Las elecciones allanan el camino a la supervivencia de los impuestos a ricos, bancos y energéticas

La noche electoral no fue muy positiva para los que deseaban un marco político en el que se tumbaran los impuestos temporales que ha creado el Gobierno de Pedro Sánchez. Unos tributos que el Ejecutivo aprobó in extremis para que estén en vigor desde este año, y a los que el resultado del 23-J ha asegurado, al menos, otro ejercicio de vigencia.

El impuesto a las grandes fortunas y los tributos sobre bancos y energéticas se crearon con el objetivo de estar en funcionamiento dos años, para su posterior revisión, con una recaudación estimada de 10.000 millones de euros. Sin embargo, está prevista una revisión el año que viene, dejando la puerta abierta a que se prolonguen, y Sumar ya ha pedido que sean permanentes.

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Este es el miedo que hay entre grandes patrimonios y sus asesores, así como en bancos y energéticas. Ya se asume que el impuesto seguirá un año más, en 2024 —devengando el ejercicio 2023—, disipando las pocas esperanzas que había de que un cambio de Gobierno tras las elecciones generales del domingo pudiera, contra reloj, eliminar los tributos en lo que queda de año. Además, se teme que acaben siendo permanentes.

El resultado electoral, con victoria del PP pero insuficiente para alcanzar una mayoría parlamentaria, aunque pacte con Vox, apunta a bloqueo, salvo que Pedro Sánchez sea capaz de aglutinar votos de los partidos nacionalistas, incluyendo el JxCAT de Puigdemont. Es decir, el escenario central que manejan los centros de mando empresariales es de incertidumbre y de potencial repetición de elecciones.

Si hay repetición de elecciones, no habrá tiempo para cancelar estos impuestos de cara al segundo año de vigencia. Si continúa el Gobierno actual de Pedro Sánchez con Sumar como principal aliado, tampoco habrá intención de eliminar los impuestos creados y, de hecho, existe la posibilidad de que acaben perpetuándose.

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Ahora mismo, al contrario de lo que ocurrió el 28 de mayo con el anuncio de convocatoria de elecciones generales, no se da ninguna opción a que estos tributos se suspendan este año, de cara al próximo ejercicio. En aquel momento, hubo preguntas de los clientes de fiscalistas especializados en grandes patrimonios sobre si había opciones. Y, aunque no eran claras, sí las había.

Se contaba con una victoria suficiente para gobernar del PP y, en ese caso, que se diera prisa en eliminar los impuestos, ya que debería hacerse antes del 31 de diciembre, con el consiguiente trámite legislativo para derribarlos. Alberto Núñez Feijóo abrió la puerta a ello, diciendo que revisaría los impuestos y los eliminaría si las cuentas lo permiten, e incluso llegó a contradecir a Juan Bravo, su portavoz económico, que en Santander dijo que hay una revisión prevista del impuesto a la banca para el año que viene y que el futurible Gobierno del PP esperaría a la misma.

El impuesto temporal de solidaridad a las grandes fortunas afecta a aquellos que dispongan de más de tres millones de patrimonio. No obstante, como se superpone al de patrimonio para evitar la competencia fiscal, carga especialmente contra los ricos de Madrid, Andalucía y autonomías con deducciones importantes en este impuesto, como Galicia. Pero un fallo en el diseño permite ahorrarse a estos, en el primer ejercicio, hasta un 80% en función de la estructura patrimonial, lo que afectará a la recaudación potencial de 1.500 millones el primer año.

Criteria ya recordó esta semana a los grandes inversores que el impuesto podría prolongarse el año que viene, por una cláusula de revisión pactada. Lo que está claro es que no se eliminará este año. María Jesús Montero, ministra de Hacienda, que acompañó el domingo a Sánchez en el balcón de Ferraz, tiene ahora la misión de que se modifique el texto para evitar el agujero que beneficiará a los grandes patrimonios de Madrid, Andalucía o Galicia.

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Madrid y Andalucía han recurrido el impuesto ante el Constitucional, y los asesores de contribuyentes afectados recomiendan pagar el impuesto, con la presentación del modelo 718 este mes, e impugnar la autoliquidación. La asociación de asesores fiscales (Aedaf), que recomienda impugnar el impuesto, alerta de que "es pan para hoy y hambre para mañana, ya que todas las impugnaciones de este impuesto pueden traer como consecuencia un coste mucho mayor al Estado, que tendrá que devolver lo recaudado más los intereses de demora".

Los impuestos a bancos y energéticas también están recurridos, por parte de patronales y empresas. El Estado se juega los 10.000 millones de potencial recaudación, pero también, en caso de que el Constitucional dé la razón a los reclamantes, cientos de millones en intereses de demora. De hecho, es fácil que pudiera llegar a los 1.000 millones. Actualmente, el tipo de interés de demora está fijado en el 4,06% anual.

El Estado se juega los 10.000 millones de potencial recaudación, pero también cientos de millones en intereses de demora

La respuesta de los mercados al resultado electoral fue mínima, con un descenso del Ibex del 0,29%, aunque en contraste con movimientos planos o positivos en otras bolsas. Lo que sí se vio es un castigo por encima de la media para bancos y energéticas, las empresas sobre las que recae un impuesto temporal que cumplirá, como mínimo, dos años en 2024.

Lo que tampoco parece que vaya a ocurrir es que haya un incremento de la deducción a las aportaciones de planes de pensiones individuales, algo por lo que abogaba el PP, aunque sin concretar la cuantía y sin volver a los 8.000 euros de hace dos años. El Gobierno de Sánchez recortó esta cifra hasta los 1.500 euros, y ha apostado por incentivar el ahorro complementario a través del mercado laboral, con fondos de prensiones en el ámbito de la negociación colectiva con promoción pública.