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Hacienda afronta un vía crucis operativo en su ofensiva fiscal contra fortunas y empresas
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LOS FISCALISTAS ESPERAN FALLOS

Hacienda afronta un vía crucis operativo en su ofensiva fiscal contra fortunas y empresas

El Gobierno quiere que entren en vigor los nuevos impuestos y cambios en Sociedades el 1 de enero. Para ello necesita acelerar y evitar agujeros que impliquen recursos

Foto: La ministra de Hacienda, María Jesús Montero. (EFE/Moya)
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero. (EFE/Moya)
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"Estamos todos a la espera de ver el texto para ver opciones de recurrir algunos impuestos", asegura un asesor fiscal, haciendo referencia a los riesgos a los que se enfrenta Hacienda para imponer sus nuevas medidas tributarias. El Gobierno de Pedro Sánchez, con la ministra María Jesús Montero como punta de lanza, ha lanzado una ofensiva fiscal para encarar el tramo final de legislatura. El Ejecutivo quiere conseguir un alza con la recaudación que permita sufragar el aumento histórico de los ingresos, principalmente por las pensiones. Pero no tiene cerrada la nueva imposición a bancos, eléctricas, grandes fortunas o la limitación de compensación de pérdidas en grupos empresariales.

El Ejecutivo lanzó primero, adelantándose a Bruselas, una propuesta de impuesto a eléctricas y bancos para gravar los beneficios extraordinarios que obtienen en esta crisis con las subidas de los precios de la luz y del euríbor. Hacienda espera recaudar 7.000 millones en dos años por esta vía. Y la siguiente, atajando la guerra fiscal autonómica iniciada por Andalucía, ha sido un paquete de medidas para recaudar 5.649 millones a través de empresas y grandes patrimonios en dos años.

Foto: La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante el pleno celebrado este miércoles en el Congreso de los Diputados. (EFE/J.J. Guillén)

El primer riesgo al que se enfrenta Hacienda es el plazo. Para que los impuestos, como quiere, sean efectivos el año que viene, deben aprobarse por Ley antes del 31 de diciembre. De hecho, no están en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado, porque como explicó la ministra Montero usando unos caramelos, las últimas medidas fiscales, incluyendo el impuesto a los ricos, son tributos finalistas. Su recaudación va para un gasto específico, que serán medidas implementadas para paliar los efectos de la crisis.

Esta vía es la que permite a Hacienda desarrollar la Ley de forma paralela a los presupuestos. Asimismo, ha optado por la figura de la Proposición de Ley, algo poco común para desarrollar nuevos impuestos. Esto implica que la iniciativa parte de un grupo parlamentario y no desde el Gobierno, y se ahorra trámites como la consulta en audiencia pública y la opinión de instituciones afectadas, de forma que se acelera el trabajo.

Las prisas son inevitables, ya que la Dirección General de Tributos, que no está sobrada de recursos, no estaba informada previamente y está obligada a trabajar contrarreloj para crear los textos legales. Ni antes del anuncio de los impuestos a eléctricas y bancos, ni con el impuesto a la solidaridad para patrimonios superiores a los tres millones de euros, o de la limitación del 50% para compensar pérdidas dentro de un grupo empresarial.

Foto: El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, junto a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. (EFE/Ballesteros)

Sin embargo, tanto Tributos como el Gobierno a la hora de defender la Ley en el Congreso (aunque la presente el grupo parlamentario socialista) deben hilar fino por las amenazas que se ciernen sobre su ofensiva fiscal. No hay consenso entre los fiscalistas y juristas sobre si se podrán recurrir las nuevas figuras, pero sí en que se va a intentar.

Así, entre los riesgos que afronta Hacienda, además de los propios tiempos, está la posibilidad de que algunas medidas acaben en el Constitucional. La Comunidad de Madrid reaccionó inmediatamente al anuncio de crear un impuesto a las grandes fortunas. Los ricos madrileños, hasta ahora exentos por la bonificación del 100%, pasarán a tributar si tienen más de tres millones. También los andaluces, para los que la Junta había prometido la misma bonificación a partir de 2023.

Se ha generado mucho ruido por este impuesto que, según el Gobierno, afectará a 23.000 contribuyentes, el 0,1% del total. En un evento reciente, un fiscalista bromeaba sobre que "España debe ser el mejor país del mundo, porque mucha gente se preocupa cuando tocan impuestos a los millonarios". En cualquier caso, se trata de un impuesto controvertido jurídicamente.

El Impuesto al Patrimonio es estatal, pero cedido a las comunidades autónomas. Y esto implica la cesión de la recaudación, la cesión de la capacidad normativa en algunos aspectos como exenciones, gravamen, deducciones o bonificaciones, y la cesión de competencia en gestión e inspección. Lo que quiere hacer el Gobierno es solapar un nuevo impuesto que, según los trabajos que lleva a cabo Hacienda, será igual que el del Patrimonio en cuanto a exenciones.

Foto: La ministra de Hacienda, María Jesús Montero. (EFE/Juan Carlos Hidalgo)

Aunque se podrá deducir la cuota de Patrimonio para evitar que se tribute dos veces, algunos fiscalistas ponen el acento en que es recurrible por haber dos impuestos para el mismo hecho imponible y porque se invaden competencias. "Son dos impuestos por el mismo hecho imponible. Además, se invaden competencias, porque es un impuesto cedido a las comunidades autónomas. Con los datos que tenemos, lo veo muy problemático jurídicamente. Probablemente, acabe en el Constitucional", avisó Stella Raventós, presidenta de la asociación de fiscalistas Aedaf.

No es el único riesgo. La limitación al 50% en la compensación de pérdidas en grupos empresariales, que afectará a las grandes compañías, pretende recaudar 2.439 millones entre 2023 y 2024 de 3.609 empresas, el 0,2% de las que declaran por Sociedades. Tendrá también un carácter temporal, según Hacienda. "Es una salvajada", dice un fiscalista que suele trabajar con empresas y que confirma que analizarán posibles recursos por considerarse abusivo, aunque los fiscalistas creen que hay menos opciones para impugnar la medida que en la anterior.

La propia figura de la Proposición de Ley no es la habitual para desarrollar impuestos, y esta es otra vía que aguardan los fiscalistas. Ya hay un precedente de que una medida aprobada por real decreto ley, por urgencias, y para ahorrar trámites se consideró 'a posteriori' anticonstitucional, como ocurrió con la regulación de los pagos fraccionados. Si bien en este caso, si no se usa la figura del real decreto para meter prisa, la mayoría de expertos consultados creen que es un escollo que salvará Hacienda.

Foto: Foto: EC Diseño.

En cuanto a los bancos y eléctricas, ambos 'lobbies' trabajan en poder recurrirlo. El argumento es que ya pagan Sociedades, y podría haber una doble imposición. No hay demasiadas esperanzas en estas empresas y las entidades financieras, aunque por ejemplo la AEB y la CECA, patronales de los bancos, están analizando como meter mano a la propuesta de Moncloa.

Entrando más al detalle para casos concretos, hay fiscalistas que creen que se podrán recurrir declaraciones del Impuesto de Solidaridad por ser confiscatorio, ya que hay muchos patrimonios en Madrid sin estructuras optimizadas para su tributación, como es habitual en otras regiones a través de exenciones como la empresa familiar o sociedades familiares de capital riesgo, y el escudo fiscal, que es la máxima tributación conjunta del 60% de las rentas a través de las sumas de IRPF y Patrimonio. Pero este punto tiene el límite de que no se puede aminorar la cuota en más del 80%. Un gran patrimonio sin apenas rentas ni posibilidades de acogerse a exenciones, según dos fiscalistas, podría impugnar el impuesto por confiscatorio.

En la parte de rentas del capital, el Gobierno quiere subir el tipo desde el 26% al 27% cuando están entre 200.000 euros y 300.000 euros y al 28% a partir de este umbral. Esto genera una diferencia abultada entre la tributación de los extranjeros, que es al 19%, y los residentes. Fiscalistas consultados creen que Hacienda equiparará ambos gravámenes, porque si no hay riesgo de que sea anticonstitucional.

Foto: Pedro Sánchez en una imagen de este jueves en Praga. (EFE/Divisek)

Por último, está el riesgo político para el Gobierno o, al menos, para la supervivencia de estos impuestos. Existe la opción de que algunas comunidades autónomas torpedeen estos tributos a través de los tramos de IRPF. También existe la posibilidad de que haya un cambio de Ejecutivo en Moncloa y, rápidamente, tumbe estos impuestos. Si bien algunos fiscalistas creen que si las elecciones generales son en otoño, sería difícil llegar a tiempo para tumbarlos a tiempo para que no se tribute dos años seguidos.

"Estamos todos a la espera de ver el texto para ver opciones de recurrir algunos impuestos", asegura un asesor fiscal, haciendo referencia a los riesgos a los que se enfrenta Hacienda para imponer sus nuevas medidas tributarias. El Gobierno de Pedro Sánchez, con la ministra María Jesús Montero como punta de lanza, ha lanzado una ofensiva fiscal para encarar el tramo final de legislatura. El Ejecutivo quiere conseguir un alza con la recaudación que permita sufragar el aumento histórico de los ingresos, principalmente por las pensiones. Pero no tiene cerrada la nueva imposición a bancos, eléctricas, grandes fortunas o la limitación de compensación de pérdidas en grupos empresariales.

El Ejecutivo lanzó primero, adelantándose a Bruselas, una propuesta de impuesto a eléctricas y bancos para gravar los beneficios extraordinarios que obtienen en esta crisis con las subidas de los precios de la luz y del euríbor. Hacienda espera recaudar 7.000 millones en dos años por esta vía. Y la siguiente, atajando la guerra fiscal autonómica iniciada por Andalucía, ha sido un paquete de medidas para recaudar 5.649 millones a través de empresas y grandes patrimonios en dos años.

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