La ofensiva fiscal del Gobierno arriesga el pago de 1.000 M en intereses a bancos y grandes fortunas

Hacienda se enfrenta a más litigiosidad a corto plazo y, a medio plazo, a pagar intereses de demora millonarios. Porque los nuevos impuestos se enfrentan a demandas y recursos que, en caso de prosperar, será después de varios años, implicando el pago de intereses, como ya ocurre con el 720, con los impuestos cobrados de más por dividendos a inversores extranjeros o como ha sucedido con Telefónica.

Para el Estado, dejando de lado el riesgo de empobrecer la seguridad jurídica y la imagen del país, es como un bono. Pero con unos intereses por encima de mercado, pese a la reciente subida de tipos de interés. El tipo de interés por demora está fijado en presupuestos en el 3,75%, y lo lógico es que se revise al alza en los próximos años.

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No obstante, asumiendo este coste y los objetivos de recaudación que tiene el Gobierno de Pedro Sánchez, los litigios podrían derivar en un coste adicional para el Estado que, en estimaciones conservadoras, sobrepasaría los 1.000 millones de euros. La paradoja es que el argumentario de Moncloa pasa porque grandes fortunas, bancos y eléctricas contribuyan con un esfuerzo adicional a esta situación de crisis, con inflación, shock energético y tipos de interés al alza. Pero la consecuencia podría ser lo contrario, que el Reino de España abone cantidades millonarias a estos contribuyentes, algo que ya ha ocurrido en el pasado.

Telefónica acaba de ganar, de forma definitiva, una disputa de 1.316 millones, en la que 790 millones corresponden a impuestos satisfechos que deberá devolver Hacienda, y otros 526 millones son intereses de demora. No hay un cálculo definido para los impuestos devueltos a los inversores institucionales respecto a los fondos españoles, pero se estima que es una cuantía de cientos de millones en intereses. Lo mismo ocurre con el 720, tumbado por el Tribunal de Justicia Europeo (TJUE).

Esta dinámica se extiende desde hace años, con Cristóbal Montoro al frente de Hacienda y, ahora, con María Jesús Montero. Ahora, los nuevos impuestos podrían dar una vuelta de tuerca a esta especie de financiación obligatoria a costa del contribuyente, pero abonando intereses por encima de los del mercado. Intereses de demora que, además, están exentos.

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Es decir, si una gran fortuna decide ahora comprar un bono del Tesoro a cinco años, invertirá con un cupón en torno al 2,8%, según la cotización de la deuda del mercado secundario. Pero si abona el nuevo impuesto, recurre y, finalmente, se declara anticonstitucional, este gran patrimonio recibirá intereses por su inversión forzosa del 3,75% anual. Cantidad que podría aumentar si lo hace este coste en los presupuestos durante los próximos ejercicios, teniendo en cuenta el alza de tipos de interés. Lo mismo podría ocurrir con bancos y eléctricas, especialmente en el primer caso, después del análisis del Banco Central Europeo (BCE) y ante la falta de paraguas europeo.

El plazo de cinco años es el que consideran los abogados consultados que se puede demorar el proceso de demandas y recursos. La Comunidad de Madrid ya ha anunciado que acudirá al Constitucional, aunque entre los fiscalistas hay pocas esperanzas de que se decida una suspensión del impuesto. En paralelo, los asesores de los grandes patrimonios, descartando de forma mayoritaria la opción de abandonar el país pese a las consultas y tentaciones de muchas fortunas, están vendiendo el proceso como la inversión en un bono del Estado.

En concreto, dado que la Agencia Tributaria quiere que en junio se abone el impuesto de solidaridad a las grandes fortunas, a partir de tres millones de euros, sobre el ejercicio actual, la recomendación es que paguen. Y, acto seguido, presenten un recurso ante los tribunales económico-administrativos de Hacienda para iniciar el proceso litigioso en el que argumenten que es un impuesto indebido por posible inconstitucionalidad, dado que se grava dos veces un mismo hecho imponible al superponerse sobre el Impuesto al Patrimonio.

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De hecho, Hacienda planea copiar las exenciones y el método de estimación de la base imponible de Patrimonio, con deducción de la cuota autonómica de este impuesto en el nuevo tributo estatal para que no se pague dos veces. Aun así, habría dos impuestos sobre el mismo hecho imponible. Y cuanto más copie, más argumento dará a los abogados, que también van a utilizar como argumento el Libro Blanco del comité de expertos que designó hace un año Hacienda para proponer reformas del sistema tributario. El documento señaló que la opción de un nuevo impuesto es la que tiene la mayor "complejidad técnica", ya que "supondría una profunda modificación de nuestro ordenamiento".

Hacienda estima una recaudación de 3.000 millones en dos ejercicios, puesto que la idea es que sea un impuesto temporal, procedente de 23.000 contribuyentes. La mayoría trabaja con asesores fiscales, y hay cierto consenso entre ellos en que van a litigar. Tras acudir a los tribunales económico-administrativos, esperarán un año para pasar a la Justicia por silencio administrativo. Ahí, según la cuantía, acudirán a la Audiencia Nacional o al Supremo. Es probable que se derive al Constitucional.

De cualquier manera, estiman cinco años de proceso, como ocurre en otras ocasiones. Siendo así, y asumiendo como correcta la estimación de recaudación de 3.000 millones en dos únicos ejercicios (no se prorrogaría el impuesto), así como que no aumenten los intereses de demora, hay riesgo de pagar 506 millones por este concepto a las grandes fortunas, además de devolver los citados 3.000 millones. Para evitarlo, y dado que no hay voluntad política de dar marcha atrás, la Dirección General de Tributos debe hilar fino con el diseño del impuesto.

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El tributo se aprobará sobre un ejercicio vigente, como el de los bancos y eléctricas, algo para lo que no hay precedentes. El impuesto de solidaridad se incluirá como enmienda, como con la limitación al 50% de compensación de pérdidas en los grupos empresariales, en la proposición de ley para el establecimiento de gravámenes energético y de entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito, para la que se ha ampliado el periodo de enmiendas hasta el 10 de noviembre, con lo que aún no hay texto encima de la mesa.

Los bancos, por su parte, aún no tienen definida una postura clara sobre si recurrirán un impuesto que planea gravar en un 4,8% los ingresos por márgenes de intereses y comisiones. Hacienda estima una recaudación de 3.000 millones. Por ahora, solo el todavía consejero delegado de Banco Santander, José Antonio Álvarez, deslizó el 4 de octubre que podría recurrirse. De la misma forma que en el anterior caso, si la banca litiga por el nuevo impuesto y gana, el Estado podría tener que devolver la cuantía y abonar más de 500 millones de euros en intereses de demora.

En este caso, el Gobierno de Sánchez no cuenta con apoyo europeo. De hecho, el BCE se ha posicionado en contra en un análisis firmado por la presidenta, Christine Lagarde, en el que asegura que se reducirá el crédito y que los bancos deberán trasladar el coste al cliente o, al menos, tenerlo en cuenta en la fijación de precios. Esto es, en el interés de las hipotecas, los préstamos al consumo o los créditos a las empresas, además de en las comisiones.

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Por otro lado, el Ejecutivo también ultima un impuesto a las eléctricas y las gasistas con el que quiere recaudar otros 4.000 millones en dos años. Lo mismo que en los anteriores casos, podría haber una cuantiosa cifra de intereses de demora a abonar si las empresas recurren y ganan, como ya ha amenazado el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán. Sin embargo, en este caso no solo no cuentan con un veredicto potente para su argumento como el del BCE, sino que Bruselas ha abogado por un tributo similar por las mismas razones, gravar el exceso de beneficio producido por el shock energético de los últimos meses.