso a la propia compañía, ni a dos de sus accionistas históricos, La Caixa y BBVA. Y también después de que las conversaciones con Arabia Saudí no hayan fructificado para conseguir un reparto de poder equitativo. La operadora Saudi Telecom Company (STC), controlada por el fondo soberano del país árabe, anunció el pasado 4 de septiembre que había tomado el 4,9% del capital de Telefónica y que había pedido al Gobierno permiso para subir hasta el 9,9%. El equipo económico de Sánchez había solicitado a STC que adquiriera solo el 4,9% del capital de Telefónica y que no influyera en la gestión de la compañía, privatizada totalmente en 1998 durante la primera legislatura del presidente José María Aznar.

Pero, en las conversaciones de la semana pasada, los representantes de la monarquía de Oriente Medio se mantuvieron firmes en su idea de ser el primer accionista y tener los respectivos asientos en el consejo de administración. Al menos uno, si se atiende a una proporción estrictamente matemática, que exigiría disponer de un 6,7% de las acciones para optar a una de las 15 sillas. Y dos, si se tiene en cuenta que BBVA cuenta con una silla a pesar de tener una participación por debajo del 5%. La Caixa, dueña de casi un 6%, también dispone actualmente de una. Otra de las variables que el Gobierno debe controlar es la formalización por parte de Riad de un nuevo contrato para construir cinco corbetas en los astilleros españoles de Navantia por un importe cercano a los 1.800 millones de euros.

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Ante esta creciente tensión, el Gobierno anunció este martes que comprará hasta el 10% de Telefónica, cuando su idea inicial era adquirir solo un 5%, como adelantó en exclusiva El Confidencial el pasado 30 de octubre. Aunque Nadia Calviño, ministra de Economía, tildó inicialmente la información de rumores infundados, un día más tarde, a requerimiento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) reconoció que estaba "llevando a cabo un análisis exploratorio interno relativo a una eventual adquisición de una participación accionarial en dicha compañía". Para matizar que "dicho análisis no presupone la adopción de una decisión que suponga dicha adquisición".

Ayer, el Gobierno justificó la operación asegurando que "la presencia de un accionista público en Telefónica supondrá un refuerzo para su estabilidad accionarial y, en consecuencia, para preservar las capacidades estratégicas y de esencial importancia para los intereses nacionales". Sin embargo, lo cierto es que ni La Caixa, ni BBVA ni el consejo de administración de Telefónica habían sido informados previamente, al igual que ocurrió con la idea original, según han reconocido varias fuentes próximas a la operación.

En otras palabras, ha hecho lo mismo que STC, cuya maniobra fue criticada aguas adentro por Nadia Calviño, que expresó su enfado por la irrupción de los saudíes sin consulta previa al Gobierno.

Telefónica, por su parte, respondió asépticamente al movimiento del Gobierno, con un hecho relevante remitido a la CNMV varias horas después del anuncio de la SEPI. En él la compañía asegura que continúa "enfocada en la ejecución del Plan Estratégico 2023-2026, recientemente aprobado y comunicado a través del Capital Markets Day del pasado 8 de noviembre de 2023, para seguir creando valor para sus accionistas y procurar el mejor servicio a sus clientes".

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La irrupción de la SEPI con la intención de llegar hasta al 10% supone romper el equilibrio de poder de facto que existía entre el holding inversor dirigido por Isidro Fainé y el banco vasco presidido por Carlos Torres. Un equilibrio que les otorgaba más del 10% del capital y con el que tenían una posición de privilegio en los principales órganos de control de la compañía. De hecho, hasta hace poco más de un año, disponían de dos consejeros cada uno y entre los dos pactaron la salida del entonces todopoderoso César Alierta y el nombramiento de José María Álvarez-Pallete como presidente en abril de 2016.

Según otras fuentes, el ente público pedirá antes de la próxima junta de accionistas al menos un consejero en representación de su inversión, un hecho inédito en la historia de la empresa privada en España y en Europa. Aunque la SEPI justificó que otros países como Alemania, Francia o Italia también tienen participaciones en Deutsche Telekom (13,8%), Orange (13,4%) y Telecom Italia (tendrá hasta un 20% de su filial de telefonía fija), lo cierto es que se trata de paquetes residuales de las antiguas privatizaciones. Ningún país ha invertido un euro en acciones de esas empresas en las últimas décadas.

Tanto la compra por parte de STC como de la SEPI se produce después de que la cotización de Telefónica haya sufrido considerablemente, afectada por la presión competitiva en España, la abultada deuda acumulada y una regulación de las telecomunicaciones en Europa que ha beneficiado, según Pallete, a las grandes tecnológicas como Google y Meta.

Telefónica cerró ayer en el mercado español con una capitalización bursátil de 20.740 millones de euros, lejos de los 34.000 millones en los que cotizaba en febrero de 2020, antes del golpe del covid-19. Tras conocerse las intenciones del Gobierno de adquirir hasta un 10% del capital, los títulos a través de los que la operadora cotiza en Nueva York, los ADR, se dispararon más de un 6%, lo que permite anticipar una apertura en verde en la Bolsa de Madrid este miércoles.