Por qué el Gobierno vuelve a entrar en el capital de Telefónica

Telefónica se dispone a engrosar el listado de empresas bajo control del Estado. Una vez se haga efectiva la compra del 10% de las acciones de la operadora, autorizada este martes por el Consejo de Ministros, la SEPI pasará a figurar como su principal accionista, recuperando una posición de control para la Administración pública de la que no disfruta desde que se desprendió en 1997 de su último paquete de acciones en la compañía.

Si entonces aquella venta formaba parte de una ola liberalizadora con la que el Gobierno de José María Aznar buscaba convertir España en un alumno aventajado de las tendencias imperantes en la economía internacional, el regreso del dinero público al capital de Telefónica viene a marcar un profundo viraje que se viene desarrollando en Europa en los últimos años, con una influencia creciente del Estado sobre el poder económico, y en el que España, también esta vez, viene representando un papel protagonista.

"La participación de la SEPI permitirá proporcionar a Telefónica una mayor estabilidad accionarial para que la compañía alcance sus objetivos y, por ende, contribuirá a la salvaguarda de sus capacidades estratégicas", ha sido la fórmula empleada para justificar un movimiento que nace de una necesidad, la de contrarrestar la posible influencia de Arabia Saudí en el capital del grupo español.

La entrada del grupo saudí STC en Telefónica, con la compra de un 5% de sus títulos y la voluntad de elevar esa participación hasta cerca del 10%, anunciada a principios de septiembre, ha sido el desencadenante de una operación que llevará al Gobierno español a desembolsar algo más de 2.000 millones de euros para convertirse en el principal accionista del grupo.

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La posición de Telefónica como empresa estratégica, por sus vínculos con Defensa, permitía al Gobierno bloquear el movimiento saudí, impidiendo ese incremento de la participación por encima del 5%, valiéndose del llamado escudo antiopas. Pero sin manifestar aún su disposición o no a aceptar ese refuerzo de la inversión de STC en Telefónica, el Ejecutivo que dirige Pedro Sánchez ha visto en el baile accionarial en la operadora una oportunidad de oro para hacerse con su control.

Como recordaba este martes la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, la participación del Gobierno en la mayor operadora del país está lejos de suponer una anomalía en Europa. Italia (con un 9,8% de Telecom Italia), Francia (con un 13% de Orange), Alemania (con un 30% de Deutsche Telekom) o Suiza (con un 51% de Swisscom) representan muestras evidentes de que el de las telecomunicaciones ha sido un sector en el que los gobiernos europeos han considerado oportuno mantener una presencia considerable.

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Más anormal resulta que esta presencia sea producto de una decisión reciente de inversión y no una herencia derivada del origen público de estas empresas. Pero casos como el de la eléctrica EDF en Francia muestran cómo en los últimos años se ha generado un clima favorable a que los gobiernos europeos refuercen su control sobre determinados sectores que puedan considerar de especial relevancia. Aunque, por lo que implica la reentrada en una empresa que ya había sido plenamente privatizada, el caso de Telefónica representa un paso más allá en esta apuesta.

Con el impacto del covid como detonante, se ha abierto paso la idea de que en Europa la ola liberalizadora fue demasiado lejos, al dejar supeditadas las decisiones de compañías esenciales para la satisfacción de necesidades estratégicas en la región al arbitrio del pujante capital estadounidense y, sobre todo, chino y árabe. Reconstruir la capacidad de dirección del estado respecto a estas empresas es un objetivo bastante extendido y que el Gobierno español ha abrazado con especial entusiasmo.

Aunque desde una posición minoritaria, el 10% bajo control de la SEPI ofrecerá al Gobierno una capacidad de influencia en Telefónica muy elevada. No hay más que observar casos como los de Enagás, Redeia o Indra para evidenciar la capacidad que tiene el poder público de imponer su voluntad en compañías en las que está presente, sin necesidad de controlar la mayoría de las acciones. Precisamente, los sucesos más recientes en Indra dan fe de ese mayor intervencionismo público en determinados sectores que se consideran estratégicos.

Además, junto a Criteria-Caixa y BBVA, la SEPI tendrá la oportunidad de conformar en Telefónica un núcleo accionarial nacional capaz de contrarrestar con creces la influencia saudí, incluso si finalmente se le permite alcanzar el 9,9% del capital de la operadora.

Impacto para la cotización

El movimiento, por lo que supone de la puesta en marcha de un proceso de compra de calado, comprende un efecto positivo de corto plazo para las acciones de Telefónica que ya se ha hecho notar en la tarde de este martes en la Bolsa de Nueva York, donde los ADR del grupo han registrado alzas que han superado el 6%.

La realidad, sin embargo, es que el control público no suele ser un elemento del agrado de los inversores, temerosos de que este se traduzca en decisiones de gestión poco justificables desde el punto de vista puramente financiero. La pregunta que este mismo martes se le hizo a Calviño —y que quedó sin respuesta— sobre la posibilidad de que el Gobierno detenga el ERE que Telefónica está negociando actualmente con los sindicatos ejemplifica el tipo de intervenciones públicas que podrían poner en alerta a los inversores.

Resulta significativo, sin embargo, que desde que El Confidencial reveló el plan del Gobierno de entrar en el capital de la operadora, han sido escasas las referencias de las casas de análisis a esta cuestión, como muda ha sido la reacción del mercado, que tampoco encontró en el aterrizaje de STC una razón para dar un impulso sostenido a la acción del grupo que dirige José María Álvarez-Pallete.

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Al fin y al cabo, del movimiento del Gobierno no se conoce, hasta el momento, más motivación que la de garantizar la preeminencia del capital español en el accionariado de Telefónica, sin otras prioridades estratégicas manifiestas.

Así las cosas, con la SEPI o sin ella en su accionariado, a Telefónica le siguen persiguiendo las mismas tareas con las que anda lidiando desde hace años, que no son otras que las de demostrar que es capaz de seguir creando valor en un negocio ajado por las fuertes presiones competitivas y las abultadas necesidades de inversión.

Al cierre de este martes, las acciones de la compañía se movían en el mismo nivel en que se encontraban cuando presentó hace poco más de un mes su nuevo plan estratégico, basado en un blindaje del flujo de caja que debería permitir seguir pagando un generoso dividendo, sin descuidar el resto de prioridades financieras: el capex y la reducción progresiva de la deuda. Los inversores siguen esperando respuestas a las incertidumbres que rodean al sector de las telecomunicaciones en general y a Telefónica en particular. Es poco probable que estas respuestas las pueda ofrecer la SEPI.