Hacienda se juega al menos 161 M en el Supremo contra 'hedge funds' europeos

El Supremo cerrará uno de los frentes de Hacienda contra inversores internacionales por el derecho a la devolución de impuestos por dividendos. El alto tribunal ha admitido dos recursos de casación en los que estima que hay pleitos en marcha por valor de 161 millones, aunque el agujero podría ser mayor si decide en favor de los ‘hedge funds’ al atraer nuevas reclamaciones.

Hacienda ha evitado durante años otorgar a inversores institucionales extranjeros el mismo trato fiscal que a los españoles. Los fondos de inversión locales sufren retenciones por los dividendos, pero luego tienen el derecho de solicitar a la Agencia Tributaria su devolución (tributan el 1% del beneficio), posibilidad que Hacienda ha negado durante años a inversores extranjeros, pero diferentes fallos han obligado a cambiar de postura.

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Fondos UCIT (normativa comunitaria) europeos, fondos soberanos, fondos de inversión estadounidense o de pensiones de Canadá han ganado batallas legales a Hacienda, terminando en el Supremo. El Gobierno calculó que la devolución total alcanzará los 600 millones, mientras que el Tribunal de Cuentas apuntó a los 1.000 millones.

Pero hay otro frente que no se ha cerrado, y que puede añadir cientos de millones al agujero. Se trata de las reclamaciones de ‘hedge funds’ europeos. Esto es, fondos que no tienen formato UCIT, por ser ilíquidos y no cumplir con los requisitos de la normativa. Pero que para su defensa usan el argumento de que son comunitarios, y que no aceptar el mismo trato fiscal que tienen los fondos españoles supondría atentar contra la libre circulación de capitales en Europa y, además, les dejaría en peor situación que a vehículos de inversión no europeos que, después de ganar a Hacienda en el Supremo, sí gozan de esta exención.

El Tribunal Supremo decidirá sobre esta batalla tras admitir dos recursos de casación, en fallos a los que ha tenido acceso este medio. Se espera que la decisión llegue en los próximos meses, probablemente a finales de año. El propio Supremo indica la importancia del caso al señalar que la futura sentencia afectará a “un gran número de situaciones”. En concreto, apunta que a finales de septiembre, según datos de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes de la AEAT, había 8.215 solicitudes de devolución recurridas en vía económico-administrativa, cuya cuantía se acerca a los 54 millones de euros, mientras que en vía contencioso-administrativa en la Audiencia Nacional hay otras 11.490 solicitudes, por 107 millones.

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Es decir, en reclamaciones abiertas, Hacienda se juega 161 millones. No obstante, fuentes jurídicas coinciden en que hay muchos más ‘hedge funds’ y fondos de inversión alternativa (equiparables a los fondos de inversión libre, FIL, en la normativa española) pendientes de cómo acaba este frente en el Supremo para animarse a reclamar, con lo que la potencial factura para la Agencia Tributaria podría crecer en los próximos meses si el alto tribunal mantiene la misma doctrina que ha seguido con otros inversores institucionales.

Los dos recursos de casación admitidos este mes por el Supremo proceden de fallos opuestos en instancias diferentes. Uno de los recursos lo presentó la Abogacía del Estado después de que, como publicó este medio, la Audiencia Nacional fallara en 2021 a favor de un grupo de 55 ‘hedge funds’ de tres gestoras alemanas, que asesoradas por Cuatrecasas reclaman 7,7 millones. La Audiencia Nacional aseguró que estos fondos superaron el análisis de comparabilidad con homólogos españoles y que en todo caso el Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) no exigió requisitos o documentación adicionales para negar, como hizo, la devolución de las retenciones.

El otro recurso de casación que ha admitido el Supremo es de un ‘hedge fund’ francés, FCP Villiers Taux Candriam. El litigio procede aquí del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que el año pasado dio la razón a Hacienda y negó el derecho a la recuperación de las retenciones por dividendo al fondo francés, que había usado en su argumentación la libre circulación de capitales y sentencias previas del Tribunal de Justicia Europeo (TJUE) en favor de otros inversores institucionales. De hecho, este caso podría acabar en el TJUE si el Supremo cambia de postura respecto a pleitos anteriores y se posiciona en favor de Hacienda.