El mercado recela de los planes del Gobierno en Telefónica: "No vemos casi nada positivo"

Los planes de la SEPI para irrumpir en el capital de Telefónica han ocasionado movimientos considerables en el mercado bursátil español. Tras recibir la noticia con alzas relevantes en la bolsa de Nueva York (donde cotiza a través de ADR), las acciones de la operadora amanecieron este miércoles en el parqué nacional con ganancias que llegaron a superar el 7%, aunque posteriormente se redujeron hasta el entorno del 4%.

Entre los expertos, esta reacción positiva tiene poco de sorprendente, ya que el anuncio de la SEPI lleva a los inversores a posicionarse para un escenario a corto plazo de fuerte presión compradora. Como observan en Bankinter, el 10% de participación al que aspira el ente público (unos 575 millones de acciones) representa alrededor del volumen total negociado en la compañía en un mes y medio.

Por eso, y a pesar de que la SEPI planteara en su comunicado su deseo de no influir con sus compras en la cotización del grupo, entre los analistas hay unanimidad en considerar que, mientras se materializan, las compras públicas supondrán un impulso favorable a la cotización que implicará, entre otras cosas, que se incremente la factura para el Estado.

Menos confiadas se muestran, en cambio, las casas de análisis respecto al efecto que la entrada de la SEPI podrá tener a medio plazo en la visión de Telefónica en el mercado.

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“A medio y largo plazo consideramos que lo mejor para la compañía es que el actual equipo directivo y el consejo mantengan la independencia actual”, apuntan en Renta 4, donde advierten de que cualquier percepción de injerencia por parte del Gobierno en la gestión del grupo será acogida con recelo por los inversores.

Una visión que refrendan en Bestinver Securities, donde se declaran cautos respecto al movimiento de la SEPI. “Pensamos que es muy probable que esto se convierta en un tema que preocupe al inversor, sobre todo al extranjero”, indican.

Algunas firmas prevén que el Gobierno acabe elevando su presencia por encima del 10%

La posibilidad de que la influencia del Gobierno en el accionariado afecte a cuestiones relevantes como el reciente plan estratégico es uno de los asuntos que más vigilará el mercado, según observan en Bankinter.

Y aunque es cierto que, con un 10% de las acciones, el poder público podría parecer limitado (a priori solo daría derecho a la SEPI a tener un asiento en el consejo), firmas como Bloomberg Intelligence parecen contemplar la posibilidad de que más adelante el Ejecutivo trate de incrementar su presencia en la compañía de telecomunicaciones para afianzar su control.

“Aún hay muchas incógnitas. No sabemos qué papel tomará la SEPI una vez entre en el accionariado. Si tratará de tener uno o dos consejeros, cómo… Hay que esperar a ver cómo se activan los resortes corporativos y esto es algo que va a llevar tiempo”, señala Juan Peña, analista de GVC Gaesco, quien advierte, no obstante, que el caso del intervencionismo del Gobierno en Indra en los últimos años supone un precedente poco alentador.

El precedente de Indra

Precisamente, los anteriores casos de injerencia del Gobierno de Pedro Sánchez respaldan la lectura negativa que hace Mirabaud de la operación. “No vemos casi nada positivo en esta decisión y tememos que el Gobierno español no dude en reforzar su control sobre Telefónica y utilizarlo para favorecer sus intereses”, observa José Ramón Ocina, analista de Mirabaud, en una nota a clientes.

“El actual Gobierno español no se muestra favorable a los inversores. De hecho, es muy intervencionista. Ahora estará en mejores condiciones para interferir en la política de asignación de capital y probablemente en los contenidos que transmite a sus suscriptores de medios, en detrimento de los beneficios del resto de accionistas de Telefónica”, añade el experto, que tan solo ve la opción de que la presencia pública en el accionariado de la compañía que dirige José María Álvarez-Pallete pueda servir para alinear intereses y que el Gobierno abogue ante las autoridades de Bruselas por una legislación más favorable a las operadoras de telecomunicaciones.

Con todo, Ocina se muestra, incluso, crítico con la justificación aparente de la reentrada del poder público en Telefónica. “El Gobierno ha decidido que es la forma más eficaz de salvaguardar algunas operaciones sensibles para los intereses nacionales y prevenir la interferencia de estados extranjeros. En nuestra opinión, no es un argumento sólido, ya que otros estados de la UE no están presentes como accionistas de sus operadores de telecomunicaciones actuales y la información confidencial se gestiona mediante procedimientos de alta seguridad”, apunta.