Me voy de vacaciones y no quiero pagar por la luz que no consumo: ¿qué puedo hacer?

El verano ya llegó y muchos españoles se enfrentan a una situación indeseada: pagar la factura de la luz de su vivienda habitual mientras no están disfrutando de ella. Seguramente la mayoría de quienes pueblan las carreteras en plena operación salida de julio no esté pensando en eso, pero lo cierto es que supone un gasto inútil que afecta a todos los que tienen la suerte de poder irse de vacaciones. Y más a quienes acudan a una segunda vivienda, ya que estarán pagando dos facturas a la vez: una por su casa de verano en la playa, el pueblo o la montaña y la otra por su primera residencia. Para ellos hay malas noticias: desprenderse del servicio mientras está inutilizado no sale a cuenta. Sin embargo, es posible ahorrarse unos euros si las cosas se hacen bien o recurrir a soluciones alternativas como el autoconsumo.

Según el Instituto Nacional de Estadística, 2,9 millones de hogares poseen una segunda vivienda, el 15,5% del total. Para gestionar su abastecimiento energético, estas familias tienen tres opciones: mantener ambas en condiciones normales, bajar la potencia contratada en aquella que no estén usando o, directamente, desenchufarla de la red.

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Esta última carece de sentido. La razón es que darse de baja resulta sencillo, pero volverse a dar de alta tiene un coste elevado. El proceso para reengancharse después de un período de desconexión no es automático. Uno puede apagar los datos del móvil cuando está en la playa y volver a activarlos cuando retoma su vida normal, pero con el suministro eléctrico resulta más difícil. La tramitación tarda entre cinco y siete días hábiles tras la solicitud a la comercializadora. Sin embargo, la distribuidora es quien se encarga de hacerlo: a ella se le abonan las tasas, aunque en los grandes grupos (Endesa, Iberdrola, Naturgy), ambos negocios están integrados. Una vez completada la burocracia, la compañía envía a un técnico a casa para comprobar que la instalación está en condiciones.

Todo este proceso implica dos gastos: un derecho de acceso, de 19,7 euros más IVA por cada kilovatio (kW) de potencia instalada, por el uso de la red de transporte y un derecho de enganche, de 9,04 euros/kW más IVA, por conectar la instalación del suministro en el edificio con la red eléctrica. A esto habría que sumar unos derechos de extensión, de 17,37 euros/kW más IVA, por los gastos de la instalación eléctrica si la baja fuera de más de 3 años. En el caso de una baja por vacaciones, se aplicarían los dos primeros, que se irían al entorno de los 100 euros para una vivienda media.

Se trata de un coste demasiado alto para una familia que se vaya un mes a la playa y quiera desconectar el suministro de su residencia habitual. Si no lo hace, solo pagará el término fijo de la factura, compuesto por los peajes y cargos asociados a la potencia contratada, el alquiler de los contadores y los impuestos que se aplican sobre la cifra total. Salvo que se tenga una potencia desmesurada, estos costes se quedarán muy lejos de los 100 euros, así que no sale a cuenta andar jugando a las altas y las bajas. Por no hablar del engorro que supone todo el proceso para recuperar el suministro, que se puede demorar durante una semana.

Sin embargo, existe otro coste que hay que tener presente para hacer números. Es el llamado consumo fantasma, que se corresponde con el de los aparatos que permanecen en stand by durante todo el período de ausencia sin que el cliente se dé cuenta. Aunque en teoría mínimo, ese gasto de energía incide en el término variable de la factura, que es muy raro que se quede a cero. Las principales empresas y organizaciones de consumidores recomiendan dejar apagado y desenchufado todo aquello que no sea indispensable, pero a veces no es posible. Y este es otro argumento que juega a favor del mantenerse conectado a la red en los períodos de asueto: una alarma que trabaje con alimentación, por ejemplo, no podría funcionar si damos de baja el suministro.

Desengancharse por vacaciones no tiene sentido, y tampoco bajar la potencia contratada

Desengancharse por irse un mes de vacaciones no tiene sentido, pero si se le da la vuelta al caso, la cosa cambia. Un consumidor que solo use su segunda residencia en verano sí se podría plantear dar de alta la electricidad únicamente en ese período. Si realmente va a bajar todos los interruptores del cuadro eléctrico el 31 de agosto de este año y no los va a volver a encender hasta el 1 de agosto del año que viene, estaríamos hablando de 11 meses de facturas inútiles. Con una potencia contratada media, de unos 4 o 5 kW, estaría pagando alrededor de 15 euros al mes —depende de las ofertas de las comercializadoras— solo por ese concepto, por lo que durante un largo período de ausencia podría llegar a amortizar los costes del alta, siempre que estuviese dispuesto a correr el riesgo —principalmente de seguridad— de estar sin luz y a iniciar de nuevo todo el proceso cada verano. Las diferentes comercializadoras consultadas desaconsejan esta práctica.

Otra opción que algunos barajan es reducir al máximo la potencia contratada durante los meses de ausencia para ahorrar todo lo posible en ese período sin necesidad de dar de baja el suministro. Pero esta alternativa también plantea problemas. El principal es de carácter legal. Para prevenir la picaresca de que el cliente juegue con la potencia a su antojo, solo está permitida una modificación al año. A la hora de la verdad, sin embargo, las comercializadoras suelen ser mucho más permisivas, sobre todo si el cambio es alza. Lógico: ganan más dinero.

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Si el consumidor logra burlar la norma para hacer dos modificaciones en cada ejercicio —la disminución cuando no está en la vivienda y el incremento cuando va a usarla—, se enfrentará a otro problema: el coste de la operación. Bajar potencia es barato: 9,04 euros más IVA por el enganche de los equipos de medida y 8,01 euros más IVA por la verificación, en caso de que la distribuidora necesite acudir al domicilio. Sin embargo, subir potencia puede llegar a salir muy caro. El único coste seguro es de los derechos de enganche, pero a este se le pueden añadir los costes de extensión (17,37 euros/kW adicional contratado) y los de acceso (19,70 euros/kW extra), en función de cuál sea la antigüedad del suministro. En algunos casos, también se cobra el coste de verificación. A todo esto hay que añadir las dificultades de un proceso que se puede llegar a prolongar durante más de dos semanas.

Como ocurría con la baja del suministro, jugar con la potencia instalada no merece la pena por un solo mes, pero podría llegar a ser una opción para las segundas residencias, siempre que el cliente consiguiese esquivar la ley, estuviese exento de los costes ligados a la antigüedad y tuviese tiempo para afrontar un proceso farragoso. "Solo en el caso de que se vaya a dejar la vivienda durante un largo plazo de tiempo, sería recomendable bajar la potencia a mínimos", aseguran fuentes del sector.

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Otra cosa distinta es que la potencia siempre esté muy ajustada, para evitar pagar de más por el término fijo de la factura. Esa es, junto al ahorro de los consumos fantasmas, la principal recomendación de las distintas comercializadoras consultadas. A diferencia de la residencia habitual, es muy probable que el apartamento de la playa no tenga lavavajillas, secadora o incluso horno, por poner solo tres ejemplos. No sería necesario tener acceso a tantos kilovatios, por los que además se van a estar pagando durante todo el año aunque solo utilicen durante unas semanas. Si no queda nada en la nevera y no hace falta dejar conectada una alarma, simplemente se puede apagar el cuadro y así evitar esos pequeños consumos inútiles que incrementan la factura durante el largo período de inactividad de la segunda vivienda.

La alternativa del autoconsumo

En definitiva, es posible pagar menos por la electricidad que no se disfruta, pero no pagar nada se antoja una quimera. Con una excepción: el autoconsumo. Para aquellos que quieran ahorrar en gastos superfluos, la mejor solución es instalar placas solares en su azotea. Por una sencilla razón: los cargos y peajes que se pagan para garantizar el acceso a la red cuando la instalación del autoconsumo no está produciendo pueden compensarse con los excedentes de la energía que se produce, no se consume y acaba vertiéndose a la red. En la práctica, esto permite que aquellos que estén de vacaciones no paguen nada por su factura de la luz, ya que las placas siguen produciendo y todos los gastos fijos se compensan por la exportación al sistema.

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Pero siempre se puede ir más allá. Algunas compañías ofrecen la posibilidad de ganar dinero con la generación eléctrica. Si la producción bate por tal magnitud al consumo que los ingresos por transferencias a la red superan a los costes que hay que compensar, se puede guardar el valor económico de esa energía. Es lo que se conoce como batería virtual, que genera un monedero para abaratar la factura en los meses siguientes o, si el cliente lo prefiere, abaratar la factura de la segunda residencia, siempre que la comercializadora sea la misma en ambos casos. Compañías tan diversas como Repsol o Comunidad Solar ofrecen esta posibilidad.

Se trata, sin duda, de la solución perfecta para el problema. Pero no todas las familias que están ahora en el atasco se la pueden permitir: instalar paneles solares para abastecer una vivienda (autoconsumo tradicional) supone un desembolso inicial de unos 4.000 o 5.000 euros, y comprarlos a distancia (autoconsumo remoto) puede llegar a unos 7.000.